La FIDH y sus ligas consideran que el envío de 80 policías y 40 militares para desalojar a los manifestantes que se encontraban bloqueando la carretera de manera pacífica, y desde hacía siete horas, para protestar en contra de la actividad minera de la empresa I’am Gold en Quimsacochas (Tres lagunas), así como el uso posterior de bombas lacrimógenas contra los manifestantes constituyen un uso desproporcionado de la fuerza.
La FIDH y sus ligas condenan los malos tratos de los cuales han sido objeto las 20 personas detenidas tras los enfrentamientos suscitados por la reacción violenta de las fuerzas de seguridad y llaman a que estos malos tratos sean investigados de forma imparcial e independiente, y que se apliquen las sanciones administrativas, civiles y/o penales previstas a los responsables. En vista de la ausencia de cargos en contra de estas 16 personas, la FIDH y sus ligas llaman a que sean liberadas inmediatamente ya que ha transcurrido más de 24 horas de detención que establece la Constitución.
La FIDH y sus ligas reiteran que la solución a los conflictos sociales debe encontrarse por la vía del diálogo y no por el uso excesivo y sistemático de la fuerza. Además, recuerdan que estas detenciones contradicen la decisión reciente de la Asamblea Constituyente de amnisitiar a todas las personas que habían sido enjuiciadas por su participación en manifestaciones públicas, la mayoría de las veces bajo la figura de delitos de terrorismo y sabotaje la cual contradice los derechos protegidos por los instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.
La FIDH y sus ligas recuerdan que la criminalización de la lucha social es una estrategia que no sólo implica el uso de las leyes para detener y perseguir judicialmente a los luchadores sociales, también se manifiesta en otras medidas a través de actos de hostigamiento, persecución, tortura e incluso asesinato a quienes luchan por mejores condiciones de vida. Se llega incluso hasta al extremo de equipararlos como terroristas lo que permite que una gran parte de la sociedad vea el trabajo de defensa de los derechos humanos como fuente del conflicto social.
La FIDH y sus ligas consideran además que las declaraciones del Presidente en la cadena radial del sábado 5 de abril, un discurso confrontativo que puede provocar una profunda crisis e inicios de violencia social interna en las comunidades que protestan por defender el medio ambiente y no contribuye al fortalecimiento de la democracia ni el derecho a ser escuchado de que gozan las personas que por razones sociales se oponen a la extracción minera a gran escala.