CONSIDERANDO
• Que la firma del Acuerdo final de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla FARC-EP es una oportunidad histórica para la superación del conflicto armado y las causas que lo han originado como la exclusión política, económica y social, en especial de poblaciones rurales mas afectadas por el conflicto y donde la presencia del Estado en la satisfacción de derechos ha sido precaria.
• Que a pesar de los importantes avances, el panorama político actual pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo Paz, mientras se agrava la violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos y ex combatientes de FARC-EP en proceso de reincorporación y sus familiares.
• Que desde el 24 noviembre del 2016 fecha en que se firmó el Acuerdo de paz a junio de 2019, fueron asesinados 591 lideres sociales y personas defensoras de Derechos humanos, 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación y 35 de sus familiares.1
• Que durante el primer año del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, han sido asesinados por lo menos 212 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 44 integrantes de la FARC en proceso de reincorporación2
• Que los ataques se han presentado contra líderes comunales, personas defensoras de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que defienden sus territorios, que trabajan por la sustitución de cultivos de uso ilícito o por la defensa del ambiente.
• Que en los casos de asesinatos contra mujeres defensoras se ha incrementado la sevicia, así como la presencia de riesgos diferenciados, ataques a sus hijos, las amenazas, la estigmatización, la violencia sexual y los feminicidios y/o de violencia de género como la tortura y la violencia sexual3, mientras que las personas defensoras de la población LGBT enfrentan discursos discriminatorios que las hacen más vulnerables.
• Que diversas organizaciones de derechos humanos han constatado que estos ataques se han concentrado en territorios con alta presencia militar o donde se adelantan actividades extractivas legales e ilegales, acciones ejecutadas principalmente a través de estructuras paramilitares que cuentan con la tolerancia o apoyo de agentes estatales y sectores ligados a grandes proyectos agroindustriales, a la concentración de la tierra que se oponen a la restitución de la tierra y a la reforma rural integral.
• Que las violaciones se producen en un contexto de estigmatización a la labor que desarrollan personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas que viven en zonas rurales caracterizadas por la falta de servicios básicos adecuados, altos niveles de pobreza, economías ligadas a los cultivos de uso ilícito, con presencia de estructuras armadas ilegales y donde la presencia del Estado prioriza la presencia militar.
• Que no hay avances significativos en las investigaciones que permitan esclarecer, investigar y juzgar a los responsables de los homicidios, agresiones y múltiples violencias cometidas contra defensoras y defensores de derechos humanos, lideresas y líderes sociales.
• Que la respuesta del Estado es insuficiente y se limita a impulsar un Plan de Acción Oportuna (PAO) que en lugar de promover la presencia de instituciones civiles en los territorios fortalece las fuerzas militares y debilita instituciones creadas en virtud del Acuerdo de Paz como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad responsable de diseñar la política de desmantelamiento de los grupos paramilitares, principales autores de agresiones contra defensores, así como los decretos de protección colectiva de las comunidades.
• Que la situación se agrava con la estigmatización de la protesta social por parte de altos funcionarios del Gobierno, el tratamiento de guerra a la protesta social mediante la militarización, el uso injustificado y desproporcionado de la fuerza y la negativa a cumplir con el protocolo para garantizar el derecho a la protesta social.
El Congreso de la FIDH, urge al Gobierno colombiano a:
- Construir una política pública de garantías para la defensa de los derechos humanos, partiendo de la necesidad de desmilitarizar la protección y asegurar la intervención estatal para garantizar la labor de defensa de los derechos humanos.
- Hacer efectivas las medidas incluidas en el Acuerdo Final de paz, el programa de protección colectiva para comunidades, las garantías de seguridad, la política pública de desmantelamiento del paramilitarismo a través de la Comisión Nacional de garantías de seguridad, la legislación para el sometimiento a la justicia de estas estructuras con participación de la sociedad civil y la política contra la estigmatización de las personas defensoras.
- Implementar el programa integral de garantías para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.
- Avanzar en el esclarecimiento de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos e integrantes del partido Farc en proceso de reincorporación que incluya la individualización, captura, juzgamiento y condena los autores materiales e intelectuales, y la identificación de los patrones y estructuras detrás de las agresiones.
- Garantizar y respetar la movilización y la protesta social y se profiera una ley estatutaria conforme a los estándares internacionales y con base en las propuestas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil.
- Dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos, especialmente a las proferidas por el Relator sobre Defensores y Defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de Naciones Unidas, Michael Forst.