Llamado Especial- diciembre 2003 a abril 2004.

26/05/2004
Llamado urgente

El Observatorio para la protección de defensores de derechos humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la organización Mundial contra la Tortura (OMCT), manifiesta su extrema preocupación por la situación de inseguridad y la restricción de las posibilidades de acción de los defensores de derechos humanos en Colombia.

El Observatorio resalta que continúa la total falta de consideración frente al trabajo de los defensores por parte de las autoridades Colombianas, y la aprobación de leyes que restringen las libertades fundamentales, y criminalizan la sociedad civil de este país.

El Observatorio expresa su preocupación particular por el hecho de que el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante este periodo ha reiterado sus declaraciones públicas que estigmatizan a los defensores de derechos humanos, cuestionando su legitimidad y asimilándolos con grupos terroristas. En efecto, durante unas declaraciones efectuadas el pasado 10 de febrero ante la plenaria del Parlamento Europeo, el Presidente Uribe Vélez reiteró sus críticas al trabajo de las organizaciones de derechos humanos poniendo como ejemplo al Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". Además, el Sr. Uribe Vélez afirmó que «no se puede utilizar el tema de los derechos humanos como excusa para dar cobertura a los terroristas» (ver Comunicado del Observatorio de 12 de febrero de 2004).

Dentro de este contexto, el Observatorio expresa su consternación por el hecho de que en su discurso del 16 de marzo de 2004 ante la 60 reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Vicepresidente colombiano Francisco Santos Calderón no haya mencionado más que en una ocasión y de forma indirecta a los defensores de derechos humanos y que haya omitido cualquier tipo de referencia a la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1998. El Vicepresidente de Colombia se permitió también afirmar que los mecanismos de Naciones Unidas que visitaron Colombia en 2003 viajaron al país «con ideas preconcebidas» y que estos, al constatar las evidentes violaciones de derechos humanos en Colombia «con esta actitud, le hacen daño al sistema de relatores de las Naciones Unidas». Esta negación total por parte de las autoridades colombianas, de la necesidad y de la utilidad del trabajo de defensa de derechos humanos, debilita de manera considerable la situación de seguridad de los defensores en Colombia.

El Observatorio denuncia igualmente la persistencia del gobierno colombiano en restringir las libertades y derechos fundamentales mediante la figura de Actos legislativos, como el Acto 223 de 2003 sobre el Estatuto Antiterrorista (aprobado por la plenaria del senado el 10 de diciembre de 2003). Dicho acto legislativo, que atribuye funciones de policía judicial a las fuerzas armadas, viola expresamente las Recomendaciones formuladas en el año 2003 a Colombia por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACDH), (Recomendación No. 15).

El Observatorio acoge con satisfacción las iniciativas realizadas por parte de la sociedad civil en apoyo de los defensores de derechos humanos colombianos. En particular debe destacarse, que dentro del marco de una misión de solidaridad organizada por la FIDH, la Sra. Shirin Ebadi, Premio Nóbel de la Paz 2003, visitó Colombia. Durante esta visita, la Sra. Shirin Ebadi pudo expresar su solidaridad y respaldo a los defensores de derechos humanos colombianos así como sus preocupaciones por la situación de seguridad de los mismos y en particular de los miembros del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", durante un encuentro con el Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
En respaldo de los defensores de derechos humanos colombianos, debe también señalarse la celebración del XXXV Congreso Mundial de la FIDH en Quito, Ecuador, cuya temática central fue la situación de los derechos humanos en Colombia. (ver Carta Abierta del Observatorio de 25 de marzo de 2004).

MIEMBROS DE ONG DE DERECHOS HUMANOS

Asesinatos/ Atentados

El 3 de diciembre de 2004 fue asesinado en Barrancabermeja, el Sr. Jesús Rojas Castañeda, miembro de la Asociación de Educadores Municipales (ASDEM), hermano de Jackeline Rojas Castañeda, quien es miembro de la Organización Femenina Popular (OFP), y cuñado de Juan Carlos Galvis, Vicepresidente de SINALTRAINAL. Tales hechos pueden encontrarse relacionados con el trabajo de SINALTRAINAL en la defensa de los derechos de los trabajadores.

El 7 de febrero fue asesinado en Barranquilla el Sr. José Mendivil Cárdenas, defensor de derechos humanos que ha trabajado para numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional. El asesinato fue llevado a cabo por individuos no identificados que dispararon al vehículo del Sr. Cárdenas desde una moto.

El 6 de marzo de 2004, miembros de la Organización Femenina Popular (OFP) encontraron en la puerta de la sede de Casa de la Mujer una bomba molotov. Este incidente tuvo lugar dos días antes del 8 de marzo, Conmemoración del Día de la Mujer, para lo cual la OFP tenía programadas varias actividades en Barrancabermeja. Según testimonio de dicha organización "el atentado (...) es una respuesta, por parte de los paramilitares, a la campaña por la Civilidad que durante el día anterior las mujeres de base adelantaron puerta a puerta en ese municipio."

El 1 de abril de 2004, Carlos Bernal, abogado colaborador del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, fue asesinado por dos hombres desconocidos mientras comía en la ciudad de Cúcuta. También fue víctima de disparos Camilo Jiménez, funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien había sido asignado como su escolta por el programa de protección del Gobierno.

Allanamientos

El 19 de diciembre de 2003, la sede de la organización no gubernamental de promoción, protección y exigibilidad de los derechos de las mujeres colombianas Casa de la Mujer, que trabaja junto con la Organización Femenina Popular (OFP), fue allanada, en Bogotá, por unos hombres desconocidos y armados, que se llevaron todas las informaciones institucionales, contables y financieras de la ONG. La Policía se negó a abrir un acta oficial de la denuncia presentada por la Casa de la Mujer y a oír las descripciones y datos que hubieran podido permitir la identificación de los ladrones.(ver llamado especial del Observatorio de 24/12/2003)

El 12 de marzo de 2004, fue allanada sin orden judicial la sede de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por miembros de la Fiscalía acompañados de tropas del Batallón Bejarano Muñoz y del DAS.
A raíz de este allanamiento y del de su propia casa, fue detenida Diana Valderrama, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz por "portar documentos que resultaban sospechosos ya que incitaban a la población a mantenerse al margen del conflicto y a no prestar colaboración a los actores armados incluido el ejército". Durante su detención fue amenazada e intimidada por individuos encapuchados. Fue liberada después de 24 horas, sin cargo alguno.

Detenciones arbitrarias / judicialización

El 12 de diciembre de 2003, miembros de la policía colombiana ingresaron a la sede de la Fundación Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra" y otras organizaciones sociales, en la ciudad de Saravena y detuvieron a todos los hombres que se encontraban en el lugar. Dicha detención se produjo sin orden judicial utilizando el pretexto de que los detenidos se encontraban hostigando con armas la estación de policía desde la sede. Entre los detenidos se encontraban Yilson Torres, actual Presidente de la Fundación, Isnaldo González, Vicepresidente, Andrés Rivera, asistente en el equipo pedagógico del CCAJAR y Veimer Martínez, Emmanuel Riveros, Arnulfo Duarte, Luis Parmenio González, miembros de distintas secciones de la Fundación. No se les permitió la asistencia jurídica hasta las 10 de la noche, y fueron tratados de manera ofensiva y amenazante. Fueron puestos en libertad el mismo día a las 23:30 hora local.

La abogada Teresa de Jesús Cedeño Galíndez, Presidenta del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en el Departamento de Arauca, sigue siendo objeto de una investigación penal y acusada de ser una auxiliar de la guerrilla. Había sido detenida y encarcelada en julio de 2003, antes de ser liberada el 8 de agosto del mismo año. Las acusaciones graves de participar y/o apoyar la guerrilla ponen a la abogada en grave peligro, y la señalan como víctima potencial de los paramilitares.

La Fiscalía General de la Nación lleva a cabo una investigación penal contra los miembros de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), y señala a Yenly Angélica Méndez, abogada de la corporación, como vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se teme una criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos de esta asociación, y por la integridad física de Yenly Angélica Méndez que se ve señalada como una víctima potencial de los paramilitares.

Amenazas / Hostigamiento/ malos tratos

Desde el 5 de diciembre de 2003, los miembros de la Federación Universitaria Nacional (FUN) y del movimiento formado por miembros de las comisiones de la misma: Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP), son víctimas de amenazas, señalamientos e intimidaciones por parte de grupos paramilitares. Estas intimidaciones constituyen una amenaza directa para la integridad física de Adriana Lozano, Miguel Ángel Barriga, Yamile Garzón y Claudia Angélica Beltrán, miembros de la FUN, que son víctimas de señalamientos y de amenazas físicas directas.

Se recuerda que a partir del 30 de noviembre de 2003, permanecieron detenidos en Cúcuta de forma arbitraria, durante seis días, cinco estudiantes universitarios miembros de la FUN que regresaban del II Congreso de los Pueblos de Caracas, Venezuela. Acusados de rebelión, fueron víctima de intimidaciones y malos tratos por parte de las autoridades.

El 9 de diciembre de 2003, David Raboso y Dorotea Timmer, con mandato de las Brigadas Internacionales de la Paz (PBI) para acompañar a miembros de la Comunidad de la Paz, fueron víctimas de un ataque armado y de un robo en una región ubicada cerca de Apartadó, entre Mangolo y Tierra Amarilla, y señalada como puesto de control de las autodefensas. Los hombres que les asaltaron, fuertemente armados, que conocían su mandato y su actividad, robaron el dinero destinado a la realización de proyectos comunitarios (varios millones de pesos) así como los documentos de identificación de algunos miembros de la comunidad y sus libretas bancarias. (ver llamado especial del Observatorio del 23/12/2003)

El 9 de enero de 2004, llegó a la sede de la Asociación de Institutores del Cauca (ASOINCA) en Popayán, un sobre dirigido a los "Integrantes de la Junta Directiva", profiriendo amenazas contra los universitarios, "terroristas, ahora disfrazados de demócratas". Desde enero de 2004, se han realizado llamadas telefónicas a la sede de ASOINCA profiriendo amenazas contra la Junta Directiva. El día 15 de marzo de 2004, siendo las 4:00 de la madrugada, se presentó al frente de la casa del profesor José Elías Chanchí, miembro de la Junta Directiva de ASOINCA, un individuo que en más de tres ocasiones fue encontrado en los alrededores de dicha vivienda. A las 9:15 de la mañana de ese mismo día, el mismo individuo regresó, repitiendo lenta y detenidamente las mismas acciones de la madrugada.

Durante los días 27 y 28 de enero de 2004, la Organización Femenina Popular (OFP) sufrió dos agresiones contra sus integrantes. El día 27, los representantes de la OFP que se dirigían por el Río Magdalena a atender una Comisión del Consejo Noruego para Refugiados, fueron atacados con disparos de armas de fuego de corto alcance, provenientes de un grupo armado, supuestamente vinculado con las AUC. Al día siguiente, dos hombres, presuntos paramilitares, interceptaron a Inés Peña, miembro de la OFP en Barrancabermeja, la obligaron a subir en su coche, la torturaron, la insultaron y la intimidaron por el trabajo que realizaba para la Organización. Le cortaron el pelo y le quemaron la piel con agua hirviendo. (ver Llamado Urgente del Observatorio del 2/02/2004 COL 002/1003/OBS 053.1)

Desde el 17 de febrero de 2004, la ONG Colombiana de defensa de los derechos de la infancia y las mujeres de sectores empobrecidos Corporación Educativa COMBOS es objeto de actos de hostigamiento. Hombres no identificados se presentaron en varias ocasiones en la sede de la organización en Medellín e intimidaron a las personas que trabajaban allí hablando de su seguridad.

Ese mismo día y en días posteriores, el Sr. Pietro Carobbio, voluntario para COMBOS también fue amenazado en la calle varias veces.

El 23 de enero de 2004, el Sr. Gabriel Becerra Yañez, fundador de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) fue detenido de manera agresiva, en Bogotá, en medio de un operativo del Batallón de Policía Militar No.15. Una hora más tarde fue dejado en libertad. El Sr. Becerra cuenta con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 28 de enero de 2004, la Junta Directiva de la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR), reunida para una jornada de protesta en contra de las políticas del gobierno Departamental, fue víctima de amenazas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Jaime Carrillo, Presidente de la Junta directiva, Celedonio Jaimes, Secretario General, Francisco Rojas, ex presidente de la Junta y Marcos García, profesor afiliado, fueron directamente señalados y amenazados por los paramilitares mediante carteles, llamadas y panfletos.

El 6 de marzo de 2004, el Colectivo de Abogados "José Avear Restrepo" recibió una carta de amenazas firmada por las Autodefensas. Esta carta señala a los miembros del colectivo junto con "revolucionarios comunistas de los departamentos de Risaralda y Cundinamarca" como guerrilleros, y por lo tanto, como víctimas potenciales de las Autodefensas. Los Sres. Alirio Uribe Muñoz, Presidente del Colectivo de Abogados y Reinaldo Villalva Vargas, abogado de esta misma asociación fueron explícitamente amenazados. Según esta carta " el grupo alvear ha sido siempre tenido en cuenta rauda- sic- para engrosar la lista negra de personajes despectivos para esta militancia armada, son ustedes calificados y/o catalogados como incitadores y acaparadores de acciones sin control y por lo tanto deberán responder por sus cresos -sic-y garrafales errores"

El 29 de marzo, el Sr. Ademir Luna, miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) en Barrancabermeja, fue víctima de actos de hostigamiento. Individuos no identificados secuestraron y rociaron de gasolina al Sr. Fabián Correa, conductor de un vehículo a nombre del Sr. Ademir Luna, al confundirle con él. El Sr. Ademir Luna viene siendo objeto de amenazas frecuentes desde hace varios meses.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El 30 de marzo de 2004, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), con orden judicial, allanaron la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en Bogotá. Los investigadores solicitaron informaciones sobre varios casos, se llevaron copias de documentos de la Comisión y solicitaron el nombre de 20 personas, entre ellas de líderes sociales, sindicales, políticos y defensores de derechos humanos que recientemente salieron del país por razones de seguridad. Este allanamiento ocurrió cuatro días después de que dos miembros de la Comisión habían recibido una citación para presentarse con fin de responder sobre los presuntos delitos de "tráfico de emigrantes y falsa denuncia".

El 15 de enero de 2004, la Sra. Alba Luz Pinilla, Asesora de Paz de la Alcaldía de Bucaramanga desde hace 3 años, recibió amenazas de muerte por parte del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual le envió unas fotos de un hombre que se había hecho pasar por desplazado unos meses antes, y que tenía orden de matarla. El 25 de febrero, este mismo hombre se presentó en la alcaldía, pero no logro encontrarse con la Sra. Alba Luz Pinilla.

SINDICALISTAS

Asesinatos

El 9 de diciembre de 2003, el Sr. Orlando Frías Parada, dirigente sindical de la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones de Colombia (USTC) fue asesinado por cuatro impactos de bala, en Villanueva (Casanare). El Sr. Frías Parada había trabajado durante más de 18 años por la defensa de los derechos de los trabajadores. Dicho asesinato se produjo dentro del contexto de la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y de 12 empresas asociadas.

El 14 de diciembre de 2003, el Sr. Severo Bastos, Fiscal Suplente de la Junta directiva del Sindicato de Trabajadores del Incora (SINTRADIN), fue asesinado por hombres fuertemente armados en la ciudad de Villa del Rosario, Norte de Santander. Este asesinato es el cuarto, en un año y medio, de un directivo seccional del mismo sindicato.

Entre el 16 y el 18 de enero de 2004, en Cali fueron asesinados, respectivamente, los Sres. Ricardo Barragán, activista del Sindicato de los Trabajadores del Municipio SINTRAEMCALI, y Deyton Banguera, escolta para el mismo sindicato y en particular para la seguridad su directivo, Domingo Angulo. El Sr. Barragán había tenido una presencia muy activa en las protestas en contra de la privatización de EMCALI.

El 24 de febrero de 2004, a las 10:30 a.m. fue asesinado Carlos Raúl Ospina, Tesorero del Sindicato MERTULUA, afiliado a SINTRAEMSDES en Tulúa. Este asesinato, llevado a cabo por desconocidos en motocicleta, parece estar vinculado con una serie de denuncias, que el sindicato había llevado al conocimiento público, por despilfarro y mala gestión de las Empresas Municipales de Tulúa de parte de personas que pertenecían a las autoridades municipales. Los sindicalistas de Tulúa vienen siendo amenazados por grupos ilegales armados desde que las denuncias comenzaron.

El 4 de marzo de 2004, el socio y activista del Sindicato ANTHOC, Seccional Barranquilla Luis Torres Pérez fue asesinado mientras desempeñaba su trabajo en el Hospital General de Barranquilla por unos desconocidos que lograron escapar. El Sr. Luis Torres había sido detenido, en 2003, en el Departamento de Sucre.

El 14 de abril se produjo un atentado contra el Sr. Edgar Perea, dirigente de SINTRAMENTAL Yumbo, Valle, en el que resultó asesinado su hermano Raúl Perea Zúñiga.

El 15 de abril de 2004, fue asesinado el Sr. Carlos Alberto Chicaiza, miembro de la Junta Directiva y Secretario de Publicidad del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Servicios Varios (SINTRAEMSIRVA), cuando esperaba el bus en la ciudad de Cali.

El 20 de abril de 2004, hacia las 7 de la mañana, fue asesinado en su casa Gabriel Remolina, hermano de la esposa del Sr. Efraín Guerrero, Presidente de la seccional del Sindicato nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) y trabajador en la embotelladora de Coca-Cola en Bucaramanga. Durante los hechos, fue asesinada también la esposa del Sr. Remolina de nombre Fanny Robles y fueron heridos tres de sus hijos, uno de los cuales, de nombre Robinson Remolina, falleció horas después. (ver llamado del Observatorio del 22/04/2004, COL 007/0404/OBS027).

Atentados

El 6 de febrero de 2004, fue encontrado un explosivo colocado en la puerta de entrada de la sede del Sindicato de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), apenas doce horas después de que su Presidente, Luis Hernández, hubiera denunciado los graves hechos de amenazas y persecuciones que sufre el Sindicato y sus miembros desde el principio del año 2004 ante un Consejo de Seguridad que contaba con la participación de todas las autoridades estatales (tanto institucionales como militares y policiales) de la región. Luis Hernández había, entre otras cosas, mostrado pruebas serias que permitían identificar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como responsables de las amenazas. Denunció dos asesinatos que ocurrieron en el mes de enero, así como el hostigamiento telefónico que sufre la asesora del departamento de derechos humanos de Sintraemcali, Berenice Celeyta, y las acusaciones calumniosas y públicas del Presidente Uribe Vélez contra el mencionado sindicato.

El 26 de febrero de 2004, el líder sindical Oscar Figueroa fue víctima de una tentativa de atentado, por parte de desconocidos que lo persiguieron en coche y moto al terminar la jornada nacional de protesta contra el ALCA en Cali.

Amenazas / Hostigamiento

El 5 de diciembre de 2003, Noé Rojas, miembro fundador del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (SINTRAGRITOL) en Roncenvalles, recibió una carta donde las Autodefensas Unidas de Colombia- Bloque Tolima lo amenazaban de muerte, así como a su familia.

Noé Rojas ya ha sido objeto de desplazamiento forzado de otros departamentos del país tras haber recibido amenazas por su trabajo como líder sindical y comunitario.

El 21 de enero de 2004, los Sres. Jesús Alfonso Naranjo y Mario Mora, dirigentes sindicales de ANTHOC Nacional, Seccionales Barranquilla y Bolívar, recibieron un panfleto con encabezamiento de las Autodefensas del Magdalena Medio. El panfleto acusa a los dos sindicalistas de defender a los guerrilleros, y por lo tanto les declara OBJETIVO MILITAR. Estas amenazas se suman a las recibidas en diciembre de 2003.

El 28 de enero de 2004, Germán Cataño, presidente del sindicato SINALTRAINAL, seccional Santa Marta, fue víctima de amenazas por parte de desconocidos que se presentaron con armas en la sede del sindicato. Estas amenazas llegan en el marco de la acción que esta llevando SINALTRAINAL para impedir el cierre ilegal de las líneas de producción de Coca Cola en varios municipios. El pasado 19 de marzo, en el departamento de Valle de Cauca, circuló un comunicado firmado por las Autodefensas Unidas de Colombia, en el que se reiteraban las amenazas contra los integrantes de SINALTRAINAL, y el 20 de marzo de 2004, se hizo llegar a la sede de SINALTRAINAL- Palmira, una carta de las mismas características en la que se señalaba que los directivos de esta asociación eran colaboradores de la insurgencia en el Valle de Cauca. (ver llamado del Observatorio del 30/03/2004, COL 004/0304/OBS018)

El 7 de febrero de 2004 fue enviado por fax a la sede sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) en Cartagena, una carta amenazando directamente al dirigente de la Subdirectiva de la USO, en esa seccional, Rodolfo Vecino Acedo y a su familia, así como al dirigente de la USO Nacional Hernando Meneses Velades y al asesor de la subdirectiva Seccional Cartagena Rafael Cabarcas Cabarcas.

Dicha carta, además de acusar a los sindicalistas de « colaboradores de la guerrilla », amenaza de manera muy preocupante a los sindicalistas así como a sus esposas, hijos y familiares, dando detalles muy precisos sobre todos sus desplazamientos y actividades.

El 26 de febrero, durante la Jornada de Protesta contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) organizada en Valle de Cauca por la seccional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se descubrió la presencia de dos personas que estaban filmando ilegalmente una asamblea informativa de los sindicatos. Estas personas estaban buscando imágenes de los directivos. Tales personas fueron retenidas hasta la llegada de la policía. Al llegar la policía, las personas les pusieron en contacto telefónico con su supuesto jefe, y enseguida pasaron del estatuto de sospechoso al de víctima ya que los policías les protegieron, lo que parece indicar que trabajaban para los Organismos de Seguridad del Estado y que realizaban labores de inteligencia.

El 9 de marzo de 2004, mientras se desarrollaba una Conferencia de prensa en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera (SINTRAMINERCOL), cerca de 25 hombres vestidos de civil, algunos de ellos armados, se situaron en la entrada del sindicato con la voluntad de entrar al edificio. En dicha Conferencia de Prensa fue presentada "la Declaración Política frente a la inversión de las multinacionales en Colombia y contra el cierre de Minercol".

El 14 de abril de 2004, Onofre Esquivel, miembro de la dirección nacional de SINALTRAINAL y trabajador de la multinacional Nestlé en Bugalagrande fue hostigado en su vivienda por varios individuos que se movilizaban en dos vehículos. Este acontecimiento se suma a las amenazas de muerte recibidas de la parte de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y al allanamiento de su vivienda en octubre del año pasado. (ver llamado del Observatorio del 22/04/2004, COL 007/0404/OBS027)

LIDERES INDÁGENAS / CAMPESINOS

Asesinatos
En el transcurso de los días 26 de febrero, 10 y 13 de marzo de 2004, fueron asesinadas más de 20 personas, la mayoría campesinos y un profesor, en las Sabanas de Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca capital, entre los cuales se encuentran dirigentes y afiliados importantes de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del Arauca (ADUC), entre ellos los Sres. Tiberio Cardozo Dueñas, Eduar Alexander Vargas, Yiye Velandia, Urley Cisnero Castillo, Freddy Cisnero Castillo, Alvaro Cisnero, Fabián Vargas y Pedro Pablo Campo Pinto. Los presuntos autores de estos asesinatos son paramilitares.

El 3 de marzo de 2004, el Sr. Ángel María Rodríguez, líder campesino del municipio de Villahermosa, Tolima, ex Presidente de la Junta de Acción Comunal y miembro de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte de Tolima (ASOPEMA), fue asesinado por hombres que pertenecían a un grupo paramilitar.

Detenciones arbitrarias / judicialización
El 27 de diciembre de 2003, en el municipio de Popayán, fue detenido junto con su madre el líder indígena Carlos Darío Tote por efectivos del Ejército y la Fiscalía. El Sr. Carlos Darío Tote es un reconocido dirigente indígena del departamento del Cauca, que había realizado un importante trabajo de denuncia de las violaciones a los derechos humanos. En varias ocasiones fue detenido y acusado de rebelión, pero siempre fue posteriormente absuelto por falta de pruebas en su contra.

El 18 de febrero de 2004, Luz Perly Córdoba, representante legal de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) fue detenida en Bogotá por órdenes de la Fiscalía. También fueron detenidos Víctor Enrique Amarillo y Moisés Elías Eregua, escoltas de la ACA, y Juan de Jesús Gutiérrez, Tesorero de la Asociación. Paralelamente, la oficina de la ACA fue allanada así como la residencia de la Sra. Nubia Vega, dirigente de la asociación. Todos ellos benefician del programa de protección a lideres del Ministerio del Interior, y contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se les acusa del delito de rebelión y concierto para delinquir. Además, el Sr. Rodolfo Ríos Lozano, abogado defensor de presos políticos que lleva a cabo la defensa de Luz Perly Córdoba, recibe constantes amenazas de muerte y hostigamiento (ver llamado especial del Observatorio del 25/02/2004 COL 003 / 0204 / OBS 014). El 3 de marzo, Rodolfo Ríos Lozano, abogado defensor de derechos humanos, que asegura la defensa de Luz Perly Córdoba, recibió amenazas telefónicas que lo conminaban a dejar el país.

El 23 de febrero de 2004, fue capturado, por miembros del ejército, sin orden judicial, el Sr. Martiniano Mosquera Cosme, auxiliar de enfermería del Centro Asistencial de Salud del municipio de Saravena, al no encontrar en la localidad a su hermano, Pedro Jaime Mosquera Cosme, dirigente agrario de la ACA a quien realmente querían detener. También fueron detenidos 10 miembros de la mencionada Asociación.

El 1 de marzo de 2004, fue retenido en Saravena el Sr. Carlos Alberto Núñez Flóres, Vicepresidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del Arauca (ADUC) por miembros del Ejército Nacional. Es la tercera vez que Carlos Alberto Nuñez Flores es víctima de retención arbitraria por parte del Ejército (anteriormente fue retenido el 30 de diciembre de 2003 y el 31 de enero de 2004), sin que nunca se le haya notificado una razón valida para tal retención. Durante sus retenciones, Carlos Alberto Núñez Flores fue acusado de ser un guerrillero y un ideólogo de la guerrilla.

El 2 de marzo fue detenido de forma arbitraria el líder indígena Ismael Uncacias, líder de las Comunidades Indígenas de Arauca y expresidente del antiguo Consejo Regional Indígena de Arauca (CRIA), hoy Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca (ASCADITAR). El Sr. Uncacias fue detenido por Reinaldo Alarcón, un reinsertado de la guerrilla, que iba junto con una patrulla del Ejército y llevado a la sede del Batallón del Grupo Mecanizado No. 18, en donde fue sometido a intimidaciones y amenazas. Fue liberado después de 28 horas.

Amenazas / Hostigamiento

El 2 de marzo de 2004, el líder indígena kankuamo Gilberto Arlanht Ariza fue víctima de actos de hostigamiento. En el momento en el cual denunciaba el genocidio del que viene siendo víctima el pueblo Kankuamo desde 2001 durante la apertura del XXV Congreso Mundial de la FIDH, un grupo armado irrumpió en su domicilio en Bogotá, disparó contra la puerta, agredió a las personas que se encontraban allí, y profirió amenazas contra ellas y contra Gilberto Arlanht Ariza.

El 3 de marzo de 2004, circularon durante una Asamblea General que tenía lugar en la Universidad del Tolima, unos panfletos que acusaban a Germán Acosta y a Diego Sierra, dos estudiantes que asistieron al Congreso de la FIDH, de pertenecer a la guerrilla. Acusaban también a otros miembros del Comité Estudiantil de Bienestar Universitario de apoyar acciones de protesta de tipo violento.

Teniendo en cuenta el reciente movimiento de paramilitarización de la Universidad de Tolima, estas acusaciones son susceptibles de poner en grave riesgo la vida e integridad personal de los estudiantes señalados (ver Carta Abierta al Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, del 25/03/2004).

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:

i.tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas amenazadas, que luchan tanto por la defensa de los derechos humanos como por la defensa de los derechos de los trabajadores, y en general de todos los defensores de derechos humanos y de sus familias en Colombia;
ii.ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas, atentados y demás violaciones de los derechos humanos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii.dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
iv.garantizar el respeto de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1998;
v.de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.

Direcciones :

S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente: E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55.
E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1)222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1)342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: (+57 1) 336.03.11 Fax : (+57 1) 337.46.67. E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación. E-mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640 04 91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

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