Llamado especial- Junio/Noviembre de 2003

08/12/2003
Llamado urgente

El Observatorio para la protección de defensores de derechos humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expresa su extrema preocupación por el agravamiento de la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos en Colombia.

Esta situación se debe en particular a la posición a este respecto de Alvaro Uribe Velez, presidente de la República de Colombia. En sus discursos de 8 y 11 de septiembre de 2003, Alvaro Uribe Velez, acusa a los defensores de derechos humanos de ’politiqueros’, de ’traficantes de derechos humanos’ y de ’defensores del terrorismo’ y establece una distinción simplista y arbitraria entre ’buenos y malos’ defensores de derechos humanos. En particular, declara : "Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos". El Presidente colombiano utiliza de este modo el pretexto de la lucha contra el terrorismo para desacreditar y criminalizar a los defensores de derechos humanos. Esta amalgama constituye una grave amenaza contra los defensores de derechos humanos en Colombia (Ver Comunicado de Prensa del Observatorio de 12 de septiembre de 2003).

La reacción de la Comunidad Internacional frente a este discurso agresivo contra los defensores de derechos humanos fue contundente e inmediata, en particular por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Unión europea, que en una declaración con fecha del 9 de septiembre, recuerda su apoyo a la sociedad civil Colombiana. Las organizaciones de derechos humanos se han pronunciado igualmente de manera unánime expresando su solidaridad con los defensores de derechos humanos colombianos y expresando su firme condena al discurso de Uribe Velez. A pesar de la respuesta unánime de la Comunidad internacional, el presidente de Colombia reafirmó está distinción entre ’buenas y malas’ ONG frente a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el 30 de septiembre de 2003 y no ha procedido hasta la fecha a una rectificación de tales propósitos.

La situación es tanto más preocupante si se considera que el discurso del Presidente de Colombia ha sido acogido con extrema satisfacción por las Autodefensas Unidas de Colombia - Bloque Bolivar, que en un comunicado hecho público en septiembre, expresan su aprobación con las declaraciones del presidente y se refieren directamente a ONG de reconocido prestigio internacional, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas (Ver Comunicado de Prensa del Observatorio de 2 de octubre de 2003).

El Observatorio recuerda que esta grave situación de inseguridad de los defensores se inscribe en el contexto de un conflicto social y armado, donde el Estado ha tratado en diversas ocasiones de establecer medidas que limitan el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. En este sentido, debe recordarse la persistencia por parte del gobierno para introducir medidas restrictivas. Aunque estas medidas represivas de este tipo habían sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en abril de 2003 y rechazadas por la población colombiana durante el referendo del pasado 26 de octubre de 2003, el gobierno de Colombia continua intentando integrarlas en su estratégia política. De este modo, el proyecto de Acto legislativo 223 de 2003 sobre el Estatuto antiterrorista preve la atribución de funciones de policía judicial a la fuerza pública (allanamientos, detenciones y intercepción de comunicaciones sin orden judicial, ...).

En este contexto, los casos que se presentan a continuación, basados en la información recibida por el Observatorio, y que de ningún modo pretenden constituir una compilación exhaustiva de las agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia, ejemplifican claramente la situación precaria de aquellos que trabajan por la defensa de los derechos humanos en este país. Se destaca en particular, el incremento significativo del número de detenciones arbitrárias de defensores de derechos humanos en las regiones. El proceso de judicialización de Justicia y Paz constituye un ejemplo aun más preocupante en tanto que la criminalización de los defensores de derechos humanos se produce también contra asociaciones de ámbito nacional.

MIEMBROS DE ONG DE DERECHOS HUMANOS

Asesinatos

El 16 de septiembre de 2003, Jairo Roberto Moncayo Pascuaza, dirigente estudiantil y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Nariño, fue asesinado en la ciudad de Pasto por dos hombres en motocicleta. Jairo Moncayo Pascuaza trabajaba con las comunidades en situación de desplazamiento forzado. De igual manera colaboraba en tareas sobre el fortalecimiento y ayuda en defensa de los derechos humanos, en proyectos y programas con la vicepresidencia de la República, así como con Redepaz y con la Defensoría del pueblo. Se encontraba inscrito en el programa de protección a sindicalistas, lideres sociales y defensores de derechos humanos del ministerio del interior.
El 16 de octubre, Esperanza Amaris Miranda, miembra del equipo base de una Casa de la Mujer en Barrancabermeja, perteneciente a la Organización Femenina Popular (OFP), fue asesinada por paramilitares frente a un colegio de Barrancabermeja y su cadáver fue arrojado en la vía pública. Tres paramilitares armados se la habían llevado a la fuerza en un vehículo frente a su casa, cinco minuto antes.
En el mismo instante en que se tuvo conocimiento de su desaparición, la OFP intentó comunicarse con la fuerza pública, lo cual no fue posible ya que nadie contestó las llamadas, a pesar del mecanismo de comunicación establecido por las autoridades para tener una reacción inmediata frente a cualquier tipo de violación a los derechos humanos.
Esperanza Amaris Miranda, en el marco de sus actividades había denunciado ante la Fiscalía amenazas provenientes de grupos paramilitares. (Ver llamado urgente del Observatorio COL 006 / 1003 / OBS 053 de 21 de octubre de 2003).
Allanamientos

El 7 de julio de 2003, la casa de Marco A. Nieves, vicepresidente de la Acción comunal del barrio Doña Liliana, representante legal y fundador de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos, ANDESCOL, ubicada en Bogotá, fue allanada sin orden judicial por parte de agentes de la Sección de Inteligencia de la Policia (SIJIN), dentro de los cuales se logró identificar al agente Wilson Rico.
Llevarón documentos pertenecientes a ANDESCOL, a la Junta de Acción Comunal de dicho barrio y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, relacionados con los diferentes eventos que vienen desarrollando en conjunto.

Detenciones arbitrarias/ judicialización

En la noche del 30 de julio, Teresa de Jesús Cedeño Galindez, presidenta del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) de Arauca, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación y acusada de "fraude procesal". La captura se produjo sin el cumplimiento de las estrictas formalidades legales. (Ver llamado urgente del Observatorio COL 002 / 0803 / OBS 037 de 6 de agosto de 2003).
El 6 de agosto de 2003, la Fiscalía emitió una resolución en la que confirma los cargos contra Teresa Cedeño y se prevé su libertad, que se hizo efectiva el 8 de agosto.
Horas antes de su detención, la abogada Cedeño había expuesto, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ante los representantes del Estado Colombiano encargados de la implementación de las medidas cautelares de protección, la dramática persecución a su labor profesional en Arauca, por parte de la Unidad de Apoyo e la Fiscalía General de la Nación, del mando militar y de los organismos de seguridad de Arauca.
Teresa de Jesús Cedeño Galindez beneficía, desde octubre de 2002, de Medidas Cautelares solicitadas para su protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a las continuas amenazas que ella ha recibido de parte de grupos paramilitares de la región en donde ella trabaja.

Los miembros de la ONG Comisión de Justicia y Paz (CJP), que trabajan en el proyecto de Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA), en la zona del Río Cacarica (Departamento del Chocó) fueron víctimas de graves acusaciones, de hostigamiento y víctimas de judicialización.
Esta ONG mantiene presencia y acompañamiento permanente en las comunidades de antiguos desplazados que habitan en la zona del Cacarica. Estas comunidades de afrodescendientes del Cacarica obtuvieron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de diciembre de 1997, afirmando su condición de población civil que no está involucrada con ningún actor armado.

El 21 de agosto de 2003 el Comandante General de la Fuerzas armadas militares, Jorge Enrique Mora Rangel convocó una rueda de prensa en la que acusó la CJP de, entre otros cosas, abuso de confianza y conformación de grupos al margen de la ley, calificando las comunidades de "campo de concentración�. Estos procesos abiertos contra la CJP son llevados por la abogada de la empresa Maderas del Darien. Estos procesos ocurren cuando por un lado la justicia ha determinado la responsabilidad de la Entidad ambiental del Chocó al favorecer a particulares y a las empresas de Maderas del Darien en la explotación ilegal de los recursos naturales en la cuenca del río Cacarica. Por otro lado, la Corte Constitucional ha aceptado la revisión de la tutela presentada por CJP para proteger los derechos territoriales y ambientales de las comunidades etnicas del Cacarica frente a aprovechamientos industriales de empresas privadas (madera, palma africana)
A través de la Fiscalía General de la Nación, se dió la orden de realizar un operativo militar en esta zona con el fin de capturar paramilitares y al mismo tiempo a miembros de las FARC-EP, incluyendo entre los "alias" (sobrenombres), de las personas a capturar, los mismos nombres de los integrantes de la CJP.

Amenazas/ Hostigamientos.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, Martha Lucia Rentería, defensora de derechos humanos y veedora ciudadana del municipio de Jamundí, fue víctima de amenazas de muerte, y hostigamiento sistemático con seguimiento por parte de hombres que se movilizan en vehículos. Una veeduría ciudadana es una actividad participativa a partir de la cual los ciudadanos vigilan determinada actuación estatal, su transparencia, su adecuación a la ley, sus resultados y el cumplimiento de sus objetivos.
El 26 de septiembre, en la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, dos hombres ingresaron a las oficinas preguntando de manera insistente por Martha Lucia Renteria. Al no obtener respuesta en la recepción fueron hasta la oficina de una alta funcionaria y en tono amenazante le manifestaron: "no se preocupen que nosotros la encontramos donde esté en el día de hoy".
Los 8, 10 y 25 de septiembre, varios vehículos siguieron a Martha Lucía durante varias horas.
El 10 de agosto, un vehículo en el que se movilizaban cuatro hombres siguió a Martha Lucía en el centro de Cali, la llamaron por su nombre y simultáneamente abrieron las cuatro puertas y cuatro hombres descendieron tratando de atraparla, pero ella logró huir.
Martha Lucía recibe permanente llamadas en su celular de diferentes personas que no se identifican pero preguntan insistentemente de quien es ese teléfono y quien habla. Hay que recordar que el 29 de Septiembre de 2000 Martha Lucía Rentería fue víctima de un atentado en Jamundí. La Fiscalía adelantó investigación por estos hechos, la cual se encuentra en etapa preliminar.

El miércoles 19 de noviembre, Teófilo Rangel Ferreira, miembro de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) decidió viajar al Alto Magdalena con su família. Su vehículo fue interceptado por paramilitares, una vez que Teófilo Rangel Ferreira había descendido del vehículo. Los paramilitares retuvieron durante unas horas al hermano del Sr. Ferreira con el objeto de ubicar a éste mismo.

SINDICALISTAS

Asesinatos

El 15 de junio de 2003, Marco Tulio Diaz, ex Presidente de la USO en Tibu y presidente de la Asociación Nacional de Jubilados de Ecopetrol, fue asesinado al interior de la casa donde reside su madre y su hermano, quien lo acompañaba, fue gravemente herido. Marco Tulio Diaz había trabajado durante más de 20 años en ECOPETROL.

El 15 de julio de 2003, Alberto Marquez, miembro y asesor de SINTRAGRITOL y la Asociación de Cabildos Indígenas de Tolima -ACIT-, fue asesinado con su escolta, Nelson Castiblanco, en Nataigama por paramilitares del Bloque Tolima. Alberto Márquez había recibido numerosas amenazas de parte de grupos paramilitares de la región, obligándole a desplazarse con su familia. Alberto Marquez era reconocido por su trabajo a favor de los derechos de la población rural indígena y campesina. (Ver llamado urgente del Observatorio COL 003 / 0803 / OBS 040 de 19 de agosto de 2003)

El pasado 12 de noviembre, Zuly Esther Colina Perez, dirigenta nacional del sindicato de Empleados de la Salud y Seguridad Social - SINDESS- fue asesinada en la ciudad de Santa Marta, departamento de Magdalena, cuando se dirigía al Hospital Central, donde trabajaba.

El 30 de noviembre, fue asesinado Carlos de la Rosa Elles, el tesorero del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Transportes Atlántico-SINTRAATLANTICO- filial de la Cut sub.-directiva Atlántico, en Barranquilla. Este asesinato se situa en un contexto de un conflicto laboral entre este sindicato y la compañía Transportes Atlántico, que se niega a reconocer a este sindicato.

Detenciones arbitrarias/ judicialización del movimiento social.

El 6 de agosto de 2003, el Fiscal Seccional 61 Juan Carlos Losada Perdomo profirió resolución de acusación por los delitos de injuria y calumnia, en contra de Luis Javier Correa Suarez, Jorge Humberto Leal, Juan Carlos Galvis, Luis Eduardo Garcia, Alvaro González, José Domingo Florez, y Edgar Alberto Paez Melo, miembros de la Dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos SINALTRAINAL. La resolución de acusación fue proferida por la querella formulada por PANAMCO Colombia S. A. y la Embotelladota de Santander S. A. (embotelladoras de Coca Cola en Colombia}.

El 17 de agosto de 2003, en el Departamento de Sucre, municipios de Chalán, Colosó y Ovejas, líderes y miembros de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) fueron detenidos, en un operativo de la Fiscalía, la Policía y la Infantería de Marina que implicó la detención de otras 156 personas. (Ver llamado urgente del Observatorio COL 003 / 0803 / OBS 040 de 19 de agosto de 2003)

En el departamento de Tolima, el 24 de agosto, fue detenida Amparo Arciniegas, Secretaria General de la seccional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (SINTRAGRITOL), en el marco de un operativo militar en los municipios de Coello, Cajamarca y Anaime, donde fueron detenidas 58 personas, entre las que se encontraban sindicalistas y líderes sociales. (Ver llamado urgente del Observatorio COL 003 / 0803 / OBS 040 de 19 de agosto de 2003)

El 12 de agosto, fue detenido en Bogotá el Sr. Hermes Vallejo Jiménez, miembro de la Asociación de pequeños y medianos agricultores del Tolima (ASOPEMA). Las Autodefensas Unidas de Colombia AUC -
Bloque Tolima, han declarado «objetivo militar» a todos los integrantes de la ASOPEMA. Los paramilitares hostigaron a todos los lideres campesinos miembros de Asopema provocando su desplazamiento forzado.

El 21 de agosto de 2003, fueron detenidos arbitrariamente al menos 16 activistas de derechos humanos, periodistas y líderes del movimiento social. Este hecho se produjo en el marco de un operativo militar donde centenares de efectivos del ejército, miembros de la policía, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y de la Fiscalía, acompañados por sujetos encapuchados, allanaron decenas de casas de habitación en municipio de Saravena (Arauca), procediendo a detener a cerca de 42 personas, 28 de las cuales se encontraban todavía en prisión hasta el 27 de agosto.
En particular, en esa ocasión fueron detenidos los Sres. José Murillo Tobo, Presidente del Comité regional de derechos humanos "Joel Sierra" de Arauca y Alonso Campiño Bedoya, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la seccional Arauca y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", ambos beneficiarios de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fueron detenidos los Sres. Willian Jiménez, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos del Municipio (Sidem), Blanca Segura, Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTRENAL), y Jairo Machado Durán, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Libertadores de Saravena (ver carta abierta al Presidente Uribe 02/09/03).
El 14 de octubre de 2003, Rudy Robles, Secretario General de SINDEAGRICULTORES fue detenido arbitrariamente en el municipio de Colosó. En diciembre de 2003 se encontraba todavía detenido en la carcel de la Vega en Cincelejo (Departamento de Sucre).

El 14 de octubre de 2003, Eduardo Hernandez Cabrera, dirigente sindical de las Empresas Públicas del Municipio del Espinal (departamento del Tolima), desapareció, víctima de una retención. Fue abordado por personas desconocidas (al parecer miembros del GAULA), retenido y conducido con un vehículo a un lugar desconocido. Según informaciones de parte de FENSUAGRO, fue detenido arbitrariamente y en noviembre de 2003 se encontraba en la carcel de Ibague.
Así mismo, el mismo día fue detenida en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, la señora Rocio del Pilar Hernandez Cabrera, hermana de Eduardo Hernandez.

Amenazas/ actos de hostigamiento

El 15 de agosto de 2003, dirigentes de la Unión Sindical Obrera de los trabajadores del Petróleo (USO) en Barrancabermeja, fueron víctima de amenazas de muerte. Un sufragio, encontrado en la sede del sindicato, se encontraba dirigido a los directivos Mauricio Alvarez, Victor Jaimes, Juvencio Seija y Elkin Menco. El sufragio se encongtraba firmado por un grupo denominado MDU (Literalmente: muerte a los dirigentes de la USO).
Dichas amenazas ocurrieron durante la negociación de la Convención Colectiva presentada por el sindicato a la estatal petrolera Ecopetrol, que ha encontrado como respuesta del gobierno nacional, la militarización de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja y la detención y criminalizacion de varios miembros de la organización de trabajadores. (Ver llamado urgente del Observatorio Col 003/0803/OBS 040 de 19 de agosto de 2003).

El 22 de agosto, Juan Carlos Galvis fue víctima de una tentativa de asesinato al salir de la sede de su sindicato en Barrancabermeja. Los sicarios encañonaron el vehículo del Programa de Protección del Ministerio del Interior, donde se movilizaba el dirigente sindical, lo cual obligó a uno de los escoltas a detener el vehículo e identificarse como personal adscrito al Departamento Administrativo de Seguridad, ante lo cual, los agresores dispararon contra el vehículo antes de huir. El 25 de agosto, una persona que no se identificó llamó a la sede del Concejal del Partido Comunista David Ravelo Crespo para amenazarlo de muerte, y a la vez le dijeron que si Juan Carlos Galvis se había salvado, la próxima vez no se salvaría.
En la madrugada del 4 de septiembre de 2003, Juan Carlos Galvis, Presidente de la CUT seccional Barrancabermeja y Vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos Sinaltrainal, recibió varias amenazas por teléfono en su casa.
Juan Carlos Galvis, beneficia de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Ver Carta Abierta del Observatorio de 2 de septiembre de 2003).

El pasado 22 de octubre, José Onofre Esquivel Luna, miembro de la Junta Directiva de SINALTRAINAL-sección Bulagrande fue objeto de actos de hostigamiento en el municipio de Bulagrande. Dos individuos que se desplazaban en una moto sin placas, se presentaron en su casa de parte de la Fiscalía. El 28 de octubre, dos individuos, que afirmaban ser agentes de la SIPOL preguntaron por José ONOFRE en la fábrica donde este trabaja. Tras realizar las verificaciones pertinentes en la Fiscalía, esta institución negó haber enviado agentes en su búsqueda. Debe recordarse que dias antes José ONOFRE fue incluido en un comunicado de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el que se le declaraba objetivo militar.

El 30 de octubre, Domingo Tovar Arrieta, Director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, recibe una llamada telefónica el 30 de octubre en la que se decía « Pagará con su vida la pérdida del referendum ». Domingo Tovar Arrieta se había encontrado particularmente activo en la campaña por la Abstanción Activa contra el Referendum del 26 de octubre de 2003.

El 30 de octubre, se produjeron amenazas de muerte por via teléfonica contra el Sr. Heberth Suarez, presidente de SINALTRAINAL- Seccional de Cali, en las que se afirmó "dígale a ese sindicalista hijueputa que lo vamos a matar". Heberth Suarez había sido anteriormente objeto de intimidaciones, como sucedió en septiembre de 2003, cuando un individuo, que se identificó como agente especial enviado por el gobierno desde Bogotá, le indicó que tuviera cuidado en Pradera ya que esa ciudad estaba llena de paramilitares.

El 26 de noviembre de 2003, la sede nacional en Bogotá del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) recibió una carta fechada del 11 de noviembre en la que se amenaza a las organizaciones sindicales : ANTHOC, USO, UNEB, SINDESENA, y SINTRAUNICOL. Refiriéndose a ’acciones militares’ el texto afirma « Estas acciones tocarán a cada uno ustedes que ha sido detectado y advertido: José Munera, Antonio Florez, Luis Otalvaro, Elizabeth Montoya, Norberto Moreno, Bessi Pertuz, Luis Ernesto Rodríguez, Alvaro Velez, Mario Puerto, Alvaro Villamizar, Eduardo Camacho, Pedro Galeano, Ana Milena Cobos, Carlos Gonzales y Alirel Diaz».

Secuestros, Retenciones, malos tratos

El 10 de Septiembre de 2003, David José Carranza Calle, de 15 años de edad, hijo del trabajador de Coca Cola en la ciudad de Barranquilla y Dirigente Nacional de SINALTRAINAL Limberto Carranza, fue secuestrado y torturado. Cuatro sujetos desconocidos, con capuchas, lo habían obligado a subir a una camioneta blanca. Lo arrojaron en el sitio conocido como cañón de la ahuyama, donde fue recogido por un señor que transitaba y lo llevó ante la policía.
Al mismo tiempo, en casa de Limberto Carranza se recibió una llamada telefónica donde le dijeron "sindicalista hijueputa, te vamos a quebrar, sino te quebramos a ti, haremos un atentado contra la vivienda". (Ver llamado urgente COL 005/ 0903/ OBS 047 del 19 de septiembre de 2003).

El 30 de septiembre de 2003, Bessy Pertuz, Vicepresidenta del Sindicato de Empleado y Trabajadores Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), fue víctima de retención por parte de sujetos desconocidos.
Al salir de las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, Bessy Pertuz, le hizo parada a un taxi. En el momento en que ella entraba, sintió un empujón y segundos después se encontró al interior del vehículo en el medio de dos hombres que le dijeron que cerrara los ojos y se quedara quieta. A lo largo del recorrido de dos horas a través de la ciudad, la amenazaron diciéndole que lo mejor era que abandonara su actividad sindical. Finalmente la abandonaron en un barrio al sur de la ciudad. Se llevaron un teléfono celular y los diskettes que contenían información del sindicato.
Por otro lado, desde el 26 de septiembre, ha recibido en la oficina llamadas en las cuales no hablan o al escuchar su voz inmediatamente cuelgan.
Es integrante de la Red Social de Apoyo a Sindicalistas, hace parte del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Es coordinadora e impulsora de la cátedra de Derechos Humanos en las Universidades del Valle, Nacional, Atlántico y Fusagasuga.

El 23 de octubre de 2003, Yorman Rodríguez, esposa de Rudy Robles Rivero, fue abordada en un retén de la policía ubicado en la vía entre Tolú Viejo y Colosó, donde los agentes intentaron agredirla sexualmente, maltratarla física y psicológicamente, instarla a "colaborar con la fuerza pública" mediante un prolongado interrogatorio, le retuvieron el celular que portaba, otorgado a su esposo Ruddy Robles Rivero, por el Programa de Protección a Líderes Sociales del Ministerio del Interior.
Rudy Robles, fue una de las personas que el pasado 28 de julio dio lectura al informe de la situación de derechos humanos que se vivía en la región de Montes de María frente a una Comisión de Verificación conformada por Organizaciones No Gubernamentales, representantes del Gobierno y las Naciones Unidas, que había viajado para tal fin.

LIDERES INDIGENAS/ CAMPESINOS.

Asesinatos

El 12 de agosto de 2003, fue asesinado Reinaldo Perdomo, defensor de derechos humanos del Ariari y líder comunitario de la región (ver carta abierta al Presidente Uribe 02/09/03).

Amenazas/ Hostigamiento

El 2 de julio de 2003, en Coyaima, un grupo de paramilitares amenazaron con arma corta al líder indígena Abelardo Tacuma, perteneciente al Cabildo indígena Chenche Zaragoza Centro, quien le decretaron destierro, so pena de muerte si no lo hace. Frecuentemente camionetas con paramilitares recorren las comunidades indígenas del Municipio de Coyaima, amenazando a sus habitantes y pintando en las paredes principalmente de casas y escuelas las iniciales que los identifican: AUC.

El 29 de julio de 2003, Luz Perly Córdoba, presidenta de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), fue víctima de persecución por parte de paramilitares cuando salía de la Brigada 18 del Ejército, en Arauca, tras haber declarado durante dos horas ante una Fiscal.
La presidenta de la ACA había sido llamada a declarar tras la detención de Apolinar Herrera, fiscal de la ACA , detenido el 5 de julio y acusado de rebelión.
Así mismo, el vehículo de reconocidos paramilitares de la región siguió -junto a un vehículo de la Armada Nacional- a Luz Perly Córdoba, justo a su salida de la sede de la Brigada 18. Estos hechos evidencian de forma clara y contundente la complicidad existente entre el Ejército Nacional y los grupos paramilitares que operan en Arauca, complicidad reiteradamente denunciada por las organizaciones sociales y sindicales -e incluso por la propia población civil- del departamento de Arauca.
El 28 de octubre, Jorge Dicue, Coordinador de la oficina de Atención a Usuarios de la AIC del Programa de Salud de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN, fué amenazado por teléfono mediante una llamada que afirmaba "Le damos cuatro dias para que se vayan y si no le enviamos a los paramilitares para que les den plomo allá�. En los días posteriores siguió recibiendo amenazas telefónicas. El 4 de noviembre, desconocidos allanaron la casa del Sr. Jorge Dicue y registraron sus documentos.
Los días 4, 5 y 7 de noviembre, la antropóloga Luz Angela Palacios, que trabaja en el programa de Salud para la misma institución también recibió llamadas telefónicas con amenazas contra ella y su familia.

Detenciones arbitrarias.

El 26 de septiembre de 2003, Arcadio Mutumbajoy, Vicepresidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), fue detenido junto con otras 18 personas indígenas y campesinos, acusados de ser miembros de la FARC.
Antes de su detención, Arcadio Mutumbajoy se enteró de que era parte de la mencionada lista por lo que decidió presentarse de inmediato a la Fiscalía en la ciudad de Mocoa, en donde le dijeron que en su contra no existía ningún tipo de requerimiento, sin embargo, días después fue detenido en medio de un gigantesco despliegue militar y periodístico. Anteriormente, fue señalado por las mismas FARC, que lo tildaron de ser informante de los militares.

Direcciones :
S. E ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86, email : auribe@presidencia.gov.co

S. SABAS PRETELT, Ministro del Interior y Justicia,
Carrera 8 # 8-09 - Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25

S. JORGE ALBERTO URIBE, Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Santa Fe de Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax: +57.1.222.1874

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n. 10-32 Santa Fe de Bogotá
Fax: +57.1.346.1225

FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 No 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C.
Telefax: +57.1.337.1351

Gral (RE) TEODORO CAMPO, Director General Policía Nacional, Santafé de Bogotá
Fax: +57.1.428.7634 - +57.1.315.9527

LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz Fax: +57.1.560.9946

Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países

Ginebra - Paris, 8 de diciembre de 2003

Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998

Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch

Leer más
appelobs