La operación "Colombia Verde" está organizada por el Gobierno para que se erradiquen a mano las plantaciones de coca en el parque natural de la Sierra de la Macarena en lugar de fumigarlas. La FIDH se felicita por esta opción ecológica pero manifiesta su preocupación por la inseguridad general que se presenta en la región debido a que las FARC y los paramilitares utilizan la coca como su principal fuente de recursos. Al anunciar el inicio de la operación, el Gobierno prometió garantizar la seguridad de los campesinos "erradicadores" protegiéndoles con la policía y el ejército y empleando campesinos que no sean habitantes de la región. Pero esas medidas no han sido suficientes, como lo evidencia el ataque hecho por las FARC en el que 7 policías resultaron muertos, lo cual provocó el temor de los campesinos y precipitó su retiro masivo (las dos terceras partes de los 930 campesinos "erradicadores" inicialmente presentes).
Igualmente la FIDH encuentra inadmisible la fuerte presencia paramilitar en la zona aledaña al parque natural, en dónde además de actuar autoritariamente, proclaman hacerlo en acuerdo con el ejército nacional. Desde los primeros días de febrero paramilitares y "civiles" armados obligan a los comerciantes y a los campesinos de Puerto Toledo a reunirse con ellos, controlan la comercialización de los productos, incluyendo la coca, y les prohíben hacer transacciones sin su consentimiento. El 6 de febrero el campesino José Gildaro Parra Osorio fue asesinado por los "civiles" armados quienes además prohibieron a los familiares de la víctima realizar el levantamiento del cuerpo.
Por otro lado, la FIDH condena los abusos cometidos por el ejército, en particular las detenciones arbitrarias del señor Alonso Ortiz, exconcejal de la Unión Patriótica que está en manos de este mismo Batallón desde el 6 de febrero y del menor de edad Dugan Velandia Oliveros (16 años) por las unidades militares del Batallón 53 contra-guerrilla que lo detienen desde el 4 de febrero y que, contrariamente a lo que habían afirmado a un integrante de la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos del Río Quejar, no lo han liberado todavía. También condena el bloqueo que el ejército mantiene al ingreso y salida de los habitantes del caserío la Cafra, municipio de Vista Hermosa.
La FIDH señala al Gobierno colombiano que estos eventos contravienen numerosas obligaciones internacionales de diferentes instrumentos ratificados por Colombia tales como: el derecho a la vida que está protegido de manera absoluta por el artículo 6 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y por el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la prohibición de detención arbitraria (artículo 9 del PIDCP y artículo 7 de la CADH) y el derecho a la libre circulación (artículo 12 §1 del PIDCP y artículo 22 de la CADH).
La FIDH urge al Gobierno de Colombia para que garantice la seguridad de las comunidades del Meta y de los erradicadores que allí trabajan. De esta forma, el gobierno colombiano debe asegurar su presencia en las poblaciones afectadas, investigar y sancionar los abusos cometidos por el ejército nacional. Asimismo debe garantizar que las autoridades del Estado dejen de colaborar con los paramilitares y de ser cómplices de sus crímenes.
La FIDH hace un llamado al Gobierno para que tome las medidas necesarias para que se respete la vida y la integridad personal de la población, su derecho a la libre circulación, y para que se libere al menor Dugan Velandia Oliveros y al señor Alonso Ortiz, detenidos arbitrariamente.
La FIDH exhorta a todas las partes del conflicto a que respeten el derecho internacional humanitario y en particular a cesar todo ataque en que pueda afectarse la población civil y a abstenerse de cualquier otra forma de agresión contra la población civil.