Señor presidente,
La FIDH y sus organizaciones miembro en Ecuador, la Cedhu, INREDH y Acción Ecológica, lamentamos que el Estado Ecuatoriano no haya aceptado las recomendaciones dirigidas a derogar toda norma o política que discrimina y criminaliza a las organizaciones de derechos humanos, periodistas y pueblos indígenas como lo son los decretos ejecutivos 16, 739 y 691; así como algunas conductas penales como el delito de "ataque o resistencia" tipificado en el art. 293 del Código Penal. Igualmente, lamentamos su rechazo a la recomendación sobre establecer procedimientos claros para implementar la Consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas.
Nos sorprendemos y lamentamos que el Estado ecuatoriano escude su no aceptación señalando que estas legislaciones ya se encuentran conforme a estándares internacionales, lo que no es cierto.
Actualmente, se encuentra en discusión en el poder legislativo un proyecto de ley que pretende elevar las exactas disposiciones de estos decretos ejecutivos a ley orgánica, sin consultar a sociedad civil ni a los pueblos indígenas, buscando legitimar y legalizar el control excesivo hacia las organizaciones sociales mediante causales abiertas y procedimientos poco claros a la luz de: los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator para la libertad de asociación de Naciones Unidas.
Esperamos que el nuevo Gobierno dé muestras de buena voluntad que lleven no solo a garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, sino también adquiera un real compromiso en implementar de manera efectiva las recomendaciones aceptadas por el Estado.
Gracias por su atención,