El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
De acuerdo con las informaciones, el sábado 1° de noviembre hacia las 2:30 p.m., el Sr. Jesús Emilio Tuberquia, quien se encontraba en la puerta de un café Internet en el barrio Ortiz de Apartadó, fue víctima de un atentado por parte de paramilitares que, según afirmaciones de la comunidad, son auspiciados por la fuerza pública. La víctima fue abordada por dos hombres de civil, quienes son reconocidos paramilitares en la región, e inmediatamente uno de ellos le apuntó en la cabeza con un arma corta, diciéndole que lo iba a matar. El Sr. Jesús Emilio Tuberquia cogió la mano en la que el paramilitar tenía el arma y lo empujó, logrando así entrar dentro del establecimiento donde se encontraba una persona de la Comunidad de Tamera (comunidad hermana con la Comunidad de Paz ubicada en Portugal) y logró esconderse. Al correr y en medio del forcejeo el Sr. Jesús Emilio Tuberquia dejo caer la maleta en la que llevaba su identificación, su teléfono celular, documentos personales y otros diversos papeles, además de dinero de la comunidad. Los paramilitares buscaron al Sr. Tuberquia y al no encontrarlo, recogieron su maleta y se fueron.
El Observatorio ha sido informado también de que desde hace varios meses tanto el Sr. Jesús Emilio Tuberquia como otros varios miembros de la comunidad de Paz y de las Zonas humanitarias de la región han sido víctimas de diversos actos de hostigamiento, incluso de amenazas de muerte por parte de los paramilitares[2] e incluso de parte de los militares del ejército regular.
El Observatorio manifiesta su serio rechazo e indignación frente a ésta grave agresión en contra del Sr. Jesús Emilio Tuberquia y las amenazas de muerte en contra de los líderes y en general de los miembros de la Comunidad de Paz se San José de Apartadó y urge a las máximas autoridades gubernamentales a que actúen oportunamente y garanticen la seguridad y la integridad personal de esta comunidad y que de la misma manera ordenen que se adelanten las debidas investigaciones con el fin de que todas estas graves violaciones de los derechos humanos contra los defensores no permanezcan impunes y que los autores sean sancionados de acuerdo con la ley.
El Observatorio señala su profunda preocupación frente a éste nuevo ataque contra un defensor de derechos humanos y en particular, líder de una comunidad de paz autóctona.
Contexto y antecedentes de la situación:
De acuerdo con las informaciones, este último ataque contra un líder de la Comunidad de San José de Apartadó confirmaría las denuncias que ha venido manifestando la Comunidad de Paz sobre el control total y el accionar del paramilitarismo que busca el exterminio de la misma comunidad, según las denuncias, bajo el amparo y complicidad de las fuerzas militares. Según las denuncias los paramilitares actúan con total libertad por toda la región de Urabá y habría más de 400 paramilitares que controlan las veredas, sin que las autoridades estatales, gubernamentales ni municipales hagan nada por proteger a las comunidades.
Según las denuncias, el 15 de octubre de 2008, desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m. tres hombres de civil con armas cortas y presentándose como autodefensas o paramilitares, hicieron presencia en la salida de Apartadó hacia San Josesito, en el lugar conocido como Mangolo, lugar donde existe un retén diario de la policía la cual ese día no se encontraba allí. Los paramilitares atemorizaron el sector con amenazas de muerte y distribuyeron panfletos sobre su presencia en la zona, realizando además amenazas de exterminio contra la comunidad.
El mismo día, hacia las 4 p.m., en el sitio conocido como la Balsa miembros del ejército realizaron un retén y le dijeron a la gente que venía transportada en el carro de servicio público "(…) que las autodefensas estaban actuando y que la próxima masacre sería realizada en San Josesito o la Unión, que esa h.p. comunidad ahora si iba a ser exterminada (…)".
Anteriormente, el día 12 de octubre de 2008, cerca de 200 paramilitares que llevaban armas largas, vestidos con camuflado y brazaletes que decían autodefensas de Colombia, hicieron presencia en la Vereda el Porvenir, contigua a la Vereda La Unión y, entre otras, le dijeron a una familia "(…) que venían a controlar la zona, que si no sometían a ellos los asesinaban o se tenían que ir, que esa h.p. Comunidad de Paz era una comunidad guerrillera que había que acabar (…)".
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
1. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Jesús Emilio Tuberquia, de los demás líderes y defensores, de las víctimas de anteriores agresiones, de los habitantes y de los miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó;
2. llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias del intento de asesinato del Sr. Jesús Emilio Tuberquia y a las permanentes amenazas de muerte y actos de hostigamiento contra los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
3. expresar su rechazo y denunciar públicamente estos actos de amenazas y hostigamientos en contra de los defensores de derechos humanos;
velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión y violencia en contra de los defensores de los derechos humanos en Colombia;
4. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art.12.2);
5. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.: + 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co.
Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co, Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91. E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co ; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co ; webmaster@procuraduria.gov.co ; reygon@procuraduria.gov.co ; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra-Paris, 4 de noviembre de 2008
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
[1] La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido víctima, desde hace más de diez años, de centenares de violaciones de los derechos humanos mediante las cuales se ha pretendido atacar su proceso pacífico y disminuir su capacidad de acción. Entre los crímenes cometidos contra la Comunidad se cuentan varias masacres, cerca de 150 homicidios, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, amenazas de muerte, desplazamientos forzados, saqueos y destrucción de bienes pertenecientes a los campesinos que habitan la zona (Ver Informes Anuales del Observatorio años 2003 en adelante). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso, desde el 17 de octubre de 1997, la adopción de medidas cautelares mediante las cuales se conminaba al Estado colombiano a ofrecer las garantías necesarias para evitar la violación de los derechos fundamentales que amparan a los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y que fueran afectados gravemente, como venía sucediendo hasta ese momento.
Posteriormente, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COiDH), en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 de su Reglamento, después de haber consultado a todos los jueces de la Corte, resolvió: (1). Requerir al Estado de la Colombia que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad personal del Sr. Jesús Emilio Tuberquia y de otros numerosos habitantes y miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
[2] Ver Carta abierta al Presidente de la República de Colombia enviada por el Observatorio el 5 de septiembre de 2008 y los Llamados Urgentes COL 016 / 1008 / OBS 167, emitido el 21 de octubre de 2008 y COL 013 / 0808 / OBS 143, emitido el 26 de agosto de 2008.