En este contexto, el Observatorio inicia hoy 21 de diciembre una misión de solidaridad de urgencia para denunciar el proceso de disolución de Acción Ecológica. Se realizará una conferencia de prensa con el fin de denunciar la arbitrariedad y ausencia de fundamento en la apertura del proceso de disolución de Acción Ecológica, así como para esclarecer el contexto más amplio que ha generado la crisis actual en la zona de Morona Santiago con la comunidad Shuar.
El 20 de Diciembre de 2016, el Ministerio del Ambiente, a solicitud del Ministerio del Interior, notificó a Acción Ecológica la apertura del procedimiento administrativo de disolución en su contra considerando que la “organización, a través de publicaciones en redes sociales ha manifestado su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad Shuar, realizando afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivita (....) promoviendo la movilización social y el respaldo a dichos enfrentamientos, y en consecuencia, generando en la sociedad ecuatoriana grave afectación y conmoción social”.
“Esta decisión es arbitraria, no tiene fundamento y constituye un claro acto de represalia al apoyo brindado por Acción Ecológica a las comunidades afectadas por empresas extractivas, en particular los indígenas Shuar. La disolución de esta organización es una instrumentalización del derecho que constituye una amenaza seria contra la libertad de asociación. Reiteramos nuestra solidaridad con Acción Ecológica” denunciaron nuestras organizaciones.
Las autoridades en Ecuador han desarrollado una tendencia preocupante de criminalización de las personas que denuncian las violaciones de derechos cometidos por las industrias extractivas, en particular dirigida a la comunidad Shuar. Acción Ecológica ha participado activamente en la documentación de la criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador [1] . Las actividades mineras de las empresas EXSA, ECUACORRIENTE, EXPLOCOBRES, y CORRIENTE RESOURCES han llevado a la degradación del medio ambiente y a violaciones de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas que allí habitan. La ausencia de diálogo entre las partes ha derivado en incidentes violentos. Tanto el Observatorio como las organizaciones miembro de la FIDH en Ecuador rechazan la utilización de la violencia, y reiteran el llamado al gobierno y a las partes a buscar una solución pacífica al conflicto [2].
Este procedimiento de disolución se funda en el Decreto 739 emitido por el presidente Rafael Correa, el cual contiene numerosos artículos que implican medidas de control y limitación de las actividades de organizaciones de la sociedad civil. En el año 2009, las autoridades intentaron clausurar esta ONG definitivamente por las mismas razones. Sin embargo éstas fueron aclaradas en aquella ocasión y la clausura no llegó a materializarse.
En este contexto, el Observatorio expresa su preocupación y condena enérgicamente la disolución de Acción Ecológica. Llamamos a las autoridades a poner fin a todo tipo de hostigamiento contra Acción Ecológica y todos los defensores de Derechos Humanos en Ecuador.