“Es un avance para la justicia colombiana que altos funcionarios sean vinculados a los procesos por falsos positivos, estos avances deben continuar y todos los máximos responsables que diseñaron, incitaron, promovieron esta política criminal, deben ser enjuiciados y sancionados.”
La primera detención de un general por estos hechos, llega después de 10 años de ocurridos y de denuncias nacionales e internacionales sobre la grave política criminal puesta en práctica al interior de las fuerzas armadas, en el que se implantó un sistema interno de reconocimientos, recompensas y ascensos, para inflar resultados operacionales y que llevó a la ejecución extrajudicial de al menos 5600 casos, documentados por la mesa de ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).
En el año 2012, la FIDH publicó el Informe “La Guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad” . En dicho Informe se destacó el carácter sistemático y generalizado que tomó el fenómeno de los falsos positivos en Colombia entre los años 2002 y 2008, durante el gobierno del Presidente Alvaro Uribe Velez quien despreció las denuncias de los defensores de derechos humanos sobre estos crímenes mientras se extendía esa práctica criminal por todas las brigadas del ejercito nacional. Estos actos estaban apoyados por los más altos mandos del ejército, quienes no solo no ejercieron el necesario deber de control sino que promovieron estos hechos. A pesar de las denuncias, la mayoría de estos casos estaban en la impunidad.
Es así que el 28 de marzo la Fiscalía colombiana dictó orden de captura contra el General Torres Escalante, quien casualmente un día antes fue desvinculado de las fuerzas armadas y se entregó voluntariamente a las autoridades. Se le imputa al General, en ese entonces Comandante de la Brigada 16, su responsabilidad en la muerte de dos campesinos, padre e hijo, presentados como guerrilleros caídos en combate en marzo de 2007. Según los investigadores, el asesinato del hijo habría sido como retaliación por haber denunciado la muerte de su padre días antes.
Igualmente al General y Ex-Comandante del Ejercito Mario Montoya, se le imputaría en audiencia el próximo 31 de mayo la muerte de al menos diez casos de homicidio en persona protegida y según la información conocida, no sería sólo por no haber actuado frente a lo que en su época llamaron “hechos aislados”, sino que en su condición de Comandante del Ejercito Nacional, habría promovido esa práctica criminal en varias divisiones del país.
La Corte Penal Internacional en su examen preliminar sobre la situación de Colombia ha hecho saber al gobierno que el avance en el juzgamiento y sanción de los máximos responsables por los “falsos positivos” es esencial para decidir sobre si la Corte abre o no una investigación. Sin embargo, los avances de la justicia colombiana no pueden parar allí, quedan aún un número importante de altos funcionarios que deben ser judicializados.