El norte del departamento del Chocó ha sido escenario de confrontaciones armadas entre las FARC-EP y grupos paramilitares. Desde el pasado 21 de abril, la Diócesis de Quibdó y otros organismos de derechos humanos y de la iglesia católica habían denunciado la incursión de un destacamento paramilitar autodenominado "Bloque Elmer Cárdenas" en Bojayá y en Vigía del Fuerte. Tal incursión se produjo sin que se diera reacción alguna de la fuerza pública para proteger a la población civil. El día 1 de mayo empezaron los enfrentamientos armados entre los grupos paramilitares y la guerrilla en Vigía del Puente.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS FARC.
En este contexto, el pasado jueves 2 de mayo se presentó un combate entre las FARC-EP y los grupos de autodefensas en la localidad de Bellavista del municipio de Bojayá (departamento del Chocó). En el templo San Pablo Apóstol de esta localidad se había refugiado un grupo considerable de civiles que huían de los enfrentamientos, la mayoría mujeres, niñas y niños afroamericanos. Producto del ataque con un proyectil de fabricación artesanal fueron asesinados 119 de los refugiados en el recinto religioso, de los cuales 45 eran menores de edad.
En este contexto, la FIDH condena firmemente y sin reservas la masacre perpetrada por el Bloque José María Córdoba de las FARC, quienes han reconocido su responsabilidad parcial por este acto criminal. La FIDH resalta que estos hechos son calificables de crimen de guerra con arreglo al artículo 8 del Estatuto de Roma que instaura la CPI. El hecho de no poseer armas sofisticadas, o el hecho de que los paramilitares hayan tomado como escudo a la población civil, no constituye de ningún modo una justificación ni una disculpa al asesinato indiscriminado de 119 civiles.
Reiteradamente se ha denunciado que la utilización de cilindros-bomba por parte de las FARC-EP en la toma de pueblos, ha afectado en innumerables ocasiones vidas y bienes civiles; las FARC pese a haber reconocido la precariedad criminal de este instrumento continúa utilizándolo sin consideración a las víctimas inocentes que ocasiona.
La FIDH debe señalar que la violencia continúa, lo que contribuye a la agravación de la crisis humanitaria en la zona. Según el director de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó, a 45 mil personas se les habría impedido el acceso a alimentos desde el 21 de abril. Según un comunicado de la misma diócesis, de continuar el clima de violencia se prevé el desplazamiento de veinte mil campesinos del Atrato Medio.
La masacre de Bojayá demuestra que la población civil y en particular la más débil y desfavorecida, como las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, constituye la principal víctima del conflicto armado en Colombia. Situación aún más grave cuando los actores en conflicto la utilizan como escudo humano. Estos hechos evidencian el deterioro ético de la confrontación en Colombia y, en consecuencia, la necesidad de detener la guerra y entre tanto al menos de que las partes se comprometan a respetar los mínimos humanitarios.
DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO
El 25 de abril, antes de producirse la masacre de Bojayá, la Defensoría del Pueblo había alertado a las autoridades competentes mediante su Sistema de Alertas Tempranas (SAT). También lo habían hecho varias asociaciones de derechos humanos y entidades de la Iglesia Católica de la zona. La masacre de Bojayá muestra como una vez más el Estado colombiano no realiza las acciones oportunas para cumplir con su deber de proteger a la población.
La FIDH considera la actitud del gobierno tanto más preocupante cuanto que los operativos militares aéreos, fluviales y terrestres continúan provocando víctimas entre la población civil tal y como viene denunciando la diócesis de Quibdó. Días después de la masacre, las fuerzas armadas de Colombia agudizan la crisis humanitaria con detonaciones y sobrevuelos en las cercanías de los municipios afectados, poniendo en grave peligro a las poblaciones de Bella Vista, Vigía del Fuerte, Napipi y Murindó e incrementando el problema del desplazamiento forzado.
La FIDH denuncia también a las Fuerzas Armadas de Colombia, en particular a la Brigada XVIII del Ejército, que permiten la actuación impune de los grupos paramilitares en la región del Urabá. La permisividad y la connivencia de las Fuerzas Armadas con estos grupos es cotidianamente denunciada por la mayoría de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, como ocurrió recientemente en la 58ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En la situación presente, las Fuerzas Armadas ni disimulan esa connivencia, pese a la llegada del Ejército a los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, los paramilitares continúan en dichos municipios como lo ha hecho saber la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Ante esta alarmante situación en Colombia, la FIDH urge a:
– Un cese inmediato de las hostilidades en el departamento del Chocó que permita la atención humanitaria de las víctimas.
– La adopción oportuna de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil. En particular, se insta a las partes en conflicto a firmar un Acuerdo sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
– La adopción de medidas inmediatas que permitan la llegada de la ayuda humanitaria a la zona y para que las víctimas del conflicto armado cuenten con la necesaria atención médica y alimentaria. Las poblaciones desplazadas como consecuencia de los enfrentamientos armados tienen derecho a una atención particular y urgente.
– La investigación expedita de los hechos de Bojayá que permita establecer con rigor las responsabilidades por acción u omisión de los actores involucrados en esta tragedia y el juicio de los responsables por una jurisdicción independiente, imparcial y que asegure todas las garantias del Derecho a un proceso justo. Para que esta investigación produzca los efectos deseados, se insta a las autoridades a garantizar la seguridad, imparcialidad e independencia de todas las instituciones y personas responsables de adelantarla.
– toda la colaboración para que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas pueda cumplir cabalmente con su misión en la zona y se rinda lo antes posible un informe público sobre lo allí acontecido y las responsabilidades que le concierne tanto a la guerrilla de las FARC-EP, en particular en lo que se refiere a la masacre del 2 de mayo; como al Estado colombiano, en particular a las Fuerzas Armadas por su decisivo involucramiento en la promoción de grupos paramilitares.
– La FIDH urge en todo caso, una vez más al Estado colombiano a la ratificación urgente del estatuto de la Corte Penal Internacional.
– Finalmente la FIDH insiste en que la única salida posible al conflicto social y armado en Colombia, es una negociación política y llama a todos los candidatos presidenciales a asumir las recomendaciones del Congreso Paz y País que acaba de celebrarse en la ciudad de Bogotá.