Reafirmando nuestro total respeto por la independencia de la judicatura en Colombia, consideramos que es fundamental el respeto de las garantías nacionales e internacionales del debido proceso y del derecho a una legítima defensa. En este sentido, queremos de nuevo llamar la atención sobre las numerosas irregularidades denunciadas durante el desarrollo del juicio en contra de David Ravelo.
Según los abogados defensores, estas irregularidades han socavado la defensa de David Ravelo y cuestionan la legitimidad de la condena en su contra. Entre otros hechos, los abogados denuncian la legitimidad del fiscal que dirigió la investigación: fiscal William Pacheco Granados, de la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional Antiterrorismo. El señor Pacheco Granados, quien antes de ser fiscal era teniente de la Policía Nacional en Armenia (Quindío, Colombia), fue investigado por la Procuraduría y posteriormente destituido de su cargo por la misma instancia, debido a su supuesto involucramiento en la desaparición forzada de Guillermo Hurtado Parra, en Armenia, en hechos ocurridos en el año 1991 [1]. Posteriormente, en noviembre de 1993, el señor Pacheco Granados fue condenado a un año de prisión por un Tribunal Superior Militar. Según la legislación colombiana, estos hechos lo descalifican para el ejercicio de cualquier cargo en la Fiscalía. El pasado 23 de abril, se presentó una denuncia penal en su contra, por su responsabilidad en el mismo caso de desaparición forzada. Posteriormente, en julio de este año, el señor William Gildardo Pacheco Granados presentó su renuncia sin embargo, el Fiscal General aún no se ha pronunciado sobre su inhabilitación.
El 4 de septiembre de 2013, el Comité de Derechos Humanos de la Barra de Inglaterra y Gales (BHRC) presentó un escrito de Amicus Curiae [2] en el caso de David Ravelo Crespo, ante el Tribunal Superior de Santander (Colombia). El Amicus fue avalado por el Comité de Derechos Humanos de la Sociedad de Abogados, la Caravana de Juristas, el Instituto Certificado de Ejecutivos Legales (Chartered Institute of Legal Executives) y otros abogados con interés en la situación de los derechos humanos en Colombia. Conforme afirmó Kirsty Brimelow QC, presidenta del BHRC, los problemas encontrados en este caso no sólo tienen impacto sobre David Ravelo, sino también sobre el funcionamiento del debido proceso en Colombia y su adhesión al derecho internacional, cuyo propósito es favorecer la administración de la justicia.
Desde que el señor Ravelo Crespo se encuentra detenido, una diversidad de instancias nacionales e internacionales han llamado la atención sobre su caso y la falta de cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales del debido proceso. En particular, en marzo de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, enviaron un comunicado conjunto al Gobierno colombiano a raíz de la detención de este notable defensor de derechos humanos. En este comunicado, expresaron su preocupación porque «la criminalización del señor Ravelo Crespo se estaría enmarcando en un contexto de aumento de los casos de judicialización contra defensores de derechos humanos en Colombia» [3]. Asimismo, recordamos que en ocasión de la XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se aprobó sin vetos una resolución que insta a los Estados a garantizar una mayor protección de los defensores de derechos humanos y exige sobre todo que se ponga fin al uso y abuso de la legislación nacional para criminalizar sus actividades, limitar su acceso a la financiación extranjera, o limitar la libertad de expresión o reunión.
David Ravelo Crespo es un defensor de derechos humanos internacionalmente reconocido, quien por su labor ha ganado varios premios como el Premio San Pedro Claver de la Diócesis de Barrancabermeja en 2009 y ha sido uno de los seis finalistas del Premio Front Line Defenders 2013 para defensores de derechos humanos [4]. Y también ha sido uno de los postulados al Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia 2013 y, junto a CREDHOS, al Premio de Derechos Humanos 2013 de la ciudad de Weimar (Alemania).
Por todo lo anterior las instituciones aquí firmantes solicitamos:
– Que la comunidad internacional se pronuncie públicamente contra violaciones de los estándares nacionales e internacionales del derecho al debido proceso y legítima defensa. En este sentido, solicitamos también que se preste especial atención y se dé debido seguimiento a los casos de criminalización y hostigamiento judicial contra personas defensoras de derechos humanos sobre todo para garantizar que no se utilicen meramente para sancionar sus actividades de defensa de los derechos humanos.
– Que el Estado colombiano y el Fiscal General de la Nación, tomen todas las medidas necesarias para que se respete la Ley Colombiana. En específico, en este caso, que se tomen las medidas indicadas en la Ley 270/1996, la Ley 938/2004 y en el Decreto 261/2000 sobre “Inhabilidad Especial” según el cual no podrá ser nombrado ni desempeñar cargo en la Fiscalía General de la Nación quien haya sido destituido de cualquier cargo público como ha sido el caso del señor William Gildardo Pacheco Granados.
Firman:
– ABColombia
– Colombia Caravana UK Lawyers Group
– Colombia Solidarity Campaign
– Cooperacció
– Dialogo Inter-Agencial en Colombia - DIAL
– Front Line Defenders
– Iniciativa Solidaria Internacionalista
– Justice for Colombia
– Justicia por Colombia
– Kolko – Derechos Humanos por Colombia
– Law Society of England & Wales Human Rights Committee
– MISEREOR
– Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (Organización Mundial contra la Tortura – OMCT y Federación Internacional para los Derechos Humanos – FIDH)
– Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia – OIDHACO
– Peace Brigades International – PBI – Proyecto Colombia
– Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia
– Protection International
– Solicitors’ International Human Rights Group
– Taula Catalana per la Pau i el Drets Humans a Colòmbia
– United Church of Christ Justice and Witness Ministries
– United Steelworkers – USW
– US Office on Colombia – USOC
– War on Want
– WOLA