Colombia aprueba negociaciones con todos los grupos armados para una ‘paz total’

“Es el inicio para para pasar la página definitivamente, del baño de sangre en que todavía estamos sumidos”, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, luego de que, tras un intenso debate, la Cámara de representantes diera luz verde al proyecto del Gobierno que permite adelantar diálogos con actores armados, al margen de la ley, de toda índole y pelambre. Una de las ruedas sobre las que corre la Paz Total, principal bandera del dúo presidencial Gustavo Petro - Francia Márquez.

“Situación diferenciada”

“Creo que en estos dos meses ya se han visto avances importantes en el nuevo gobierno, y se ha propuesto lo que se ha denominado la ‘paz total’, dado que el acuerdo que se hizo con las FARC desmoviliza 61 frentes, algunos disidentes por supuesto, pero quedan otros grupos insurgentes, como el Ejército de Liberación Nacional [ELN], y por supuesto grupos armados de ultraderecha que son narcoparamilitares”, comenta para RFI Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos en Colombia, del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR, y que acaba de ser elegido vicepresidente para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

“La propuesta de este gobierno es desmovilizarlos, someterlos a la justicia, con una situación diferenciada entre lo que sería las negociaciones con un grupo como el ELN, por sus condiciones de organización política-militar, en términos del delito político de la rebelión, y otra forma de negociación con los grupos de ultraderecha, los narcoparamilitares”, detalla el abogado.

“El proyecto no es de impunidad”

Quienes critican estas negociaciones con los grupos narcoparamilitares dicen que el peligro es que se negocie impunidad. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, ya se había negociado un acuerdo de paz con 30.000 paramilitares, pero el paramilitarismo no se acabó, recuerdan.

“La pregunta es: ¿ante el temor de que ocurra nuevamente, entonces no se hace nada? Por supuesto que seguramente va a ser un proceso con muchas dificultades. Pero la idea es que el país se comprometa en esa finalidad de desmovilización de estos grupos. El proyecto no es de impunidad, definitivamente”, reacciona Villalba.