En el marco de la ley 782 de 2002, por la que se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, el gobierno de Colombia puede iniciar negociaciones de Paz con grupos que no dispongan de estatus político, lo que implica la posibilidad de establecer un diálogo con los grupos paramilitares. En el marco de esta ley, mediante la resolución 285 de 2002, de 23 de diciembre de 2002, se crea una Comisión exploratoria de Paz, integrada por representantes del gobierno de Colombia, con el objeto de propiciar acercamientos y establecer contactos con los Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, con las Autodefensas Campesinas del Bloque Central Bolivar y Vencedores de Arauca y con el Grupo de Alianza del Oriente.
La FIDH se encuentra en particular preocupada por que tales diálogos puedan culminar en el indulto de paramilitares responsables de graves violaciones de Derechos Humanos e incluso de crímenes de lesa humanidad. En este sentido, Fernando Londoño, Ministro del Interior, afirmó en una entrevista publicada el 12 de Enero en El Tiempo, que nadie garantizará que el proceso con los paramilitares no lleve a la impunidad de grandes crímenes y que, en el proceso con los paramilitares "El gobierno está dispuesto a superar todo el pasado. Hay unas limitaciones de orden jurídico que se estudiarán y que tendremos que superar con mucha imaginación", lo que anuncia un propósito claro de impunidad.
El otorgamiento de amnistías o indultos a responsables de graves crímenes contra la humanidad contradice las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario y múltiples decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del mismo modo, la Constitución de la República de Colombia, en sus artículos 201.2 y 150.17 únicamente permite el indulto por delitos de carácter político. En el mismo sentido, según la ley 782 de 2002, ningún indulto podrá otorgarse sobre "actos atroces" o de ferocidad y barbarie, en los que se enmarca la mayor parte de las acciones de los grupos paramilitares. Estas disposiciones implican que el indulto a los miembros de grupos paramilitares responsables de tales actos no es posible. A pesar de la claridad del derecho internacional al respecto, las autoridades colombianas transmiten el equívoco mensaje de que toda atrocidad podría ser olvidada y perdonada con el pretexto de una paz, que es todavía muy lejana. La perspectiva de renunciar a la justicia, no puede más que potenciar la multiplicación de graves infracciones al DIH y la perpetración de crímenes de guerra por parte de organizaciones armadas, cualesquiera sean y no puede permitir una paz civil y social y una reconciliación.
Finalmente, la posibilidad de impunidad es aun más evidente si se considera que los grupos paramilitares actúan regularmente con la connivencia de las Fuerzas Armadas, tal y como ha sido en numerosas ocasiones denunciado por organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y por numerosos organismos del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Concretamente, dicha connivencia ha sido probada en numerosas investigaciones penales y disciplinarias en casos como la muerte del senador Manuel Cepeda Vargas, la masacre de Mapiripán, el atentado contra Wilson Borja, las masacres de la Gabarra y de Chengue…entre otros numerosos hechos.
La FIDH urge al gobierno colombiano a que adopte todas las medidas oportunas para que se depure a la Fuerza Pública colombiana de todos los que por acción u omisión patrocinan o han patrocinado el paramilitarismo en Colombia.
Además, la FIDH llama al gobierno a retomar el diálogo con las guerrillas: las Fuerzas armadas Revolucionarios de Colombia y el Ejercito de Liberación Nacional.
La FIDH urge igualmente al gobierno de Colombia a que desarrolle una verdadera política de paz atacando las causas estructurales de la violencia y promoviendo entretanto un Acuerdo Global de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, tal y como ha sido recomendado por las Naciones Unidas.