Comunidades solicitan a CIDH medidas cautelares por riesgo de daños ambientales irreparables

23/09/2021
Comunicado
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Las comunidades indígenas Wayúu de Paradero y la Gran Parada, el grupo La Guajira le Habla al País y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene medidas cautelares al Estado Colombiano para garantizar urgente protección de los derechos de las comunidades del territorio de la Guajira ante la amenaza de un daño irreparable ocasionado por el desvío del arroyo Bruno y pretensión de su explotación para permitir expansión de la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. Los impactos ambientales y climáticos de esta operación perteneciente a las multinacionales mineras Anglo American, Glencore y BHP han puesto en grave riesgo la pervivencia de vidas de pueblos étnicos en la zona y han generado la destrucción del frágil ecosistema de bosque seco tropical, en medio de un contexto de crisis hídrica y climática.

Los hechos

El territorio de La Guajira en Colombia alberga una riqueza cultural y ambiental de características especiales. Allí se encuentran comunidades del pueblo indígena Wayuu, Pueblos Negros y Campesinos y un valioso ecosistema en peligro critico de extinción como es el bosque seco tropical. Sin embargo, desde hace cuatro décadas se impuso el proyecto de minería de carbón a cielo abierto más grande de latinoamérica, operado hoy día por la empresa Carbones del Cerrejón de la que han sido propietarias las compañías multinacionales Glencore, BHP y Angloamerican.

Tras varias décadas de expansión descontrolada la megaminería ha secado, desviado y contaminado varias fuentes hídricas y acuíferos afectando el sistema hidrológico e hidrogeológico y empeorado una crisis hídrica y climática que padece la región. Se han registrado sistemáticas discriminaciones y violaciones a los derechos humanos y los daños ecosistémicos graves, algunos incluso adquieren el carácter de daños a perpetuidad e irreparables.

Pese a esto, el proyecto ha manifestado su interés de expandirse aún más, y dentro de plan de crecimiento se ha propuesto explotar nuevos tajos mineros. El interés corporativo los llevó a desviar el Arroyo Bruno, afluente del río Ranchería; una de las fuentes hídricas más importantes en la zona. Este proyecto fue autorizado por el Estado Colombiano sin evaluar los impactos ambientales y sociales que se causarían, además de no tomar en cuenta el vínculo espiritual y cultural que el pueblo Wayuu sostiene con el arroyo.

Ante esta situación, las comunidades acudieron ante los órganos judiciales para solicitar un amparo para sus derechos. En el 2019, la Corte Constitucional colombiana emitió una sentencia en la que reconoció la amenaza y riesgo de los derechos al agua, salud y alimentación de las comunidades. Se dictaminó que el Gobierno y la compañía minera debían elaborar un estudio para evaluar de nuevo la viabilidad de este proyecto. Dentro de las variables que se ordenó tomar en cuenta están los impactos acumulativos que la megaminera ha causado, las relaciones culturales y los efectos del cambio climático. También se ordenó aplicar el principio de precaución ambiental para que se valorará devolver las aguas del Arroyo Bruno hacia su cauce natural. Pese a esto, en la actualidad no se ha cumplido con el fallo judicial y el arroyo Bruno continúa desviado y en riesgo de ser explotado. Adicionalmente, en el mes de junio de 2021 las compañías multinacionales entablaron una demanda de inversión contra el Estado Colombiano, buscando presionar la autorización de sus planes de explotación del arroyo.

La desviación del arroyo Bruno ha puesto en peligro a toda la comunidad, quienes son contundentes al expresar que «cada día de desvío es un día más de muerte para el arroyo ». Sus liderazgos han sido amenazados. El Estado Colombiano les ha quitado todas las garantías en los procesos de participación y ha llevado a la región a una situación crítica que parece no tener solución interna.

La acción interpuesta

Se interpondrá una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la urgente protección de los derechos de las comunidades del territorio de la Guajira ante la amenaza de un daño irreparable ocasionada por el desvío del arroyo Bruno y su pretensión de explotación. También se solicitará respeto a todas las garantías judiales frente al cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Con esta acción se busca que el sistema interamericano de derechos humanos aborde la gravedad del riesgo que representa la amenaza de daños irreparables que ocasionan los proyectos de megamineria de carbón así como la dificultad de acceso a la justicia de las víctimas de abusos y violaciones de grandes compañías multinacionales.

Lo que solicitamos

Que la CIDH ordene medidas cautelares al Estado Colombiano para :
1. Proteger a comunidades étnicas de la Guajira ante la grave y urgente amenaza de daño irreparable que padecen tras el desvío del arroyo Bruno y su pretensión de explotación para los planes de expansión de la minería del carbón.
2. Que se adopten medidas para garantizar efectivas garantías judiciales en un plazo razonable en el cumplimiento de la sentencia SU-698 de 2017 y en el derecho
3. Que en aplicación del principio de precaución se retorne el arroyo Bruno a su cauce natural

Calendario de las próximas etapas

La acción será interpuesta el 23 de Septiembre de 2021

Para más información
https://youtu.be/aBEA_v79Lhs
https://londonminingnetwork.org/2021/05/free-the-bruno-stream-the-wayuu-people-can-live-without-coal-but-not-without-water/
https://www.facebook.com/laguajirahabla/videos/1320817354963021
https://bit.ly/3yw49AU

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