La desmovilización paramilitar: en los caminos de la Corte Penal Internacional

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publica hoy su informe sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Este informe es el resultado de más de dos años de trabajo, en colaboración con sus ligas en Colombia: el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", ILSA y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y también se basa en la observación de las audiencias de Justicia y Paz que tuvieron lugar de mayo a julio de 2007 en los Tribunales de Justicia y Paz, en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

La Ley de Justicia y Paz se inscribe en un marco jurídico más amplio que tiene por objetivo – según las autoridades - el desmovilizar a los paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad, otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra.

Las estructuras paramilitares han cometido durante su existencia un promedio de 60.000 crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Sin contar el más de un millón de personas desplazadas que serían causa directa de las estrategias de terror, las amenazas y el accionar paramilitar. Colombia es el segundo país en el mundo con más desplazamientos forzados. En el 2006, más de 219 000 personas han sido desplazadas, y el total es de más 380.000 familias registradas [1]. En Colombia, sólo entre enero y junio de 2007, más de 770 civiles han sido asesinados o víctimas de desaparición forzada. Más de 80 fosas comunes han sido descubiertas, al final del 2006, la Fiscalía estimó que todavía faltaban por encontrar más de 3.000 personas. Sin embargo, se considera que este dato está lejos de reflejar la denuncia de más de 30.000 desapariciones forzadas.

La FIDH ha presentado varias comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investigue y juzgue a los responsables de crímenes graves de su jurisdicción. La FIDH, también advirtió desde un comienzo, que el Gobierno de Uribe Vélez debería retirar su declaración, hecha bajo en el artículo 124 del Estatuto de Roma, que sustrae de la competencia de la CPI, los crímenes de guerra cometidos por todos los grupos armados en Colombia.

Hoy en día, de los 30 000 paramilitares desmovilizados, el 92% benefició de un régimen de amnistía de facto instituido por decreto. Sólo un 8% recae bajo la competencia de la Ley de Justicia y Paz, implementada a través de decretos que no respetan la decisión de la Corte Constitucional, que estimó que la misma tenía que adaptarse para que no violara el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Los paramilitares que recaen bajo la Ley de Justicia y Paz están juzgados en audiencias denominadas « versiones libres », y pueden ser condenados a una pena máxima de 8 años, que pueden purgar en « granjas productivas », o imponiendo ellos sus condiciones de « reclusión » lo cual es contrario a los más elementales principios de justicia frente a la gravedad de los crímenes cometidos.

En este informe, se demuestra la falta de voluntad real del Estado de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares y se concluye, que de manera supletoria la Corte Penal Internacional debe actuar para investigar y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el 1ro de noviembre de 2002.

Efectivamente, las versiones libres se han convertido en apología del delito y del paramilitarismo. Los paramilitares no están obligados a confesar sus crímenes ni a develar la verdad de quiénes apoyaron sus estructuras, ni a mostrar siquiera arrepentimiento por sus crímenes, ni han sido obligados a entregar todas sus armas de guerra, ni tampoco a entregar sus bienes para reparar a las víctimas, mientras que éstas y sus representantes tienen un acceso muy limitado a las audiencias, se ven imponer obstáculos en su participación en las audiencias.

Además, las víctimas que han asistido a las audiencias de versión libre no han recibido adecuada protección. 16 de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad.

La FIDH llama también a las autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus acuerdos comerciales al respeto de los derechos humanos en Colombia y, a la Fiscalía de la CPI para que abra una investigación sin más demora, que podría cumplir un rol preventivo muy importante

La FIDH concluye que dicho proceso ha sido armado con el ánimo de sustraer los altos mandos del paramilitarismo a la jurisdicción de la CPI. La FIDH urge al gobierno colombiano a que abrogue el marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz o en su lugar expedir un marco legal que cumpla con los estándares internacionales.

Ver también la declaración de Souhayr Belhassen, Presidente de la FIDH, en la rueda de prensa en Bogotá del 4 de octubre de 2007.

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