Queridas amigas, Queridos amigos,
Quiero, en nombre de la FIDH, agradecerles que estén aquí hoy con nosotros. Es la primera visita oficial que realizo en las Américas como presidente de la FIDH. Quise venir a Colombia para responder a la invitación de la Corporación Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y mostrarles así la atención constante que la FIDH pone en la situación en Colombia: una de las más graves en el mundo desde nuestro punto de vista.
Hace más de 40 años que Colombia está inmersa en una situación de conflicto armado interno y que el pueblo colombiano sufre a causa de ello. Las partes al conflicto no respetan el derecho internacional humanitario, los derechos humanos son diariamente atropellados - siendo sindicalistas y defensores de derechos humanos un blanco privilegiado - y los crímenes, incluso los crímenes de lesa humanidad, quedan con mucha frecuencia en la impunidad. En vistas de esta situación, la FIDH concenta su trabajo entorno a dos grandes ejes: la lucha contra la impunidad y la protección de los defensores de derechos humanos.
La misión internacional que realizamos estos días, Antoine Bernard, Director Ejecutivo de la FIDH; Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General; Mariana Pena, que nos representa ante la Corte Penal Internacional y yo misma, tiene un doble objetivo: la presentación de un informe de etapa de la FIDH sobre la Ley de Justicia y Paz; y la actualización de los datos en nuestra posesión.
La FIDH comenzó a manifestar su preocupación sobre el tema de esta ley en agosto de 2005, cuando ésta no se encontraba sino al estadio de un proyecto de ley, y desde entonces, la FIDH y sus organizaciones afiliadas no han dejado de denunciar esta ley que ellas condieran como una especie de pacto de impunidad a las luz de las obligaciones de Colombia en materia de sanción de crímenes de lesa humanidad. Se realizaron varias misiones sobre este tema. La FIDH pudo segir las audiencias de "versión libre", de mayo a julio de 2007, desde las salas reservadas a las víctimas; varios abogados del CCAJAR asisten igualmente a las mismas.
En esta evaluación preliminar, la constatación que hacemos es severa. Hemos podido constatar en qué medida la búsqueda de verdad, de justicia y de reparación conduce a numerosas frustraciones y, en definitva, a una especia de doble victimización. Lo hemos podido verificar también antes de ayer en Barranquilla, en ocación de una audiencia de versión libre. Es también lo que he podido rescatar de los fuertes testimonios de cerca de 40 ONG de todos los sectores de la sociedad, que hemos tenido la oportunidad de escuchar durante nuestra misión.
Colombia es parte al Estatuto de Roma de 1998, sobre la Corte Penal Internacional (CPI). Las reglas establecidas por éste imponen una conclusión: la Ley de Justicia y Paz y sus modalidades de aplicación, en cuanto se trata de crímenes de lesa humanidad, son de competencia de la CPI. Consideramos que es de interés para Colombia el desarrollar una estrecha cooperación con la CPI.
Nuestra misión nos ha permitido también reafinar y actualizar nuestra visión y nuestro análisis de la situación. Queremos agradecer calurosamente a todas las ONG que han dialogado con nosotros, a las organizaciones intergubernamentales, así como también a las instituciones públicas que en su mayoría nos han recibido para una diálogo constructivo y profondizado.
Un hecho de mayor importancia de los últimos meses es el hecho de que cerca de 80.000 víctimas hayan manifestado su voluntad de participar al proceso. Esto muestra la inmensa esperanza que el mismo suscita; muestra sobre todo la aspiración profunda de las víctimas a los derechos de verdad, de justicia y de reparación. Muestra también la inmensa responsabilidad que pesa sobre las autoridades públicas colombianas, que tienen la obligación de responder a esta esperanza.
Otro hecho de mayor importancia que hemos podido constatar es la mobilización de la magistratura, y en particular de instituciones tales como la Corte Constitucional, así como también la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación. Ciertos magistrados se compromete, a veces poniendo en peligro su vida, a luchas contra la impunidad de acuerdo con las normas internacionles. Queremos aquí rendirles homenaje, a ellos, así como también a las familias de las víctimas, a los abogados y a otros defensores de derechos humanos, que se exponen a riesgos considerables en el día a día.
Consideramos que la protección de las víctimas, hoy inexistente, es una condición para su participación efectivo; y un resto de mayor importancia para profundizar este proceso.
Seguimos en la lucha, seguiremos adelante !
El informe se encuentra disponible en la página internet de la FIDH :
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Colombiejustice481-32007.pdf