Pastrana rompe el proceso de paz

22/02/2002
Llamado urgente
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La FIDH lamenta la ruptura del proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), anunciada por Andrés Pastrana a las nueve de la noche del miércoles 20 de febrero. Un día después, se han iniciado las operaciones militares en el Caguán con el desplazamiento de alrededor de 13.000 soldados y bombardeos en 85 lugares estratégicos de la zona. A juicio de la FIDH el paso dado por el presidente Pastrana profundiza el deterioro de la situación colombiana y solo beneficia a quienes han hecho de la guerra su negocio. Percibe la FIDH que estas medidas van en contravía de los más profundos anhelos y de los intereses más sentidos de las mayorías colombianas. Razones suficientes para descartar su conveniencia.

2) En especial, la FIDH lamenta que no se haya cumplido el cronograma acordado el pasado mes de Enero, en el que se acordaban las reglas para pactar un cese al fuego y de hostilidades a partir del próximo 7 de abril, fecha tope para realizar avances en los acuerdos y proceder a la prórroga de la zona de distensión.

3.) Debe señalarse que la FIDH repudia todo recurso a la violencia y toda violación al derecho internacional humanitario, en particular las acciones llevadas a cabo por las FARC en las últimas semanas que han alimentado la extrema derecha en Colombia en pleno debate electoral.

4.) La FIDH reitera su advertencia de que el rompimiento definitivo del diálogo no puede más que contribuir al agravamiento de la crisis humanitaria en Colombia, que ya constituye de por sí, una de las más graves del planeta. Durante los 40 meses y 17 días que duró el proceso de diálogo con las FARC hubo más de mil masacres, más de un millón de desplazados. Entre junio de 2000 y junio de 2001 se ha contabilizado un promedio de 20 muertes diarias por razones políticas. Estas cifras son imputables en sus dos terceras partes al Estado y su proyecto paramilitar. Así mismo se produjeron en el mismo periodo más de diez mil secuestros, imputables más de un 30 % de ellos a los grupos guerrilleros. Sin contar las innumerables tomas de pueblos, destrucción de la infraestructura eléctrica, de oleoductos y vías de comunicación.

5.) Del mismo modo, es de advertir que la escalada de la violencia tendrá consecuencias muy negativas para la estabilidad de toda la región andina.

6.) Manifestamos nuestra preocupación especial por los habitantes de la zona de despeje ya que hasta el momento no se ha hecho público ningún instrumento concreto que permita asegurar su protección y la garantía de todos sus derechos fundamentales. Urgimos una veeduría nacional e internacional sobre la zona que acompañe a la población civil.

7) Del mismo modo, la guerra total incrementará la recesión económica que iniciada hace más de cinco años. De los 42 millones de habitantes de Colombia, 33 millones viven en condiciones de pobreza, de los cuales 9 millones se encuentran en situación de indigencia. El gasto militar se acerca a cinco puntos del Producto Interno Bruto y, esta cifra, en términos del presupuesto Nacional, unida al pago y servicio de la deuda externa representa alrededor del 70% del ingreso nacional.

8) Igualmente, se acoge con preocupación el hecho de que el aumento de la violencia puede afectar negativamente el desarrollo de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Un cese al fuego, habría permitido que pudiese desarrollarse un debate más democrático y la participación libre de todas las colombianas y colombianos. Desgraciadamente, en vistas de la situación actual, se teme que la voluntad popular se encuentre sometida más que nunca a los candidatos del proyecto paramilitar.

9.) La FIDH señala que el aumento de la violencia producido por la ruptura del proceso de negociación y diálogo es susceptible de perjudicar significativamente a todas las organizaciones de la sociedad civil colombiana, y en particular a los defensores de derechos humanos, ya se trate de derechos civiles y políticos, como de derechos económicos, sociales y culturales.

10.) Por todo lo arriba señalado, la FIDH urge a las partes implicadas en el conflicto a respectar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de toda la población civil no combatiente. A este fin, les insta a firmar cuanto antes un Acuerdo Global de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario tal y como ha sido recomendado por la Comisión de Derechos Humanos y por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

11) Igualmente, la FIDH insta a la comunidad internacional y en particular a los diez embajadores del "grupo de países amigos" y al delegado del Secretario General de Naciones Unidas, a que no renuncien a sus esfuerzos para seguir buscando una salida política negociada al conflicto armado.

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