La masacre de Aldemar Gil Guachetá (25 años), Diego Escobar Dorado (31 años), Nelson Chacuendo Calambas (29 años), Janier Usperto Cortés Mairongo (26 años), Jaimen Guanga Pai (45 años) y Alfonso Taicús Guanga (32 años), se produjo en medio de una movilización campesina que comenzó el 27 de septiembre pasado, contra la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y en su reclamo ante el incumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz y del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) acordado con el Estado. En el Acuerdo de Paz con las FARC se estableció el compromiso de “trabajar mancomunadamente con las comunidades para hacer un verdadero plan efectivo, estructural, definitivo, de sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos”. El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se ha comprometido a beneficiar 100 mil familias y sustituir 50 mil hectáreas de sembrados ilegales durante el primer año de su implementación.
La FIDH considera que es fundamental que las autoridades colombianas, respeten y trabajen de la mano con las comunidades campesinas, afro e indígenas, para la erradicación de cultivos ilícitos, como se estableció en el Acuerdo de Paz. Si bien es esencial que sean detenidos y procesados los jefes de los carteles de la droga, las comunidades campesinas no pueden ser el objeto de la represión violenta del Estado.
Según la versión inicial de la Policía, las muertes y personas heridas se habrían producido por la responsabilidad de un “alias “Guacho” y su grupo de GAO residual de la Daniel Aldana de las FARC, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.
Versiones desmentidas por los manifestantes y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje –Asominuma- que denuncian que recibieron fuego indiscriminado de la Policía produciéndose el repudiable resultado en víctimas, conforme las conclusiones de la visita del Defensor del Pueblo a la zona el 8 de octubre.
La masacre se produce en medio de la presión del Gobierno de Donald Trump por el incremento de cultivos de uso ilícito quien el pasado 13 de septiembre amenazó con descertificar a Colombia por no “cooperar lo suficiente” al tiempo que destacaba la labor de las FFAA y de la Policía colombianas al respecto.
La FIDH condena igualmente lo ocurrido el día de ayer 8 de octubre, cuando miembros de la Fuerza Pública utilizaron balas aturdidoras y disparos contra una Misión Humanitaria de verificación compuesta de miembros de Naciones Unidas y de la OEA, Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, y periodistas, que se disponía a entrar a la zona donde ocurrió la masacre. Según las informaciones recibidas, ningún miembro de la misión fue lesionado, pero es inquietante este tipo de reacción por parte de las autoridades armadas de la zona.
La FIDH insta a las autoridades colombianas a una investigación inmediata objetiva e imparcial que conlleve a la individualización de los responsables de esta masacre y a sanciones penales efectivas, y:
– A que se garantice el cumplimiento integral del punto 4 del Acuerdo de Paz concertando con las comunidades campesinas la sustitución voluntaria de sus cultivos de uso ilícito.
– Al Gobierno de EEUU de abstenerse de presionar a las autoridades colombianas para que retomen la senda de la erradicación forzada y represiva contra las comunidades campesinas, indígenas y afros que se ven compelidas a sembrar cultivos de uso ilícito como única forma de subsistencia.
– La política antidrogas que ha liderado el Gobierno de los Estados Unidos, debe ser revisada en el concierto de las Naciones Unidas porque su fracaso es evidente. La represión genera más violencia y nutre el negocio de las drogas ilícitas.
– Al Gobierno colombiano a abstenerse de militarizar los conflictos que se generan con los programas de substitución y priorizar la mejoría de las condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos.
– A la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que actúen de inmediato en la individualización de las responsabilidades disciplinarias y penales, incluyendo al alto mando que encubriría a los responsables en la Policía por estos gravísimos hechos.
– A las Naciones Unidas en particular de cara a la misión II aprobada por el Consejo de Seguridad para que contribuya a la solución negociada de estos conflictos y monitoree también la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz.
– A la comunidad internacional donante del proceso de paz para que contribuya a reforzar el diálogo, la substitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la participación efectiva de las comunidades afectadas.