Considerando que:
La reciente represión del movimiento social se enmarca en un discurso oficial autoritario, en prácticas clientelares, en falta de transparencia y de eficiencia en la gestión gubernamental, a lo que se agrega la aparición de brotes de violencia armada, amedrentamiento y la persecución de medios de comunicación, periodistas, y dirigentes sociales como el reciente intento de asesinato el 1 de Febrero de 2004 en la ciudad de Quito del líder indígena Leonidas Iza,
El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina se enmarcan en una estrategia de ocupación del espacio andino amazónico, que junto al Plan Puebla Panamá y otras iniciativas, como los tratados de libre comercio, crearán un corredor que permitirá a Estados Unidos ampliar su mercado y obtener recursos naturales que le son imprescindibles, entre los que se encuentran, además del petróleo, el agua dulce y la biodiversidad.
La brecha entre la pobreza y la concentración de la riqueza en pocas manos se ha incrementado y que más de la mitad de la población ecuatoriana no goza de condiciones dignas de vida y no puede ejercer adecuadamente los derechos económicos sociales y culturales;
El Ecuador ha incorporado en su Constitución Política a los derechos de los pueblos indígenas, en todo lo que se relaciona con su cultura, su territorio y el poder de decisión, en temas relacionados con la exploración y explotación de recursos no renovables.
Y que sin embargo, las actividades extractivas se realizan en los territorios y tierras comunitarias de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y de comunidades campesinas mestizas, sin que se respete su derecho a participar en la toma de decisiones legislativas y administrativas que puedan afectarles social, económica, ambiental y culturalmente, como es el caso del pueblo Quichua amazónico de Sarayaku,
El deterioro del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción de los recursos naturales están íntimamente ligados a las actividades extractivas de los recursos, impulsadas por las corporaciones transnacionales y facilitadas por políticas legislativas y administrativas en el orden interno;
La sociedad ecuatoriana se ve enfrentada a un aumento de la militarización, cuya principal expresión es la aplicación del Plan Colombia y en especial su énfasis en la solución bélica al conflicto colombiano, el combate al narcotráfico, la erradicación del cultivo de las plantaciones de coca a través de fumigaciones que afectan la vida, salud y seguridad alimentaria de las comunidades y pueblos fronterizos.
El ejercicio de la autoridad de la fuerza pública en el cumplimiento de su mandato de brindar seguridad a la ciudadanía, muestra una serie de casos donde la arbitrariedad de las acciones han significado detención arbitraria, malos tratos, incomunicación, tortura constituyéndose flagrantes violaciones a los derechos civiles de la población ecuatoriana en general, criminalizando particularmente a sectores empobrecidos de la sociedad y a grupos que ejercen su derecho constitucional a la libre opción sexual.
El ejercicio de los derechos de las mujeres evidencia discriminación en todos los niveles, particularmente las mujeres indígenas, refugiadas, campesinas y urbano marginales, expresada en altos riesgos a su vida, integridad y tráfico de personas.
RESUELVE:
Condenar toda práctica oficial que viole y atente contra los derechos humanos
Demandar del Gobierno una urgente acción que enmiende estas practicas y de una efectiva protección a Sarayaku y sus habitantes, así como a sus defensores y que cumpla las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto,
Exhortamos al Gobierno del Ecuador a priorizar políticas de bienestar y de seguridad humana integral que tenga como sustento el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales
Exhortamos al Gobierno del Ecuador para que garantice la plena participación de los pueblos en la toma de decisiones que afectan su sobrevivencia y futuro.
Exhortamos al Gobierno del Ecuador para que cumpla con las resoluciones judiciales nacionales e internacionales que protejan los derechos humanos.
Pedimos al gobierno ecuatoriano reconocer que los efectos de una solución militar al conflicto colombiano afecta la estabilidad regional y democrática en el área andina y aumento los riesgos de una crisis humanitaria.
Exhortamos para que el gobierno del Ecuador solicite la suspensión de las fumigaciones en los departamentos fronterizos colombo - ecuatorianos, por ser nocivos a la salud humana, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente.
Demandamos el irrestricto respeto de los derechos civiles y políticos de la población ecuatoriana y la sanción a los responsables de violaciones a los derechos humanos, así como la reparación integral a las víctimas y sus familiares
Instamos al gobierno del Ecuador ejecutar políticas concretas, tendientes a disminuir la brecha de jure y de facto, en el campo de los derechos de las mujeres, a través del reconocimiento de las particularidades de género al momento de dictar medidas y políticas, sociales y económicas, a brindar especial atención a las mujeres cuyas condiciones las coloca en situación de mayor vulnerabilidad.
Insistimos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos a favor de los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de los refugiados, de los migrantes, comunidades GLBT, entre otros, a través de instrumentos internacionales así como el acatamiento de las observaciones realizadas, sobre este tema, por los organismos internacionales especializados.
Delegar a las Organizaciones del Ecuador, parte de la FIDH (CDES, INREDH y CEDHU), den seguimiento permanente a las acciones que en este sentido se den en el país.
Hecho en Quito, el 8 de marzo de 2004