La FIDH está preocupada frente a la situación que se está dando desde el 21 de noviembre del 2016 en Nankints, provincia de Morona Santiago. En agosto del 2016, la comunidad de Nankints, asentada en la parroquia Panantza, fue desalojada de manera violenta de su territorio, concesionado a la empresa China Ecuacorriente (ECSA). Un territorio que esta comunidad indígena considera ancestral y legítimamente como suyo. El desalojo forzoso de la comunidad de Nankints fue un episodio más de vulneración de derechos que se suma a las continuas presiones, hostigamientos, amenazas, incursiones policiales, y enjuiciamientos sufridas por esta comunidad a lo largo de esta última década.
Luego, de los acontecimientos violentos del 21, 22 y 23 de noviembre de este año, la FIDH pide a la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que promueva y organice un proceso para la resolución pacífica de este conflicto. La efectividad de este proceso dependerá del marco de respeto a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, que esta institución propicie.
Acogemos con satisfacción la buena disposición de sus oficinas, tal como expresa su llamado del pasado 22 de Noviembre 2016 : “como Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de nuestro mandato constitucional,…,ponemos a disposición de las partes nuestro contingente humano e institucional para restaurar la convivencia pacifica en la localidad. ”, y citando la misma comunicación de “una respuesta adecuada a las demandas que originan el presente contexto de conflictividad”.
La FIDH considera esencial que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada. Conviene subrayar que en este caso, el proceso de concesiones del proyecto minero Panantza-San Carlos, otorgadas por el Estado inicialmente a la empresa transnacional Corriente Resources y que actualmente es de propiedad china, no respetó ninguna de las condiciones previamente enumeradas. En ese sentido también llamamos a todas las partes, a la empresa, al Estado y a las comunidades Shuar a que se sienten alrededor de una mesa de diálogo, para que este conflicto se pueda resolver de forma pacífica.