Como consecuencia de las repetidas violaciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados regulares e irregulares, los pueblos indígenas del Norte del Cauca iniciaron desde hace varias semanas acciones en defensa de la autonomía territorial y el derecho a la paz, y tomaron la decisión de desalojar a todos los grupos armados de sus territorios. En el marco de esta aguda conflictividad social, el 6 de agosto de 2012 en el caserío de El Palo, municipio del Cauca, fue asesinado por desconocidos que se movilizaban en motocicleta un miembro del pueblo indígena Nasa, identificado como Aldemas Pinto. El pasado 18 de julio de 2012, el comunero indígena Éduar Fabián Güetio Vásquez, de 20 años de edad, fue asesinado por el Ejército Nacional en la vereda Crucero del Rosario, Municipio de Caldono.
Igualmente durante lel seminario preparatorio al Congreso por la Paz, realizado en el municipio de Caloto (Cauca) el 4 de agosto de 2012, se conoció por información recibida por las autoridades indígenas del Norte del Cauca la orden expresa de dar muerte a los líderes indígenas Feliciano Valencia Medina, vocero político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), y Luís Acosta, líder y miembro de la Guardia Indígena, por parte del grupo paramilitar Águilas Negras que opera en la zona. Días anteriores circularon panfletos amenazantes contra otros líderes, en los municipios de Santander de Quilichao, Miranda, Corinto, Caloto y en el reguardo de Tacueyó (Toribio), en un clima de fuerte estigmatización de las acciones de movilización en defensa del territorio realizadas por las comunidades indígenas organizadas, por parte de algunas autoridades públicas y medios de comunicación.
Desde el mes de julio, las comunidades indígenas del Valle del Cauca están movilizadas para exigir que se ponga fin a las agresiones a la población civil y que se respete sus derechos, cada vez más afectados por la intensificación de los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según denunció la ACIN, entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2012 se han presentado 118 hechos que constituyen vulneración del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad del pueblo Nasa y su territorio, y 18 personas han muerto como causa del conflicto armado.
“Condenamos la recrudescencia de la violencia en contra de la población civil en el Valle del Cauca, y hacemos un llamado a las autoridades colombianas para que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario”, asertó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.
“Solicitamos también una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, en particular el asesinato de Aldemas Pinto y Éduar Fabián Güetio Vásquez, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales previstas por la ley”, agregó Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
La FIDH y la OMCT recuerdan que la Corte Constitucional de Colombia reconoció, mediante el Auto 004 de 2009, que existían 34 y pueblos indígenas en riesgo de ser exterminados cultural o físicamente como consecuencia del conflicto armado interno, entre ellos, siete pueblos indígenas del Valle del Cauca, y urgen a las autoridades colombianas a cumplir con sus obligaciones internacionales, asegurando la aplicación del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.
Asimismo, la FIDH y la OMCT instan a que en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, las autoridades colombianas tomen medidas efectivas, encaminadas a implementar los acuerdos suscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2012 - 2014, en consulta con los pueblos indígenas y en respeto de su autonomía y de sus territorios ancestrales.
El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2011 señala que 79 indígenas fueron asesinados en Colombia, lo cual representa un aumento de casi 55% con respecto al año anterior. Por su parte, la Consejería de derechos humanos y paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señaló que en el período que comprende enero a julio de 2012, se han presentado 54 homicidios cometidos contra miembros de pueblos indígenas en Colombia, los cuales son el resultado de asesinatos selectivos, víctimas de minas antipersonal o municiones sin estallar, o combates entre grupos armados legales e ilegales y muerte de menores de edad a causa de desnutrición y falta de atención médica oportuna, destacando como los pueblos Indígenas más afectados al Nasa (17), Embera (15), Awá (5).
La FIDH y la OMCT urgen a las autoridades colombianas a tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica y a la seguridad de los pueblos indígenas, y tal y como lo manifestó el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, exhortan al Gobierno Nacional a avanzar en el proceso de diálogo iniciado recientemente con autoridades indígenas del norte del Departamento del Cauca para abordar la cuestión de la presencia militar en los territorios indígenas.