Del 4 al 6 de febrero de 2009 en Unipa, en el corregimiento de Tortugal, un grupo de guerrilleros de las FARC agrupó 17 indígenas Awá, entre ellos 3 menores de edad, acusándolos de colaboración con las Fuerzas Militares de Colombia. « Los amarraron, los torturaron y asesinaron a algunos con armas blancas » según el testimonio de un joven que logró escapar. El 11 de febrero, en la comunidad de Tangarial, fueron masacrados, probablemente por las FARC también por lo menos 10 indígenas cuando se disponían a desplazarse de su territorio.
La comunidad Awá cuenta con una población de 21,000 habitantes y está localizada en una de las peores zonas de violencia: los distintos grupos armados entran frecuentemente en su territorio para atentar contra sus derechos.
«Reiteramos nuestro llamado a que todos los grupos armados respeten el derecho a la vida. Estas masacres constituyen graves crímenes internacionales», dijo Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. También agregó que la FIDH le había solicitado al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas que efectuara una misión de urgencia a Colombia luego del recrudecimiento de los atentados en contra de las comunidades indígenas por los grupos de guerilla, los militares y los paramilitares. "Hace años que venimos denunciando la situación de gran vulnerabilidad de las comunidades indígenas en Colombia, el mismo Relator de las Naciones Unidas ha denunciado el verdadero etnocidio que se está llevando a cabo en Colombia", concluyó la Presidenta de la FIDH.
El 7 de agosto de 2007 en Bogotá, la comunidad Awá había presentado un informe a la Defensoría del Pueblo, donde denunciaba las violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario contra su comunidad, por parte de todos los actores armados. Un año después la defensoría emitió la Resolución Defensorial número 53 que a la fecha no se ha cumplido.
La FIDH llama al gobierno Colombiano a tomar las medidas necesarias para proteger a las comunidades indígenas y a investigar y sancionar a los responsables de las masacres anteriormente mencionadas.
La FIDH llama igualmente al Fiscal de la CPI a documentar los crímenes perpetrados en contra de los indígenas en Colombia por todos los actores armados en el período de su competencia.