El Colectivo de Abogados, organización miembro de la FIDH y de la OMCT goza de un merecido prestigio a nivel internacional por sus actividades de defensa de los Derechos Humanos. En efecto, dicha institución posee un estatuto consultivo ante la OEA y ha recibido importantes galardones internacionales, como el premio de Derechos Humanos de la República Francesa, otorgado en 1996 y el premio de la Ciudad de Weimar (Alemania) como reconocimiento al trabajo abnegado que desarrollan en defensa de la vida y en la lucha contra la impunidad, tanto en Colombia como en el seno de la OEA, de la Unión Europea y de la ONU.
El Observatorio ha sido informado de que el martes 21 de mayo del 2002 comenzó a circular un afiche en color en algunas universidades y en la Fiscalía General de la Nación que denunciaba al Colectivo de Abogados por su actuación judicial en el caso sobre el atentado contra el dirigente sindical Wilson Borja (ver informe anual del Observatorio 2000 y 2001). En este comunicado público, se incluye un gran número de falsas acusaciones destinadas a menoscabar la legitimidad y el reconocido prestigio del Colectivo. En efecto, se acusa al Colectivo de Abogados de ser el brazo jurídico del ELN, de mantener relaciones con el narcotráfico, de corromper a los órganos judiciales y de adelantar una campaña internacional de desprestigio de las Fuerzas Armadas y de la imagen del Estado colombiano. Del mismo modo, se llama al inicio de procesos judiciales en contra de dicha institución. Finalmente debe igualmente señalarse que el comunicado invita a solidarizarse con el mayor Cesar Alonso Maldonado Vidales y de hacer un reconocimiento público de su inocencia. Tales señalamientos exponen seriamente las vidas de los integrantes del Colectivo, en un contexto tan preocupante como el de Colombia, donde en 2001 fueron asesinados al menos 9 miembros de ONG de Derechos Humanos y 164 sindicalistas.
Este afiche debe entenderse dentro de todo un contexto de amenazas, hostigamientos, señalamientos y agresiones a esta organización de defensa de los DDHH. Entre los últimos hechos, debe señalarse la apertura del proceso N° 1209 en la Unidad Nacional de DDHH. En el marco de esta investigación aparece el 17 de abril de 2002, el informe de inteligencia N° 01579, donde se acusa al Colectivo de Abogados de pertenecer a las FARC (Ver más detalles en informe adjunto).
El Observatorio ha sido igualmente informado de la existencia de un informe del Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía en el que se dan ordenes de ejecutar a varias personas, entre los que se encuentran miembros de Minga, fiscales de la Unidad de derechos humanos de la fiscalía, miembros del CTI, y los miembros del Colectivo de Abogados : Luis Guillermo Pérez Casas y Alirio Uribe.
Los miembros del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" han recibido importantes amenazas en ocasiones anteriores. En varios llamados urgentes del Observatorio (ver informe anual 1999, 2000 y 2001) se mencionan las importantes amenazas contra la vida de los abogados el Colectivo: Alirio Uribe Muñoz, Reinaldo Villalba Vargas, Luis Guillermo Pérez Casas, Pedro Maecha y Maret Cecilia García. Estos hechos en contra del Colectivo de abogados se encuentran resumidos en el informe que les enviamos adjunto.
La gravedad de la situación ha provocado la declaración de medidas cautelares de parte de la OEA, recomendando la protección de Alirio Uribe Muñoz y extendiendo dicha protección a todos los miembros del Colectivo de Abogados en mayo de 2001. Algunos de los integrantes del Colectivo han tenido que abandonar el país ante la inminencia de un atentado contra sus vidas.
Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia señala que "De igual manera, otros defensores de derechos humanos fueron objeto de amenazas, entre los cuales se encuentran el presidente y otros dos miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, atribuida a miembros del Ejército..... La mayoría de estos casos continúa en la impunidad, y la inseguridad persiste. "
Hina Jilani, Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los defensores de DDHH en su informe sobre su visita a Colombia, formula una preocupación especial por la situación de los abogados del Colectivo. En este informe se señala la transmisión el 12 de julio de 2001 un llamado urgente, realizado de manera conjunta con la Relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, expresando su preocupación por los hostigamientos contra Maret Cecilia García, Alirio Uribe y Luis Guillermo Pérez Casas.
Ante la gravedad de esta situación, la movilización de toda la Comunidad Internacional y en particular de todos los organismos internacionales y regionales de defensa de los DDHH es absolutamente necesaria para parar la creciente violencia. El Observatorio urge a todos los actores internacionales competentes a exigir al gobierno de Colombia la garantía de la seguridad de todos los defensores de derechos Humanos.
El Estado colombiano debe garantizar la integridad física y psicológica de los abogados y abogadas del Colectivo de abogados y el libre ejercicio de su profesión como abogados defensores de los derechos humanos, tal y como establece el art.12.2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de DDHH.
El Observatorio urge al nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe Velez, que cuando asuma su mandato, exprese su apoyo al trabajo del Colectivo de Abogados y descalifique los informes de inteligencia. De igual modo, el Observatorio urge al nuevo presidente haga de la protección de los defensores una de las prioridades de su mandato.
El Estado colombiano debe presentar en el más breve plazo resultados concretos en las investigaciones penales que se adelantan en la Fiscalía General de la Nación, exigiendo que sean vinculadas las personas que suscriben los informes de inteligencia y sancionados los responsables de amenazas en contra de el Colectivo de Abogados;
El Estado colombiano debe cumplir en el más breve plazo todas las recomendaciones y decisiones de los organismos internacionales y regionales competentes sobre los DDHH en Colombia y colaborar plenamente para proteger a los defensores de los derechos humanos;