Carta abierta: Seria preocupación de la FIDH frente a la adopción de la nueva Ley Minera adoptada sin consultar a los pueblos indígenas y represión de las manifestaciones

Dr. Rafael Correa, Presidente del Ecuador
Dr. Fernando Bustamante, Ministro de Gobierno
Dr. Derlis Palacios, Ministro de Minas y Petróleos
Dra. Marcela Aguiñaga, Ministra del Ambiente
Dr. Gustavo Jalkh, Ministro de Justicia
Dr. Gustavo Larrea, Ministro de Seguridad Interna y Externa
Dr. Fernando Cordero, Presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización
Dr. Washington Pesantez, Ministro Fiscal General del Estado

Sus Excelencias,

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) desea expresar su preocupación frente a la adopción por la Comisión de Legislación y Fiscalización de la nueva Ley Minera y en relación con la respuesta que se ha dado por parte de las autoridades a la movilización convocada por la CONAIE.

1/ Violación del Convenio N°169 de la OIT sobre pueblos indígenas por falta de consulta y de derechos amparados en la nueva Constitución del Ecuador

La adopción, sin consulta ninguna de los pueblos que podrían verse afectados, de la nueva ley de minería que faculta la intervención de minería abierta, entra en contradicción con la nueva Constitución que fue promovida por su gobierno y que garantiza derechos para los pueblos indígenas y protege el medioambiente. Constituye también una violación al Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Ecuador en 1998, que prescribe « consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente » (art.6§1) como es el caso en el particular ya que esas actividades mineras podrían tener graves consecuencias ambientales, sociales y económicas en las zonas objeto de tales proyectos.

2/ Violación del derecho a la libertad de expresión y a manifestar en forma pacífica

La aprobación de la nueva ley de minería produjo protestas desde principios de enero y el martes 20 de enero, la CONAIE había convocado una movilización nacional para exigir que se respeten los derechos anteriormente mencionados.

Sin embargo, la movilización fue obstaculizada por el fuerte despliegue de elementos de la policía: impidieron la entrada de buses a la capital, y en las zonas en las cuales manifestantes pudieron agruparse en forma pacífica, fueron fuertemente reprimidos.

Así, en la Provincia del Cañar y en el Sector de Pisalqui-Otavalo (entrada a la Provincia de Cotopaxi), los manifestantes fueron reprimidos con bomba lacrimógenas. En otros sectores, varias personas fueron detenidas en forma arbitraria, entre las cuales el reportero Franciso Farinango. Los 10 manifestantes detenidos en las Provincia de Imbabura y de Pichincha fueron puestos en libertad, sin embargo, continúa la instrucción fiscal en su contra por supuesto delito de sabotaje. En la ciudad de Macas, provincia del Azuay, tres personas siguen siendo detenidas con acusaciones de terrorismo organizado y de atentar contra la seguridad del estado en su contra.

La FIDH teme que esta represión esté orientada a desalentar los movimientos de protesta social y la reivindicación de sus derechos por los pueblos indígenas, como fue el caso en Dayuma, Orellana, hace un poco más de un año, donde manifestantes llegaron hasta ser torturados.

Por lo tanto, Sr. Presidente, Sres Ministros, Sr. Presidente de la Comisión de Fiscalización, Sr. Ministro Fiscal General del Estado, la FIDH les urge a que los procesos de sabotaje, terrorismo, seguridad contra el estado, etc, instaurados en forma arbitraria sean inmediatamente archivados ya que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no constituye delito y se está criminalizando la protesta social. La FIDH les urge también a que se suspenda la Ley Minera hasta que se haya debidamente consultado a los pueblos indígenas que podrían verse afectados. La FIDH les hace un llamado a que respeten el derecho fundamental de los pueblos indígenas a ser consultados, el derecho a la libertad de expresión y a manifestar en forma pacífica protegidos por el derecho internacional y regional de los derechos humanos, así como la obligación de respetar al medioambiente, prevista por la nueva Constitución del país.

Confiando en tener una respuesta oportuna de su parte, nos despedimos muy respetuosamente de Ustedes,

Souhayr Belhassen,
Presidenta de la FIDH

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