la FIDH denuncia la ley "Justicia y Paz", que no llevará la paz y genera impunidad para los paramilitares.

La FIDH manifiesta su preocupación ante la ley denominada "Justicia y Paz" presentada por el Gobierno colombiano como marco para el proceso de desmovilización de los paramilitares. La FIDH considera que el contenido de esta ley se opone al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, favoreciendo la impunidad de los autores de crímenes extremamente graves.

En efecto, el texto prevé que los paramilitares desmovilizados se beneficiarán de penas de prisión reducidas de cinco a ocho años, incluso los culpables de violaciones de derechos humanos sumamente graves, tales cómo matanzas, desapariciones forzosas o tortura. Esta disposición, si bien podría ser un incentivo para la desmovilización de los combatientes ilegales, no cumple con el principio de justicia imprescindible para permitir la reconciliación.

Por otra parte, la FIDH afirma que el procedimiento previsto para investigar los casos no permite una investigación exhaustiva y eficaz, resultando incompatible con el establecimiento de la verdad. Así, la etapa de investigación dispone de treinta días para comprobar las confesiones, plazo manifiestamente insuficiente teniendo en cuenta que dichos crímenes se han perpetrados durante años. En este punto, es necesario resaltar la ausencia de incentivos a confesar dichos crímenes, dado que no perderían sus beneficios si se comprobara posteriormente que han mentido durante el proceso.

Además, dicha ley no articula ninguna acción que se dirija a atacar de fondo las estructuras criminales del paramilitarismo, tales cómo el narcotráfico o la existencia de sus redes de coacción a través del ejercicio de prácticas clientelares y violentas.

La FIDH denuncia esta ley contraria a los principios de Justicia, Verdad y Reparación, violando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al no cumplir con la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Respecto al derecho de saber, la FIDH quiere recordar estas palabras escritas por Louis Joinet: « No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. »

La FIDH ha reclamado insistentemente una salida política negociada al conflicto en Colombia, pero la necesidad de la paz no puede sustentarse sobre la base de la impunidad y el desprecio a las víctimas. La ley del gobierno votada el 22 de junio viola el derecho internacional y pretende hacer caer en el olvido los crímenes y las adquisiciones ilícitas de los grupos paramilitares.

La FIDH urge a las Autoridades Colombianas a que renuncien a la aplicación de dicho texto y busquen un medio para alcanzar la paz sin negar la importancia de la justicia y la verdad, permitiendo un juicio exhaustivo e independiente de los actos perpetrados por los combatientes ilegales en Colombia.

La FIDH considera que dicha legislación da lugar a la aplicación del estatuto de la Corte Penal Internacional al contravenir manifiestamente el artículo 17.2 de los Estatutos de la CPI que prohibe cualquier tipo de disposición legal que haya sido elaborada "con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la corte ".

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