RESOLUCIÓN SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS VICTIMAS EN COLOMBIA
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunida en el XXXVII Congreso Mundial, en Erevan Armenia celebrando entre el 6 y 10 de abril de 2010, frente a la situaciones que afectan la independencia judicial y el acceso de las victimas en Colombia y
CONSIDERANDO
Que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se han presentado de manera sistemática y reiterada presiones e injerencias a la labor del poder judicial, que se han traducido en la ausencia de garantías para el ejercicio de la administración de justicia, en un factor significativo que ha contribuido a consolidar la impunidad en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y en obstáculos para la labor de los defensores de derechos humanos y para el acceso a la justicia de las víctimas.
Que dentro de este conjunto de acciones se destacan, entre muchas otras, el seguimiento, por parte de agentes del DAS, a la vida privada, familiar y profesional de un numeroso grupo conformado por fiscales, jueces, magistradas y magistrados de las altas cortes, defensoras y defensores de derechos humanos, víctimas y testigos, en el marco de procesos por violaciones a los derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales.
Que a estas violaciones a los derechos humanos se suman las amenazas de tipo sexual y diferentes tipos de violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas, los atentados por parte de los actores armados contra la vida e integridad personal de las defensoras y defensores de derechos humanos, en razón de su actividad a favor de la defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Sobre este tipo de acciones se ha tendido un gran manto de impunidad, desconociendo de manera integral los efectos del conflicto en la vida de las mujeres, dejando de lado cuestiones centrales como la violencia sexual, práctica extendida en el contexto de conflicto armado que convierte los cuerpos de las mujeres en campos de batalla, y en suma, violando de manera sistemática y reiterada los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y a las garantías de no repetición.
Que además de la afectación al poder judicial y al acceso a la justicia de las víctimas, se han presentado manifestaciones y cuestionamientos públicos dirigidos desde el ejecutivo contra la idoneidad moral, profesional y ética de varios magistrados y de algunas decisiones judiciales contrarias a los intereses y a las políticas del gobierno, o bien, reveladoras de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
Que a nivel institucional, el gobierno ha buscado la consolidación de esta política, liderando y posicionando una serie de reformas orientadas al menoscabo de la independencia del poder judicial que van desde la eliminación de algunas de las altas cortes, la fusión de algunas de las funciones asignadas constitucionalmente a estas en un solo organismo, y la consolidación del poder de nombrar personas cercanas a sus intereses y orientaciones políticas e ideológicas en ciertas instancias judiciales e incluso en los organismos de control, en contravía de las recomendaciones de organismos internacionales que reiteradamente han llamado la atención al Estado Colombiano sobre la necesidad de adoptar sin dilaciones medidas adecuadas para la prevención, atención y reparación de los hechos de violencia sexual y de otras violaciones a los derechos humanos perpetrados durante o con ocasión del conflicto armado.
RESUELVE
Condenar el desconocimiento por parte del gobierno colombiano a la independencia judicial y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Exigir al Estado Colombiano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de independencia judicial, acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Exigir al Estado Colombiano, de conformidad con lo reiterado en las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Respaldar las denuncias y el llamado de los jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, víctimas y testigos por el restablecimiento de la independencia judicial y las garantías en materia de acceso a la justicia.
Apoyar la labor decidida, cotidiana y constante de las mujeres, jóvenes, niños y niñas, defensoras y defensores de derechos humanos, por preservar la memoria y luchar contra la impunidad y el olvido y reiteramos nuestro respaldo para que sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación sean plenamente respetados.
Ereván, abril de 2010