Intensificación de detenciones de líderes políticos en Arauca

24/10/2003
Comunicado

24 de octubre de 2003

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), con el Comité Permanente de Defensa de los Derechos (CPDH), y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), expresa su extrema preocupación por las detenciones en Arauca por parte de la Fiscalía y del Ejército que tubieron lugar el pasado 21 de octubre de 2003. Dichas detenciones se encontraron principalmente dirigidas contra al menos 20 funcionarios públicos, líderes políticos o candidatos a las próximas elecciones del 26 de octubre.

La FIDH se encuentra particularmente preocupada por la sistematización de las detenciones arbitrárias en Arauca, que no sólo han afectado a líderes políticos, sino que están afectando a toda la población y en particular a los defensores de derechos humanos. A este efecto, la FIDH recuerda que entre el 20 y el 21 de agosto de 2003, 56 personas fueron detenidas en Arauca, entre los que se encontraban al menos 16 defensores de derechos humanos y líderes sociales (ver Carta Abierta del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, de 2 de septiembre de 2003)

Del mismo modo, los dias 12 y 13 de Noviembre de 2002, se detuvo a un gran número de personas, de las cuales 43 se encuentran todavía en las cárceles Modelo y Buen Pastor de Bogotá. Entre ellas se encuentra también un significativo número de líderes sociales.

La FIDH condena firmemente estas detenciones masivas, que parecen formar parte de una nueva estrategia de criminalización de la sociedad y en particular de los líderes políticos y del movimiento social. La FIDH considera que dichas detenciones son arbitrarias, ya que, según las informaciones recibidas, han sido realizadas en función de acusaciones realizadas por parte de militares o por parte de testigos cuya credibilidad es fuertemente cuestionada, lo que crea serias dudas sobre su independencia e imparcialidad.

La FIDH urge al Estado de Colombia a proceder a la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos en ausencia de cargos legales válidos, ó, en caso de tener cargos legales válidos, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles en todo momento sus derechos procesales.

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