El derecho a la salud ...un privilegio hoy... ¿Un lujo mañana?

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Médicos del Mundo Francia (MDM-Francia), preocupados por el proceso de privatización que se está implementando en El Salvador, organizaron, en julio de 2003, una misión internacional de investigación acerca de la situación del derecho a la salud y sobre los efectos de la mencionada privatización de este sector. Esta misión fue posible gracias al apoyo del Centro de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).

En cuanto a la situación actual des derecho a la salud

El informe demuestra que de manera evidente El Salvador no respeta sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la salud.

Los existencia de discriminación en el acceso a la salud, sobre todo con respecto a las mujeres y a las personas padeciendo del VIH/sida, los altos índices de desnutrición, las condiciones insalubres en las que viven un gran número de la población salvadoreña, la inexistencia de una política pública de producción estatal de medicamentos genéricos y el proceso de privatización constituyen una violación al derecho de todo salvadoreño al disfrute del más alto nivel posible de salud

En cuanto al impacto del proceso de privatización sobre el derecho a la salud

La misión se encuentra muy preocupada por el proceso de privatización que el gobierno está implementando en El Salvador, en elo marco de las negociaciones de acuerdos regionales y bilaterales y de las politicas implementadas por el Banco Mondial y la Banca Interamericana de Desarrollo (BID).

Aunque la Constitución salvadoreña garantiza que la salud debe ser un « bien publico », los testimonios y datos recopilados por la misión parecen indicar que las reformas previstas tendrían un impacto claramente negativo en el sistema de protección del derecho a la salud en este país, ya de por si en un estado crítico.

La misión considera que la privatización de los servicios de salud en El Salvador tendría graves consecuencias tanto para los trabajadores de este sector como para sus beneficiarios.

La aplicación de las reformas previstas, supondrían la pérdida de derechos de más de un millón de asegurados al Instituto del Seguro Social (ISSS). Los trabajadores del sector salud se verían doblemente afectados, en tanto que asegurados a lSSS y en tanto que empleados de esta institución.

El desmantelamiento del sistema público de salud supondría la exclusión del beneficio de este derecho de la mayoría de salvadoreños, que no cuentan con los recursos económicos necesarios para pagar este servicio.

El informe resalta la falta de consultas de la población afectada por las reformas, mientras el principio de participación es un principio general des derecho internacional de los derechos humanos y mientras solo la participación activa y consciente del pueblo salvadoreño podría garantizar la eficacia de toda reforma del sistema de salud.

Esta misión concluye de manera general no se respeta el derecho humano al disfrute del más alto nivel posible de salud en el Salvador, a pesar de que el Estado cuenta con las riquezas necesarias para poder lograr un mayor desarrollo de este sector.

Con respecto a lo establecido, el informe comprende un cierto numero de recomendaciones, dirigidas tanto a las autoridades salvadoreñas como a las instituciones financiarias internacionales.

Ante el preocupante estado del derecho a la salud en El Salvador, la misión solicita:

al Estado de El Salvador que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de salud, a favorecer el diálogo e incluir a los sectores de la sociedad civil en cualquier reforma del sector de la salud.
al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo que cumplan los principios del derecho internacional de los derechos humanos en todos los programas que implementen.

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