Bogotá, 11 de febrero de 2025. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), organización con más de 100 años de trabajo y presencia en 116 países del mundo, denuncia la instrumentalización de las facultades disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, por parte de la ex-Procuradora Margarita Cabello, para sancionar a Luis Guillermo Pérez Casas, reconocido defensor de derechos humanos y ex Secretario General de nuestra organización, nombrado Superintendente del Subsidio familiar en septiembre 2022.
Luis Guillermo Pérez, en su cargo de Superintendente, identificó y denunció serias irregularidades en la gestión de la Superintendencia del Subsidio Familiar y de algunas cajas de compensación en torno a malos manejos de los recursos públicos por ellas administradas. Cuatro meses después de haber iniciado su labor, fue suspendido, destituido e inhabilitado por doce años por parte de la Procuraduría.
Este jueves 13 de febrero, se llevará a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial con la Procuraduría, bajo la nueva administración de Gregorio Ejach Pacheco, relacionada con la destitución e inhabilitación del abogado Luis Guillermo Pérez. Desde la FIDH esperamos que el nuevo Procurador corrija los errores de su predecesora que han lesionado la credibilidad del organismo de control disciplinario y comprometen la responsabilidad internacional del Estado colombiano.
La suspensión y sanciones impuesta a Pérez Casas fueron motivadas por:
1. Un llamado de solidaridad que voluntaria que hizo el entonces Superintendente a empresarios y directores de las Cajas para apoyar el proyecto de paz en Buenaventura, Valle del Cauca, promovido por la arquidiócesis y el monseñor Rubén Darío Jaramillo, lo cual contribuyó a salvar muchas vidas.
2. La expedición de la Resolución 0679 de 2022, mediante la cual, el entonces Superintendente, amplió la lista para nombrar Directores Administrativos y Agentes Especiales, establecida por su predecesor, para promover un proceso público, transparente y basado en criterios objetivos que permitieran la participación de más candidatos que reunieran los requisitos.
En el proceso que condujo a estas sanciones, no se respetó el derecho de defensa, la presunción de inocencia o la obligación de actuar de manera imparcial y de proceder absolviendo cualquier duda a favor del disciplinado, lo cual es una violación de las garantías del debido proceso, establecidas en convenios de derechos humanos y los principios del propio Código General Disciplinario. Las sanciones que se tomaron en contra de Luis Guillermo Pérez Casas son arbitrarias por lo que la FIDH insta al nuevo Procurador a rectificar estas decisiones.
En caso que se mantengan estas violaciones, la FIDH considera este caso como emblemático para una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de que se condene al Estado colombiano por estos hechos, se ordene la investigación de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, repare a Luis Guillermo Pérez, su familia y se restablezcan los derechos conculcados.