Tales datos confirman la posición de la FIDH y la OMCT, que ya habían señalado con anterioridad que el aumento de la inestabilidad y de la violencia en la región andina forman parte de las consecuencias negativas del Plan Colombia. En efecto, el Plan Colombia y el Plan Andino, tal como promovidos y financiados por los Estados Unidos, contribuye a la militarización de la región y a la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, así como al aumento de la violencia y de las violaciones graves de derechos humanos.
El 30 de julio de 2001, la Fundación regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) , el Servicio Paz y Justicia de Ecuador (SERPAJ), el Comité Andino de Servicios y el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, organizaciones comprometidas con los derechos humanos y que denuncian los efectos nefastos del Plan Colombia en la región, recibieron por correo electrónico, serias amenazas dirigidas a varios defensores de los derechos humanos en Ecuador y firmada por la Comandancia Nacional Provisional de la Legión Blanca. En dicho correo se amenaza explicitamente a los siguientes defensores de derechos humanos en Ecuador, ya que se les considera objetivo de "las unidades prácticas operativas" de la Legión Blanca:
– Alexis Ponce, Vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Ecuador (APDH) acusado injustamente de delincuencia y de guerrillero.
– Pablo de la Vega, Coordinador del Centro de documentación en derechos humanos, acusado injustamente de ser narcotraficante y acolitador de subversivos.
– Yanet Yanez, Red de Hermandad y Solidaridad Colombo-Ecuatoriana, acusada injustamente de ser "secretaria de los guerrilleros colombianos".
– Elsie Monje, Presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos humanos (CEDHU), acusada injustamente de delincuencia.
– Johnny Jimenez, Presidente del SERPAJ , acusado injustamente de delincuencia.
– Inés Espinosa, Secretaria Ejecutiva del Frente Ecuatoriano de derechos humanos (FEDHU) , acusado injustamente de delincuencia.
– Teresa Orrego, Red de Hermandad y Solidaridad Colombo-Ecuatoriana.
Se acusa injustamente a dichas personas de relaciones directas con los " narcoterroristas " colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación nacional (ELN) y de introducir en Ecuador armas desde Colombia con el propósito de desestabilizar la democracia ecuatoriana. La carta profesa amenazas muy serias y anuncia que los defensores nombrados seguirán siendo amenazados por medio del teléfono, " en cualquier momento en sus oficinas, en las residencias, o donde los hayan visto frecuentemente con sus amigos y queridos familiares ". También declara que tendrán " contados sus días y vigilados sus actos " y que otros nombres serán dados a conocer.
La FIDH y la OMCT acogen con extrema preocupación la manera indigna e injusta en que los miembros de la Legión Blanca tratan de deslegitimar mediante falsas acusaciones el importante trabajo de estos reconocidos defensores de los derechos humanos y temen por la vida de los defensores de derechos humanos en Ecuador. En efecto, hay un riesgo que la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, objeto de atentados promovidos por grupos paramilitares, se propague por la región andina.
Cabe señalar que corresponde al gobierno equatoriano garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos frente a toda violencia, amenaza, represalia y discriminación, tal y como establece en su artículo 12.2 la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.
El Observatorio se había pronunciado anteriormente frente a los actos de hostigamiento por parte de los funcionarios del Estado ecuatoriano de que ha sido víctima el Sr.Alexis Ponce, quien recientemente tuvo que renunciar a viajar a España. En esta ocasión, el Observatorio vuelve a manifestar su inquietud sobre estas importantes amenazas contra reconocidos defensores de los derechos humanos, que son consecuencia de su compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos.
El observatorio insta por tanto al gobierno de la república de Ecuador a que identifique y sancione a los miembros de la Legión Blanca, para que los defensores de derechos humanos puedan ejercer correctamente sus actividades en la República del Ecuador.