El Gobierno propone facultar al jefe de Estado para pedir la suspensión de la pena a los autores de delitos atroces que se comprometan con un proceso de paz. De esta forma, contempla la posibilidad de liberar a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, ya que, según el Gobierno, ésta sería la única manera viable de lograr la paz.
La FIDH expresa su indignación frente a esta voluntad de amnistiar a los autores de masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes internacionales. La FIDH resalta la importancia de garantizar la justicia en un contexto de conflicto armado como el existente en Colombia. La paz no puede construirse con un proceso que no reconoce la verdad y por ende la justicia como sus pilares básicos. Favorecer la impunidad no puede más que favorecer actos atroces.
La suspensión de la pena a los autores de crímenes de lesa humanidad es una amnistía encubierta y como tal contraviene a los principios elementales de los derechos humanos, es incompatible con la obligación legal que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y es contrario a los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
La FIDH considera que tal legislación una vez votada podría, por los hechos cometidos posteriores al 5 de agosto de 2002 dar lugar a la aplicación del estatuto de la Corte Penal Internacional pues si fuese utilizada para fundamentar la complementariedad entre la CPI y el Estado de Colombia, violaría el artículo 17.2 de los Estatutos de la CPI que prohibe cualquier tipo de disposición legal que haya sido elaborada "con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la corte, según lo dispuesto en el artículo 5".
La FIDH ha reclamado insistentemente por una salida política negociada al conflicto social y armado en Colombia, pero la necesidad de la paz no puede sustentarse sobre la base de la impunidad y el desprecio a las víctimas. La verdad, la justicia y la reparación son principios universales irrenunciables, frente a toda superación de un conflicto armado. El acuerdo concluido en Ralito, así como el proyecto de ley del gobierno es contrario al derecho internacional y pretende hacer caer en el olvido los crímenes y las adquisiciones ilícitas de los grupos paramilitares.
La FIDH urge al Congreso de la República a rechazar cualquier proyecto de ley que no respete los derechos de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, merecen el respaldo del Estado colombiano.