La evaluación hecha por diferentes organizaciones de
derechos humanos, sociales y de paz, concluye que: "De las
24 recomendaciones hechas por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH), el Estado y en particular el Gobierno
únicamente cumplen de manera parcial 7 de ellas e
incumplen la mayoría ... Aun más grave, en 10 de ellas se
están tomando medidas abiertamente en contra de las
mismas (incluyendo el otorgamiento de funciones judiciales a
las fuerzas militares, el desconocimiento público del principio
de distinción por parte del Presidente de la República y las
declaraciones del Presidente estigmatizando y poniendo en
peligro la labor de las ONG junto con la negación de una
debida rectificación)".
Pese a que el gobierno colombiano, se comprometió en el
mes de julio de 2003, en el Acuerdo de Londres, a dar
cumplimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas, su
desconocimiento ha sido abierto. Inclusive, frente a los
llamados del Comisario de la Unión Europea para las
relaciones exteriores, Christopher Patten, para que se de
cumplimiento a las recomendaciones, la respuesta del
Vicepresidente Francisco Santos fue: "Me parece que hay un
concepto neocolonial de lo que es la justicia en Colombia, de
lo que es esta democracia (...) Lo que me preocupa es que en
Europa se mire a Colombia como una república bananera, y
creo que el señor Patten lo plantea de esa manera".
La política de seguridad democrática ha contribuido de
manera importante a la profundización de la grave crisis de
derechos humanos, consolidando un régimen autoritario, por
medio de sus diversas estrategias:
– Ruptura del principio de distinción, entre población civil y
combatientes;
– Involucramiento de civiles en medio del conflicto armado
(soldados campesinos, soldados por un día, redes de
informantes, proyecto de ley autorizando a civiles para portar armas de guerra);
– Sometimiento de las autoridades civiles al poder militar
(Ministerio Público y Fiscales de apoyo o al servicio de la
fuerza pública);
– Impunidad, connivencia y favorecimiento de los grupos
paramilitares (expedición del decreto 128 de 2003, proyecto
de alternatividad penal, ascensos y condecoraciones a
personal de la Fuerza Publica, señalado de tener vínculos
orgánicos con los grupos paramilitares);
– Ruptura de la autonomía e independencia del poder judicial
y el debilitamiento de la misma a través de proyecto de
reforma a la justicia;
– Suspensión permanente de los derechos a la libertad,
intimidad, libertad de comunicaciones y locomoción (reforma
constitucional antiterrorista);