El pasado martes 18 de octubre en Río Grande, alrededor de 250 efectivos policiales arremetieron con gases lacrimógenos contra 200 personas, incluyendo mujeres embarazadas, niños y ancianos, que se encontraban realizando una concentración pacífica con el objetivo de impedir el desalojo del predio de 32 hectáreas tras su declaración de utilidad pública para la realización del Proyecto Propósito Múltiple Chone (PPMCH). En la mañana del 21 de octubre de 2011, efectivos policiales nuevamente reprimieron a los pobladores, disparando con balas de goma.
Producto de la represión resultaron heridos los Sres. Javier Manzaba Manzaba y Eduardo Cedeño. Durante la incursión, la policía también procedió a la detención de Carlos Alberto Espinoza Loor, Luis Alberto Arteaga Castro, Fausto Lenin Bravo Alcivar, Lider Antonio Manzaba Cuzme y Jean Carlos Moreira Zambrano, quienes fueron llevados a la sede de la Policía Judicial de Bahía de Caráquez, y denunciaron haber sido víctimas de vejaciones y actos de tortura durante el trayecto. De acuerdo a la historia médica, Carlos Espinoza tiene trauma abdominal cerrado y trauma pancreático. En contra de estas cinco personas se emitió una orden de prisón preventiva y se inició una instrucción fiscal por delito de rebelión.
El Proyecto Propósito Múltiple Chone implica la construcción, encargada por la Secretaría General de Agua a la empresa china Tiesijun sin que se haya efectuado una consulta previa de las comunidades afectadas, de la represa de «Río Grande», que inundará unas 5000 hectáreas de suelo fértil y desplazará a más de mil familias, y del desagüadero «San Antonio» que causará serios daños ambientales en la zona.
«Denunciamos y condenamos el uso desproporcionado de la fuerza en contra de una concentración pacífica encaminada a la defensa del derecho a la consulta previa, libre e informada y del derecho a una vivienda adecuada», afirmó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. «De ninguna manera se puede sacrificar los derechos humanos y ambientales en nombre del desarrollo económico», agregó.
Ante la gravedad de los hechos, la FIDH insta a las autoridades ecuatorianas a garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de los pobladores, el derecho a la protesta pacífica, así como a investigar con celeridad la responsabilidad de la fuerza pública en la represión y en los actos de tortura denunciados.
Asimismo, considerando que un acto de protesta pública no constituye delito de rebelión, la FIDH expresa su preocupación por la creciente tendencia a la criminalización y judicialización de la protesta social en Ecuador, en particular en el marco de los megaproyectos de explotación de los recursos naturales, y urge a que se desestimen los cargos en contra de las cinco personas imputadas y a que no se proceda a desalojos ilegales, en la medida en que contravienen los estándares internacionales. Según las declaraciones de las autoridades, conforme avance la obra, éstas continuarán realizando más declaratorias de utilidad pública, permitiendo con ello nuevos desalojos.
Adicionalmente, recordando que el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población está garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, la FIDH insta a las autoridades ecuatorianas a instaurar un mecanismo efectivo de consulta de la población afectada y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, así como urge a que la empresa Tiesijun ejerza su responsabilidad de debida diligencia para evitar causar o contribuir a violaciones de derechos humanos.