La Federación internacional de los derechos humanos (FIDH) expresa su extrema preocupación por la violencia ejercida por el gobierno del presidente Alfredo Palacio contra manifestaciones pacíficas de campesinos de la comunidad Patricia Pilar y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) iniciada el pasado miércoles 16 de noviembre en Quito que tiene por objeto protestar contra la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC).
La Comunidad de Patricia Pilar se opone a la construcción de la represa Vinces Baba debido a que su construcción los dejaría sin agua. La población demanda el cumplimiento de sus derechos violados consagrados por la Constitución, principalmente el derecho que tienen las comunidades a ser consultadas. Por esta razón piden la instalación de una mesa de diálogo en la que puedan participar para buscar alternativas que no afecten las condiciones de vida y el medio ambiente de la Patricia Pilar y de las comunidades aledañas.
Ante estas manifestaciones, el Gobierno ha respondido con represión policial y desde el lunes 14 de noviembre la violencia estatal ha ido aumentando, el miércoles 16 y jueves 17 las operaciones incluyeron sobrevuelos de helicópteros y avionetas, también se han utilizado de manera desproporcionada gases lacrimógenos contra la población e incluso se ha entrado a las casas de los pobladores persiguiendo a los dirigentes de la movilización.
De la misma forma, en Quito se han reunido numerosas agrupaciones indígenas de diferentes comunidades que conforman la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para exigir que no se firme el Tratado e Libre Comercio. La marcha comenzó el miércoles 16 de noviembre desde el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en dirección al Congreso Nacional. En ese trayecto fue violentamente reprimida por la Policía, también con la utilización de gases lacrimógenos y agua contra los indígenas, entre los que se encontraban ancianos, mujeres y niños.
Estas dos represiones han dejado como resultado varias personas asfixiadas por la utilización de los gases, incluyendo dos niños.
La FIDH se encuentra extremadamente preocupada por los métodos violentos y la actitud represiva del gobierno ante las manifestaciones pacíficas de la población y la falta de voluntad del Presidente Alfredo Palacio de emplear el diálogo ante los reclamos de las comunidades afectadas. Si bien el Presidente dispuso en comunicado del día jueves 17 de octubre al Comandante General de la Policía, General José Vinueza, de "brindar absolutamente todas las garantías de seguridad al Congreso Nacional" y valoramos de que haya establecido que "Los grupos sociales o representantes de los indígenas pueden realizar manifestaciones siempre y cuando no alteren el orden público. La disposición enfática del Jefe de Estado a la Policía es de que: " No exista ningún tipo de represión". Este tipo de respuesta es insuficiente, debe haber una interlocución adecuada con los representantes de las comunidades y facilitarse mecanismos de concertación para resolver las demandas sociales.
La FIDH recuerda que la represión política y social es incompatible con los principios fundamentales que rigen una democracia y en contradicción con las disposiciones, tanto internas a estos países, como internacionales que garantizan la libertad de expresión y de manifestación.
La FIDH acoge con expectativa la evolución de la manifestación de la CONAIE que continúa en Quito y llama al gobierno de Ecuador a garantizar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación.
Recordamos que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos ratificados por Ecuador, establecen que " no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales".