La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), dentro del marco de su programa conjunto, El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, le escriben para expresar su preocupación sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Cuba.
El Observatorio ha recibido informaciones extremadamente preocupantes sobre la intensificación del clima de represión de los defensores, periodistas y organizaciones de derechos humanos durante los últimos meses en Cuba y en particular desde enero de 2002. Este clima de inseguridad se ha traducido en un gran número de detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios, seguimientos y amenazas.
Leonardo Miguel Bruzón Ávila, Presidente del Movimiento de Derechos Humanos 24 de febrero, fue detenido el 22 de febrero del 2002 y trasladado el 23 de marzo para la cárcel Melena Dos, ubicada en provincia La Habana. Bruzón Avila ya había sido detenido en septiembre 2001, lo que había motivado una comunicación conjunta de la Representante Especial del Secretariado General de la ONU para defensores de los derechos humanos y del Relator Especial sobre libertad de expresión y opinión. La última detención se produjo cuando junto a otros siete activistas protestaba pacíficamente por la agresión de agentes policiales a un periodista independiente, Carlos Alberto Domínguez.
El arresto del periodista se había producido el mismo día cuando éste salía de la iglesia católica el Sagrado Corazón tras participar en la misa, servicio que fue solicitado a favor de los presos políticos cubanos. El reportero cubría la noticia. Carlos Alberto Domínguez, periodista de la agencia Cuba-Verdad, se encuentra preso en la cárcel Valle Grande, en Ciudad La Habana, y la policía política lo acusa de desacato y desorden público.
Una de las manifestaciones más preocupantes de este clima de hostigamientos a los defensores, ocurrió el pasado 4 de marzo del 2002 cuando ocho activistas y dos periodistas independientes fueron arrestados tras haber sido heridos por la policía política de Ciego de Avila. Estaban realizando un acto pacífico en protesta por la golpiza que recibió el periodista independiente Jesús Álvarez Castillo.
Entre las personas detenidas se encontraba Juan Carlos González Leiva, abogado eminente y presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, detenido con otros miembros de dicha organización.
Los presos están en espera de juicio, acusados de delitos entre los que se encuentran el de "propaganda enemiga" (artículo 103 del código penal), que conlleva una pena máxima de quince años de prisión. También podrían estar considerándose otros cargos como "Desacato" (artículo 144) y "Desorden público" (artículos 200-201). Se desconocen tanto la fecha del juicio como los cargos exactos formulados en contra de los presos.
La detención de estas personas se debe exclusivamente a sus peticiones para que se lleven a cabo cambios políticos pacíficos en Cuba. Estas detenciones sancionan la libertad de expresión y de acción, también confirman la ausencia de cualquier espacio de libertad para que los defensores de derechos humanos lleven a cabo sus actividades.
Elizardo Sánchez, Presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, asociación miembro de la FIDH, dialogó con Jimmy Carter durante su visita a Cuba, efectuada del 12 al 17 de Mayo del 2002, para explicarle las limitaciones que sufre la disidencia y estimó a 240 el número de presos políticos.
El Observatorio manifiesta su preocupación por las condiciones graves y el tratamiento deliberadamente severo y degradante que otorgan las autoridades penitenciaras a los presos. Por ejemplo, cabe mencionar el caso de Lazaro Iglesias Estrada, detenido el 4 de marzo del 2002, miembro de la Fundación Cubana de derechos Humanos, encarcelado en la Cerámica Roja. En efecto, su esposa denunció las características de los locales donde confinan a los presos. Dichos presos se encuentran hacinados, muchos de ellos tienen que dormir en el suelo, sin los necesarios servicios de iluminación, ventilación y de agua corriente para el aseo personal. Además los presos de Cerámica Roja apenas pueden ver el sol porque los funcionarios no les permiten salir regularmente.
A la grave situación de inseguridad de los defensores de derechos humanos deben añadírsele las restricciones materiales impuestas por el decreto oficial 383/2001 entrado en vigor en enero 2002. Según este decreto, las ventas de accesorios y piezas de computación que la población podía adquirir en dólares en algunas tiendas cubanas desde mediados del 2001, fueron suspendidas a comienzos de este año. En virtud del decreto,:
’’las computadoras, equipos de impresión, mimeógrafos, fotocopiadoras y otros medios de impresión masiva’’ no podrán continuar vendiéndose a asociaciones, fundaciones e individuos si no cuentan con una autorización especial del Ministerio de Comercio Interior.
Aunque las autoridades insisten en que las limitaciones para el uso masivo de las tecnologías son económicas, dichas medidas demuestran el persistente bloqueo que el gobierno mantiene para impedir la libertad de expresión y de acción de los defensores de derechos humanos.
El Observatorio expresa su preocupación sobre la situación de inseguridad y represión que éstos continúan padeciendo, ya sean miembros de ONG de derechos humanos o periodistas independientes. Todavía más defensores de Cuba corren peligro inminente de ser detenidos a causa de sus actividades pacíficas, mientras defensores que ya están detenidos se enfrentan a la posibilidad de ser condenados a fuertes penas de prisión.
El Observatorio destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2001, denunció ese clima de represión. Según el informe, "En el curso del año 2001 han continuado las limitaciones impuestas por las autoridades cubanas sobre las actividades de las personas que buscan ejercer sus derechos o libertades fundamentales, o denunciar los abusos cometidos por dichas actividades" y que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU llamó también a un mayor respeto a los derechos civiles políticos en Cuba en su resolución adoptada el 19 abril de 2002.
Su Excelencia,
El Observatorio le urge a
i. Ordenar la liberación inmediata e incondicional de todos los defensores y periodistas detenidos arbitrariamente, encarcelados con motivo del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, reunión y de asociación.
ii. Permitir a todos los ciudadanos cubanos, incluidos los periodistas que intentan trabajar fuera de los medios de comunicación controlados por el Estado, formar organizaciones independientes y expresar pacíficamente sus opiniones sin interferencias de las autoridades ; conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular su artículo 19 sobre el derecho de libertad y de expresión y opinión y el artículo 20 en lo referente a la a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
iii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998, en particular los artículos: 1 sobre el derecho a promover los DDHH, el artículo 6 sobre la libertad de expresión y de acción de los defensores, el artículo 12 en su totalidad, que trata del derecho de actuar pacíficamente y de las obligaciones del Estado y el artículo 13 sobre el derecho de las asociaciones de defensa de los derechos humanos a solicitar y recibir recursos.
iv. Finalmente, la FIDH y la OMCT desearían poder mandatar una misión de observadores judiciales a los juicios de las personas que se encuentran actualmente detenidas. A la espera de la realización de las fechas de tales juicios, todavía inciertas en el día de hoy, desearíamos que los encargados de misión pudieran desde ahora mismo visitar Cuba para poder encontrarse con los defensores y periodistas detenidos y entrevistarse con las autoridades implicadas en este caso.Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopte de inmediato las medidas oportunas,
Muy respetuosamente, nos suscribimos ante usted,
Sidiki KABA Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS Director de la OMCT