En los últimos días, el Fiscal General de la Nación afirmó que las ejecuciones extrajudiciales ya no se investigarían de forma aislada sino como « delitos de sistema » y anunció la creación de una nueva Unidad Nacional de Análisis y Contexto (UNAC), que permitiría unificar las investigaciones realizadas de manera aislada y priorizar la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, buscando considerar la sistematicidad con la que fueron perpetradas.
Entre 2002 y 2008, el fenómeno de los falsos positivos tomó un carácter sistemático y generalizado, con un saldo de más de 3000 víctimas civiles presentadas como « dadas de baja en combate ». Como lo destacaron la FIDH y la CCEEU en su informe « La guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad » publicado en mayo, las investigaciones se están llevando a cabo de manera aislada, sin considerar la sistematicidad, los patrones de comisión de los delitos y las políticas que han dado lugar a la perpetración de las ejecuciones extrajudiciales. Adicionalmente, los más altos responsables no han sido investigados por la justicia colombiana.
Ante esta situación, la FIDH y la CCEEU solicitan que la voluntad anunciada del Fiscal General de la Nación de avanzar en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales no se convierta en simples declaraciones de intención y se traduzca en la implementación de medidas concretas y contundentes encaminadas a poner fin a la impunidad, en particular de los determinadores de dichos crímenes. Por lo tanto, se propone que dicha Unidad cuente con los recursos y los medios suficientes que permitan evidenciar que será efectiva en el cumplimiento del deber de investigar seria y plenamente las graves violaciones de los derechos humanos.
Destacando que las ejecuciones extrajudiciales, por su carácter generalizado y sistemático, son constitutivas de crímenes de lesa humanidad, la FIDH y la CCEEU expresan su preocupación ante las iniciativas tendientes a tipificarlas como una infracción al derecho internacional humanitario, y de esa forma, con la reforma en curso al fuero penal militar, a radicar su competencia en la Jurisdicción Penal militar, donde el espíritu de cuerpo impera para imponer la impunidad, con mayor menoscabo de los derechos de las víctimas, de la seguridad pública y de la democracia. Asimismo, la FIDH y la CCEEU solicitan medidas eficaces para la remoción de las maniobras y trabas que desde el estamento militar se han venido interponiendo sistemáticamente para impedir el avance de las investigaciones.
Recordando que Colombia se encuentra bajo análisis preliminar ante la Corte Penal Internacional, la FIDH y la CCEEU instan a las autoridades colombianas a llevar con celeridad las investigaciones en curso, así como a investigar y sancionar a los más altos responsables de esos crímenes, de conformidad con el derecho penal internacional. En el caso contrario, como la ausencia de voluntad real de sancionarlos habilita la acción de la CPI, ésta debería abrir una investigación sobre Colombia, de acuerdo con el principio de complementariedad.