Paris, 21 de diciembre de 2006 - El 24 de noviembre de 2006, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha publicado sus recomendaciones sobre la aplicación del Pacto en El Salvador, después de su examen el 8 y 9 de noviembre de 2006.
El Capitulo Salvadoreño de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, representado en Ginebra por la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) - miembro de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), ha sometido un informe alternativo al Comité (1), firmado por laFIDH.
La FIDH y la CDHES recuerdan que, a pesar de un importante flujo monetario derivado de los salvadoreños que viven al extranjero y del fin de la guerra civil (2), El Salvador sigue siendo unos de los países más pobres de América Latina. La pobreza afecta 43% de la población salvadoreña con 19% en estado de pobreza absoluta, según las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2003. Además, las diferencias sociales y económicas en El Salvador son muy grandes: entre 1992 y 2003 (3) la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha ampliado 25 veces. De esta forma, la FIDH y la CDHES comparten la preocupación expresada por el Comité DESC al manifestar que "deplora la gran desigualdad en la distribución de la riqueza en El Salvador y que la polarización entre ricos y pobres tiende a acrecentarse". La FIDH y la CDHES recuerdan que según los términos del Pacto, El Salvador, que ratificó el Pacto en 1979, tiene el compromiso legal de respetar y realizar los derechos protegidos por el Pacto, sin ninguna discriminación de raza, sexo, idioma o religión, ni de origen nacional o social, ni por su posición económica, etc.
En relación con el derecho al trabajo (4), esta pobreza se manifiesta por más autoempleo, más subempleo y más empleo informal. Según el Comité DESC, "la magnitud de trabajo en el sector informal sigue siendo alarmante". La FIDH y la CDHES apoyan la conclusión del Comité, que el Gobierno, en su rol de orientador de las políticas públicas, debe potenciar el desarrollo de todos los sectores y actores a través de un plan de empleo nacional.
Durante los últimos 13 años, El Salvador ha hecho avances significativos en los indicadores de educación. Sin embargo, debe dejarse claro que los indicadores de matrícula neta en la primaria y el de alfabetismo se encuentran aún en niveles por debajo de los del grupo de países con ingresos similares a El Salvador.
En relación con el derecho a la salud, la FIDH y la CDHES han expresado su preocupación por el proceso de privatización del sector salud en El Salvador (5), y se aúna a la preocupación expresada por el Comité por la eliminación del principio de solidaridad del sistema de redistribución, constatando nuevamente que en El Salvador actualmente, la salud es "un privilegio y un lujo"(6).
Igualmente los "efectos negativos derivados de la implementación del Tratado de Libre Comercio", que destaca el Comité - como la saturación del país con productos agrícolas subvencionados sumados a la ausencia de plan nacional sobre el uso de las remesas, ayudan a que la mayoría del ingreso de las remesas sea gastado para el consumo de productos de origen exterior y a que la producción nacional siga siendo muy baja.
La violencia cotidiana y la respuesta estatal amenazan la realización de los DESC de una grande parte de la población salvadoreña. Acerca de este fenómeno social el Comité constata que la delincuencia no está descendiendo a niveles "aceptables". Por el contrario, todo indica que la criminalidad sigue una tendencia ascendente prácticamente imparable.
La FIDH y la CDHES exhortan al gobierno de El Salvador a implementar todas las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y le pide en particular de:
realizar progresivamente los derechos a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, etc.
respetar todas sus obligaciones de derechos humanos en el cuadro de negociaciones internacionales sobre el comercio o la inversión extranjera
revisar los tratados de libre comercio que El Salvador haya ratificado y denunciar aquellas cláusulas que afectan el derecho al trabajo, al acceso a medicamentos genéricos, etc.
establecer una reforma tributaria que garantice la distribución de la riqueza en El Salvador y que los que más ingresos y bienes tengan paguen los impuestos necesarios para tal fin ;
establecer garantías para que las maquiladoras respeten los derechos laborales, en particular el derecho de sindicalización de sus empleados(as) y para que en caso de cierre de las empresas indemnicen a sus trabajadores.
garantizar el estado de derecho, superar la impunidad del pasado y del presente, como condición sine quanon para la realización de los derechos humanos.
La FIDH y la CDHES seguirán alerta sobre el seguimiento de la implementación por el gobierno salvadoreño de las recomendaciones.
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1 http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3915
2 Según estimaciones del Banco Central, durante 2004 las remesas experimentaron su mayor incremento pues unos $2,540 millones de dólares ingresaron en concepto de ayuda familiar.
3 PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador, 2003.
4 Informe de la FIDH sobre la "Situación de los derechos humanos en las maquilas en América Central", http://www.fidh.org/article.php3?id_article=2792
5 Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) - Médicos del Mundo: El Salvador. Violaciones flagrantes al derecho a la salud. La salud entre servicio público y privatización: un privilegio hoy... ? un lujo mañana. Informe de Misión Internacional de Investigación. No 373/3 - Enero de 2004, página 3.
6 http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3915
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Karine Appy
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