La FIDH se une a la condena hecha por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y considera que el ataque del pasado 26 de febrero constituye un crimen de guerra. En efecto, el sábado 26 de febrero en El Diamante, municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá, hacia las 17h30, las FARC-EP atacaron con metralletas un microbus de transporte público con 25 pasajeros, todos civiles incluyendo niños. El vehículo hacía la ruta entre San Vicente del Caguán y Florencia y después de tener fallas en una de sus llantas, había quedado rezagado de una caravana que escoltaba la fuerza pública. Del ataque resultaron 9 personas muertas y once más heridas, entre ellas una niña menor de edad.
Al día siguiente de este hecho, el 27 de febrero hacia las 13h50, las FARC-EP realizaron otro ataque armado en Rivera, departamento del Huila, en el que masacraron 8 concejales y otros 3 resultaron heridos.
Estos hechos son precedidos por otros ataques violentos en diferentes zonas del país, las cuales han desatado una verdadera ola de violencia que ha afectado a más de 5 departamentos. En efecto, en el Caquetá fueron voladas 2 torres de energía en 48 horas que dejaron al departamento sin energía. Allí mismo fueron incinerados alrededor de 10 vehículos de transporte público. Posteriormente, el 23 de febrero fueron quemados otros cinco vehículos pertenecientes a Ecopetrol, en los departamentos de Arauca y Norte de Santader.
La FIDH repudia esta ola de violencia y terror y recuerda a las FARC-EP que estos, y todos los ataques de este tipo en que se involucren civiles, contravienen las normas internacionales que prohíben atentar contra la vida y la integridad de los civiles y dirigir ataques a la población civil.
La FIDH hace un llamado a las FARC-EP y a todas las partes del conflicto colombiano a cumplir en todo momento las normas del derecho internacional humanitario, recordándoles que su eje fundamental es la protección general de la población civil.
La FIDH urge al gobierno colombiano a levantar la reserva del artículo 124 del Estatuto de Roma que impide que la Corte Penal Internacional, pueda ocuparse de investigar y juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia entre noviembre de 2002 y noviembre de 2009, mantener tal reserva sólo sirve para auspiciar la degradación humanitaria en el conflicto armado que padece Colombia.