Por ejemplo, en los últimos días, desde el anuncio de la realización de la audiencia pública “Persistencia del paramilitarismo: sin garantías no hay paz sostenible”, convocada para el próximo 15 de abril por el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz y el Senador Iván Cepeda Castro, en el recinto del Congreso, varios de los participantes han sido amenazados. Es también notable el reciente “paro armado” del 1 y 2 de abril de 2016 convocado por el Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en varias regiones del país, que dejó 6 personas muertas, numerosas amenazas y hechos de violencia, y que acrecientan nuestro temor de represalias en contra de las personas y organizaciones que denuncian el accionar de estas estructuras.
“Ad portas de un acuerdo final de paz, la sociedad civil colombiana debe contar con las garantías necesarias para poder denunciar públicamente hechos tan graves como la persistencia del paramilitarismo en Colombia, sin temer por su vida, su integridad o la de los grupos o comunidades que representan.”
A pesar de las constataciones presentadas en el reciente Informe Anual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su Informe General de 2015, vuelve a señalar: “…la violencia derivada de la falta de una desarticulación efectiva y completa de las estructuras armadas de grupos paramilitares, continúa impactando severamente los derechos de las y los habitantes de Colombia”, el Estado colombiano sigue manifestando haber desmontado a los grupos paramilitares.
Sin embargo, la situación por la que atraviesan varias regiones, por ejemplo el departamento de Sucre, contradicen esa afirmación. En el departamento se ha reportado la presencia en los últimos años de varios grupos como las AGC, los Rastrojos y las Águilas Negras y se ha denunciado su responsabilidad en los siguientes hechos: el asesinato de Alex Miguel Arrieta en el 2008, la quema de 10 ranchos en 2011, el asesinato en marzo de 2011 de Éder Verbel Rocha, miembro de MOVICE Sucre, y el atentado que casi le cuesta la vida al líder Andrés Narváez el 12 de junio de 2014. El 1 de abril de 2016 el presidente de la asociación de campesinos y campesinas de la finca La Europa, Argemiro Lara, líder defensor de derechos humanos y de restitución de tierras recibió en su celular amenazas a través de mensajes de texto firmadas por las Águilas Negras. Seis días después, el 7 de abril hombres vestidos de negro se han paseado por diferentes zonas del predio en motocicletas de alto cilindraje intimidando a la población.
Estas razones nos llevan a solicitar la protección [1], en particular, de las siguientes organizaciones sociales, quienes son convocantes y participantes en la audiencia anteriormente mencionada: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Bajo Atrato, San José de Apartadó, Buenaventura y otros casos acompañados por la Comisión); ACASA (San José de Apartado); AHERAMIGUA (Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño); CREDHOS (Magdalena medio); ASCAMCAT (Catatumbo); Red de derechos humanos Francisco Isaias Cifuentes (Suroccidente: Cauca, Nariño y Valle); Caguán Vive (San Vicente del Caguán); Red de Derechos Humanos del Putumayo (Putumayo); DHOC (Oriente colombiano); Unión Patriótica (UP); ASODECAS; Proceso de Restitución de Tierras de la Finca La Europa y MOVICE- Capítulo Sucre; Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU); Federación de Estudiantes Universitarios (FEU); Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC); Coordinación Agrominera, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH); la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano(DHOC); Movimiento Político y Social Marcha Patriótica - Comisión Nacional de Derechos Humanos.