RESOLUCION SOBRE DEFENSORES Y DEFENSORAS EN COLOMBIA
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunida en el XXXVII Congreso Mundial, en Erevan Armenia celebrando entre el 6 y 10 de abril de 2010, y frente a la compleja situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y,
CONSIDERANDO
Que particularmente durante la última década varias autoridades y organismos del orden internacional han manifestado su “… profunda preocupación por el ambiente de intimidación e inseguridad en el cual los defensores colombianos de los derechos humanos desempeñan su trabajo”; estos abusos graves se han recrudecido últimamente, lo cual muestra que las recomendaciones formuladas por la Sra. Hina Jilani, ex-Reprsentante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, en su visita de hace más de siete años no solamente no han sido implementadas sino que el Gobierno ha actuado en contra de las mismas.
Que desde el año 2004, un grupo especial de inteligencia estratégica (llamado “G3”) ha operado dentro de la Oficina de Inteligencia DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que depende directamente del Presidente Álvaro Uribe Vélez. El G3 inició la más gigantesca operación de espionaje ilegal y de seguimientos meticulosos a la labor de los defensores de derechos humanos y a sus organizaciones que se haya tenido conocimiento en la historia del país. Algunos de los usos que se le ha dado a la información recogida de manera ilegal han sido la entrega de listas a grupos paramilitares de sindicalistas y defensores de derechos humanos que debían ser asesinados, -y que efectivamente lo fueron-, y operaciones de “inteligencia ofensiva” como la práctica de diferentes ataques, montajes, amenazas de muerte y repetidas violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos y sus familiares.
Que la opinión pública ha conocido últimamente informes de inteligencia elaborados por las “Regionales de Inteligencia Militar" (RIME) del Ejército Nacional, en los cuales, de manera generalizada vinculan a los líderes de las organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos con organizaciones insurgentes. Esta práctica ilegal del RIME del Ejército se ha concretado en informes en el Departamento de Antioquia y en el Departamento del Caquetá, elaborados tanto en el año 2008 como en el presente año.
Que con base en informes de inteligencia y mediante el acopio de testimonios remunerados aportados por la Red de Informantes en cada Brigada Militar, decenas de estas personas ya han sido judicializadas por la fiscalía y detenidas en operaciones militares mediáticas, como ha ocurrido con CARMELO AGÁMEZ, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (Movice), Seccional Sucre, y MARTÍN SANDOVAL, Presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Arauca.
Que desde mediados del mes de febrero de 2009, en más de 30 ciudades y diversas regiones del país se han difundido masivamente amenazas de muerte y panfletos amenazantes que buscan controlar mediante el terror la conflictividad social que la crisis social y el desempleo en ascenso ha provocado entre los sectores más marginados y excluidos del país, Existe un incremento de las acciones de “limpieza social” en contra de amplios sectores de jóvenes marginados; El movimiento comunal ha denunciado que hasta el mes de mayo cerca de 100 dirigentes comunales han sido asesinados en todo el país y han sido víctimas de múltiples intimidaciones por medio de panfletos amenazantes en varias regiones del país. La mayor parte de estas amenazas han sido realizadas a nombre de grupos paramilitares tales como: las Águilas Negras, las Autodefensas Unidas de Colombia, evidenciando una reconfiguración militar del paramilitarismo, su posicionamiento como actores principales en la estrategia de gobernabilidad urbana de la “Seguridad Democrática”
Que a lo largo de este año han continuado allanamientos de sedes y los robos de información a defensores de derechos humanos y a sus organizaciones. El aumento en los asaltos a las sedes, a los propios defensores y robos de información, parece estar relacionados con las cuantiosas recompensas que el Ministerio de Defensa ofrece para quienes entreguen material informático, discos duros, USB y otros medios de “información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones” (Directiva Secreta N° 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, Cap. 4. Literal f.).
Que durante el gobierno del Presidente Uribe los defensores de derechos humanos han tenido que realizar su trabajo en medio de un ambiente permanente de ataques y descalificaciones públicas por parte del mismo Presidente, del Vicepresidente y otros altos funcionarios gubernamentales que buscan poner a la sociedad en su contra y ofrecer una imagen pública de los defensores como “enemigos, cómplices o aliados del terrorismo”. Desde el comienzo de su gobierno, el Presidente Uribe señaló a los defensores de derechos humanos como “politiqueros, que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos” (8 de septiembre de 2003).
Que la privación generalizada de derechos y garantías para la labor de los defensores de derechos humanos ha venido a dar con órdenes para la cesación de los esquemas de protección para una gran cantidad de defensores de derechos con situaciones de riesgo reconocidas. La privatización de los servicios de protección y la mercantilización de los esquemas de vigilancia y seguridad contenidos en el proyecto de Ley sobre Compañías de Seguridad Privada, pretenden que el Estado se libere de su responsabilidad directa por la protección de los defensores, periodistas, sindicalistas y líderes sociales en situación de riesgo, permitiendo la incursión en la prestación de estos servicios a empresas privadas, incluidas compañías extranjeras.
Que el Estado no solamente no ha implementado las recomendaciones de la entonces Representante Especial Hina Jilani sino que ha actuado, en casi todos los ámbitos, en contra de las mismas. Por lo tanto, para que los defensores tengan garantías reales para ejercer su labor libres de hostigamientos y sin temer por su vida.
Que pese a las insistentes recomendaciones que organismos internacionales han elevado al Estado de Colombia para la protección de la defensa de los derechos humanos, en la actualidad los ataques, amenazas y hostigamientos siguen perpetrándose contra defensoras, vulnerando no sólo su integridad personal, sino poniendo en riesgo su trabajo de defensa de derechos. Ante estos ataques, la situación de impunidad es alarmante y no existe una política eficaz de prevención y sanción que garantice los derechos fundamentales de las mujeres defensoras, aún cuando el riesgo de ataques contra su vida e integridad es común, persistente y sistemático.
Que la persistencia de la grave situación en contra de las mujeres defensoras en Colombia ha sido también constatada por la Corte Constitucional, que ha proferido órdenes para superar, por lo menos, las siguientes debilidades: (i) la inadecuada respuesta en relación con la protección de la vida, la seguridad personal y la integridad de los y las lideresas de población desplazada1; (ii) la existencia de un riesgo de género en el marco del conflicto, derivado de la pertenencia de las mujeres a organizaciones sociales, o de sus labores de liderazgo y promoción de derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto2 y; (iii) la inadecuada e insuficiente protección para víctimas y testigos en el marco del procedimiento de la ley 975 de 2005, la cual no responde a los estándares y requerimientos de una estrategia integral de protección frente a la investigación de estos crímenes 3.
Que frente a las anteriores constataciones, recomendaciones y órdenes, la respuesta del Estado colombiano sigue siendo insuficiente, en particular, por las deficiencias en las medidas de prevención, protección y sanción que promueven la agudización de las condiciones de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos.
RESUELVE:
Exhortar al Presidente de la República y altos funcionarios del gobierno, en cumplimiento de las Directivas Presidencial (07 de 1999) y Ministerial (09 de 2003), a poner fin a la estigmatización sistemática contra las y los defensores, a producir una declaración pública y expresa en la cual reconozca la importancia de la labor legítima de las y los defensores y su imprescindible contribución al fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho;
Exigir al gobierno nacional que cesen las labores de espionaje ilegal en contra de las y los defensores y la recolección ilegal de información por parte de los distintos servicios de inteligencia y que se garantice que las y los defensores tengan acceso a la información completa y oportuna contenida en archivos de inteligencia, y que la Fiscalía General de la Nación avance de manera pronta e imparcial en las investigaciones en curso en contra de todos los funcionarios implicados en las actividades ilegales del DAS, para establecer tanto quienes dieron la orden como quienes la ejecutaron.
Demandar que cese la práctica de las judicializaciones de defensores y defensoras con base en informes de inteligencia y declaraciones de informantes o desmovilizados hechas a cambio de beneficios jurídicos o económicos, igualmente que se abran procesos penales y disciplinarios en contra de todo fiscal o cualquier otro funcionario público que haya violado la ley investigando a defensores y defensoras sobre la base de indicios falsos o sin fundamento y se ordenen las sanciones correspondientes.
Exigir que los programas de protección del Ministerio del Interior sean implementados de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto, y que toda reforma a dichos programas se concierte mediante consultas directas con las y los defensores de derechos humanos para asegurar que los cambios responden a las necesidades de los mismos en todas las regiones del país, en particular:
Exigir que se ponga fin a la impunidad y se garantice la independencia judicial. Que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía investigue y centralice todas las denuncias de amenazas y violaciones contra las y los defensores, identifique la cadena de responsabilidad de mando en los crímenes y sancione a los responsables. La Fiscalía deberá informar periódicamente y públicamente de los resultados de estas investigaciones; Que se deroguen los convenios entre la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia militar y policial (RIME, DINTE y DIPOL) para evitar que se otorguen facultades de policía judicial a los servicios de inteligencia y prohibir la utilización de informes de inteligencia en los procesos judiciales.
Exigir el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo y poner fin a los nexos con agentes estatales, igualmente juzgar y sancionar a los agentes estatales que han participado en, apoyado o tolerado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos por parte de grupos paramilitares, incluso en contra de defensores y defensoras.
Demandar del Estado Colombiano las garantías para la labor que realizan las mujeres en defensa de sus derechos, las investigaciones y sanciones para los hechos de violencia, incluida la violencia sexual contra las mujeres y su labor de defensa de sus derechos humanos.
Instar Exigir al Estado colombiano poner fin, de manera inmediata a los hechos de violencia contra las mujeres en particular a las defensoras que son atribuibles a la responsabilidad de agentes del Estado.
Exigir al Estado colombiano a cumplir en su totalidad con las órdenes derivadas del auto 092 (prevención y protección de las mujeres en situación de desplazamiento).
Ereván, abril de 2010