ECU 004 / 0905 / OBS 081
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Ecuador.
Descripción de la situación:
De acuerdo con las informaciones, dentro de sus funciones como defensora de los derechos humanos, la señora Espinoza Villegas visita las comunidades de la provincia de Orellana y ha comenzado un proceso de capacitación a los indígenas y campesinos de la zona respecto a sus derechos y como defenderlos de las empresas petroleras. Así mismo, durante el último paro en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos que empezó el 5 de agosto de 2005 (ver Antecedentes de la situación), ella se encargó de informar a la comunidad sobre los diversos atropellos cometidos por la fuerza pública al reprimir a la población. La Sra. Espinoza Villegas visitó además los lugares de detención para verificar las condiciones en que se encontraban los detenidos, efectuó acciones ante las autoridades locales a fin de que se liberara a los detenidos durante las protestas callejeras y visitó las comunidades campesinas que se encuentran en la Vía Auca y en la Vía Sacha con el fin de constatar su situación y explicarles cuáles eran las garantías constitucionales que se perdían con el estado de emergencia y qué mecanismos de protección tenían.
Según las informaciones, el 20 de agosto de 2005, la Sra. Espinoza se encontraba en la municipalidad de Dayuma, Kilómetro 40 de la Vía Auca, hablando con los pobladores y verificando la información transmitida por los medios de comunicación. Al iniciar su regreso, ella y su comitiva fueron detenidos en tres oportunidades por militares que patrullaban en la zona. En cada oportunidad la Sra. Espinoza Villegas mostró el salvo conducto que le había entregado el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta número 4, General Gonzalo Meza Hernández, pero en todas las ocasiones fueron requisados y fue necesario hacer llamadas telefónicas y largas esperas hasta la obtención de una autorización especial para dejarla continuar con su camino.
De acuerdo con las informaciones, el 22 de agosto, mientras se encontraba en Quito como observadora de los derechos humanos en el desarrollo de las conversaciones entre el gobierno nacional y las autoridades locales, la señora Lina María Espinoza, después de reunirse con pobladores de la zona al tanto de la situación en La Coca, informó a la alcaldesa de Orellana, Sra. Ana Rivas, de la agresión cometida por los militares en contra de la Población de Dayuma y de la existencia de 12 detenidos. La alcaldesa pidió entonces públicamente al entonces Ministro de Gobierno Sr. Mauricio Gandara[1] que se suspendieran las negociaciones hasta que se dieran las garantías necesarias a las comunidades involucradas. El Ministro aceptó verificar y poner fin a toda agresión.
Según las informaciones, el mismo día, la Sra. Espinoza Villegas también se comunicó con el General Meza Hernández para obtener información sobre las condiciones y localización de los detenidos. Si bien dicha información no le fue dada, el mencionado General le aseguró que serían puestos pronto en manos de la policía. Esto ocurrió al día siguiente cuando se logró la liberación de los mismos.
Asimismo, de acuerdo con las informaciones, entre los días 24 y 28 de agosto de 2005, la señora Lina María Espinoza Villegas recibió alrededor de seis llamadas telefónicas sobre su teléfono celular en las cuales se le amenazaba, diciendo por ejemplo frases como "Si se está cuidando, cuídese mucho", "¿Usted dónde está?, dónde están sus hijos?", "Si usted está bien ahora después no va estar tan bien". También se le dejaron mensajes de ruidos de balas o mensajes en clave.
El 26 de agosto de 2005, el Ministro de Gobierno, Sr. Mauricio Gandara, en declaraciones dadas en el canal de televisión Tele Amazonas en el programa de la mañana, Noticiero 24 horas, dijo que "...existían infiltrados de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el paro, y que incluso durante las negociaciones tuvieron que pedir el retiro de una misionera colombiana infiltrada ...". Es preciso tener en cuenta, que según se ha informado, la señora Lina María Espinoza Villegas es la única misionera colombiana que ha estado trabajando durante el paro biprovincial con la población de la región y que ha tenido contacto con el gobierno y con las fuerzas armadas ecuatorianas.
Según las informaciones, el 30 de agosto de 2005, el Secretario de Gobierno, Sr. Cornejo, se comunicó telefónicamente con el Señor Ángel Andana, Gobernador de la Provincia de Orellana para solicitarle información sobre la señora Espinoza Villegas, ante lo cual el gobernador respondió que ella es defensora de derechos humanos del Vicariato y que ha ayudado a los detenidos durante el paro.
El Observatorio teme que estas amenazas y las declaraciones oficiales, al parecer acusatorias, sean una represalia por la labor prestada por la señora Lina María Espinoza Villegas como observadora y defensora de los derechos Humanos en la región. También se teme que de esta forma la mencionada misionera sea obligada a cesar su labor legítima como defensora de los derechos humanos en Ecuador y a retornar a Colombia.
El Observatorio manifiesta su preocupación por la grave situación de inseguridad que sufren los defensores de los derechos humanos en Ecuador, quienes frecuentemente son objeto de amenazas de muerte, de actos de acoso y de intimidación con el fin de presionarlos a que abandonen su servicio a la comunidad. En el caso aquí denunciado, el hostigamiento y amenazas a una misionera defensora de los derechos humanos constituye un peligro para el fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho en el Ecuador. El Observatorio manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de la señora Lina María Espinoza Villegas, y en general por la situación de los defensores de los derechos humanos en Ecuador.
Antecedentes de la situación:
De acuerdo con las informaciones, los pobladores de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, declararon un paro de actividades para exigir demandas estructurales no atendidas anteriormente y la salida de las petroleras multinacionales. En la madrugada del día 6 de agosto de 2005, los pobladores tomaron el aeropuerto de la ciudad de Lago Agrio, como primera medida de hecho con la que se dio comienzo al paro acordado en esta misma ciudad el día 5 de agosto, por las dos provincias. Según las informaciones, éste acuerdo de paro se tomó tras una reunión celebrada en la ciudad de Quito, el día 2 de agosto, en la cual se trató de resolver los temas pendientes del acuerdo de la mesa de empleo y las políticas petroleras. Ante la inasistencia de los gerentes de las compañías petroleras extranjeras, no se logró dialogar ni negociar. Esto trajo como consecuencia que la sociedad e incluso algunas autoridades de estas provincias, se vieran obligadas al inicio del paro.
Asimismo, el 15 de agosto de 2005, en medio de una jornada de paro llevada a cabo por habitantes de Sucumbios y Orellana los manifestantes fueron reprimidos por fuerzas combinadas de la policía y el ejército, quienes hicieron uso excesivo de la fuerza contra los mismos, ocasionando un número indeterminado de personas asfixiadas y/o heridas, contusas por golpes de las bombas lacrimógenas, e incluso, algunos heridos por armas de fuego. Según las denuncias, militares de la Brigada 19 Napo de las Fuerzas Especiales dispararon sus fusiles FAL y AK en contra de los manifestantes mientras los efectivos de la policía hacían lo mismo con bombas lacrimógenas. También se ha denunciado la detención y las golpizas propinadas a decenas de personas y la utilización de varias de ellas como escudos humanos por parte de los militares (ver Llamado Urgente de la OMCT Caso ECU 190805).
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades Ecuatorianas urgiéndoles a:
i. tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la señora Lina María Espinoza Villegas, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Ecuador;
ii. poner fin a los actos de hostigamiento y amenazas de las que ha sido objeto la señora Lina María Espinoza Villegas y garantizar su derecho de seguir con su trabajo de defensa de los derechos humanos sin obstáculos;
iii. asegurar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas y hostigamiento de que ha sido víctima la señora Lina María Espinoza con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a un juicio civil e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y a "garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración» (Art. 12.2);
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración universal de derechos humanos y los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por Ecuador.
Direcciones:
· Misión Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. 145, Rue de Lausanne, 1202 Ginebra. Tel. : + 41.22.731.48.79; FAX: + 41.22.738.26.76 E-mail: mission.ecuador@ties.itu.int
· Dr. Alfredo Palacio, Presidencia de la República del Ecuador, Palacio de Gobierno, García Moreno y Chile 1043, Quito, Ecuador. Fax:. +593.2.258.07.35; +593.2.258.07.79; + 593 2 258 0761. E-mail: despresi@presidencia.ec-gov.net
· Sr. Osvaldo Molestina, Ministro de Gobierno y Policía, Benalcazar y Espejo, Quito, Ecuador. E-mail: gicela.abac@mingobierno.org.ec Fax: + 593.2.258.00.67 / 10.30
· Dra. Cecilia Armas Tobar, Ministra Fiscal Subrogante, Fiscalía General del Estado, Av. Eloy Alfaro N32 240 y República, Quito, Ecuador. Fax: + 593.2.255.85.65 / 94.47 E-mail: fiscalia@uio.satnet.net
· Comandante General de la Policía Nacional, Ramírez Dávalos 612 y Av. 10 de Agosto, Quito, Ecuador. Fax: + 593.2.250.60.66
· Ministro de Defensa Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, La Exposicion 208, (La Recoleta), Quito, Ecuador Fax: + 593.2.258.04.31
· Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, La Exposicion 208, (La Recoleta), Quito, Ecuador Fax: + 593 2258.33.94
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Ecuador en sus respectivos países.
Ginebra-París, 9 de septiembre de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
E-mail: observatoire@iprolink.ch
Tel. y FAX: FIDH : + 33.(0).1.43.55.20.11 / + 33 (0) 1 43.55.18.80
Tel. y FAX: OMCT : + 41.22 809.49.39 / + 41.22.809.49.29
[1] El Sr. Ministro Mauricio Gandara fue substituído por el Sr. Oswaldo Molestina, el día 8 de septiembre de 2005.