Gobierno colombiano consolida la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia

Bogotá, Paris – 14 de mayo de 2008 - La FIDH denuncia que la extradición de 15 jefes paramilitares a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico tendrá como consecuencia la consolidación de la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia.

« No es nada más ni menos que la prueba fehaciente que Colombia no tiene la voluntad de juzgar a los paramilitares por crímenes internacionales. A través de estas extradiciones, el gobierno los sustrajo de sus responsabilidades penales, estos crímenes internacionales entran entonces claramente dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) », declaró Souhayr Belhassen, presidenta de la FIDH.

El pasado 7 de mayo de 2008 fue extraditado a los Estados Unidos el comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias « Macaco ». En la madrugada de ayer, se extraditaron 14 otros paramilitares. Entre ellos, se encuentran los conocidos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias « Don Berna » y Rogrido Tovar alias « Jorge 40 ». Todos estos comandantes se habían desmovilizado en el 2005, en el marco de la llamada « Ley de Justicia y Paz », que fue sancionada con el fin de incentivar el desarme de los grupos paramilitaires, la colaboración con la justicia y el descubrimiento de la verdad sobre los crímenes más graves perpetrados en Colombia, a cambio de un procedimiento especial y penas reducidas (de 5 a 8 años) para los altos comandantes y mandos medios de las estructuras paramilitares en Colombia.

De acuerdo con esta ley, uno de los requisitos para permanecer en el proceso es el cesar toda actividad ilícita Sin embargo, luego de haberse desmovilizado, se ha comprobado que los jefes paramilitares continuaron planeando y ordenando la comisión de crímenes, incluso estando detenidos en la cárcel de Itagüí y en otras penitenciarias de alta seguridad. El camino que correspondía adoptar frente al incumplimiento de estos requisitos de la Ley de Justicia y Paz, no era el de la extradición sino el de juzgarlos por los mismos crímenes internacionales pero por los tribunales ordinarios en Colombia, con la consecuente pérdida de la posibilidad de acceder a las penas reducidas.

La FIDH ha seguido el proceso de Justicia y Paz desde su inicio, y en su último informe (de octubre de 2007) denunció una serie de falencias que demostraban la falta de compromiso real de la parte del Estado colombiano para juzgar a los altos mandos paramilitares por los crímenes más graves [1].La CPI analiza la situación en Colombia desde hace varios años y ha recibido numerosas comunicaciones, incluso de la FIDH y de algunas de sus ligas en Colombia en las cuales se denuncia la total impunidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto colombiano. Estas extradiciones son una prueba más de la falta de voluntad de juzgar a los responsables de estos crímenes y de permitirle a las víctimas acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación.

El gobierno no ha explicado qué sucederá con los procesos pendientes para juzgar a los jefes paramilitares por su responsabilidad penal por tantos miles de masacres, asesinatos, desplazamiento forzado y otros delitos de gravedad comparable.

En el contexto del escándalo de la parapolítica, estas extradiciones limitaran las investigaciones que adelanta la Fiscalia Nacional y la Corte Suprema de Justicia contra más de 100 parlamentarios y ex parlamentarios por sus relaciones con paramilitares y también las revelaciones sobre las implicaciones de militares en masacres, como lo admitió, por ejemplo, Don Berna hace unas semanas en relación con la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartado.

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