Bogotá, 05 de mayo de 2025. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó las primeras audiencias de versiones voluntarias del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá, como parte del Macrocaso 09. Este es el primer caso de la JEP que investiga crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por las extintas FARC-EP y por integrantes de la fuerza pública durante el conflicto armado en contra de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de Colombia.
En un contexto de violencia extrema, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes fueron víctimas de graves crímenes internacionales atribuibles a todos los actores que tomaron parte en el conflicto armado interno y sufrieron impactos desproporcionados que pusieron a muchos de estos y estas en riesgo de exterminio físico y cultural.
Durante las audiencias, 11 excomandantes del Bloque Caribe de las extintas FARC-EP comparecieron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP para dar sus versiones ante 101 víctimas, incluidas autoridades de los pueblos indígenas Wiwa, Arhuaco, Kogui, Kankuamo, Ette Ennaka y Wayúu, así como del Pueblo Negro Afrocolombiano del Caribe. Además de la realización de espacios de armonización y sanación espiritual liderados por las autoridades tradicionales, las víctimas y las autoridades pudieron intervenir y exigir información sobre los crímenes que los afectaron y sus máximos responsables. También expusieron los impactos desproporcionados que afectaron su existencia como pueblos y comunidades étnicas. La FIDH representa judicialmente ante esta jurisdicción al pueblo Wiwa, de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Las versiones que recogió la JEP en estas audiencias, así como la información que fue enviada a la JEP a través de informes realizados por las víctimas, y organizaciones étnicas y defensoras de derechos humanos debe permitirle a este tribunal determinar las principales conductas criminales que cometieron las extintas FARC-EP en contra de los pueblos indígenas y afrodescendientes que habitan los territorios étnicos priorizados en el caso, las políticas y patrones criminales en el que se enmarcaron su accionar, y sus máximos responsables. La JEP debe avanzar en igual sentido con los crímenes atribuibles a integrantes de la fuerza pública que actuaron el contra de indígenas y afrodescendientes, inclusive con apoyo de los grupos paramilitares.
Entre los más graves crímenes, la JEP investiga homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual, uso de minas antipersonal, vulneración de espacios sagrados, entre otros. En la decisión que abrió el caso, la JEP determinó que en los territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá hay 89.994 víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Las versiones voluntarias rendidas por los excomandantes de las extintas FARC-EP serán evaluadas por la JEP, junto con la información que recaude en una nueva diligencia que inicia el 5 de mayo próximo. Las autoridades étnicas y las víctimas también presentarán observaciones a estas audiencias para avanzar en el proceso de contrastación de la información, y esclarecimiento de los hechos y los máximos responsables. Luego, la JEP debe expedir un auto de Determinación de Hechos y Conductas, en el cual establecerá la responsabilidad de las extintas FARC-EP por los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
La JEP deberá realizar este mismo proceso con integrantes de la fuerza pública que cometieron graves crímenes contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que habitan estos territorios. Muchos de estos casos se realizaron con el apoyo de grupos paramilitares. El resultado final deberá ser la determinación de la verdad de lo ocurrido con estos sujetos étnicos en el marco del conflicto armado, y las sanciones restaurativas o, incluso, privativas de la libertad de los máximos responsables de todos los actores armados.
La FIDH acompaña a los pueblos étnicos en su lucha por la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Asimismo, reafirma su compromiso con la dignidad, la memoria, y la restauración de los pueblos y sus territorios, y espera que las sanciones que imponga la JEP sean coherentes con los daños e impactos desproporcionados causados a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
La generosidad y apoyo de las víctimas ha sido un pilar fundamental para que el modelo de justicia transicional restaurativa que desarrolla la JEP exista. Ellas esperan que las decisiones judiciales restauren efectivamente sus derechos, y no reproduzcan la impunidad que por tantos años ha cubierto los crímenes cometidos en su contra y favorecido a sus responsables.