La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) expresa su profundo rechazo frente a las declaraciones de altas autoridades, entre ellas el Presidente Alvaro Uribe, el Ministro de la Defensa, y el candidato presidencial Juan Manuel Santos, descalificando a la justicia y respaldando al coronel Alfonso Plazas, condenado a 30 años de cárcel en primera instancia por la desaparición forzada de 11 personas, en el marco de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 [1].
El Presidente Uribe declaró que ’’la sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas" (El Espectador, 10 de junio). En cuanto al Ministro de Defensa, Gabriel Silva, firmó un comunicado con la cúpula militar en el mismo sentido [2]. El Presidente Uribe y el candidato a la Presidencia, Juan Manuel Santos, llamaron a reforzar el fuero militar. El Presidente Álvaro Uribe propuso crear una legislación especial contra una ’’persecución jurídica que busca frenar a la Fuerza Pública’’ (El tiempo, 10 de junio), mientras el candidato Santos declaró que: ’’Hay que hacer borrón y cuenta nueva y restablecer la justicia penal militar’’ [3]. Las declaraciones del Presidente Uribe intervinieron al cabo de una reunión de tres horas que mantuvo con la cúpula militar en la Casa de Nariño.
Ya la semana pasada, tras el anuncio por la Fiscalía de una “indagación preliminar” contra el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla, por los llamados ‘falsos positivos’, el Presidente Uribe había declarado: “El terrorismo, que está perdiendo en su osadía de destruir a Colombia, ahora quiere ganar a través de los tinterillos, que no tienen limitaciones en la ley, ni en la moral, ni en la ética y que entonces quieren maltratar el avance de la seguridad democrática con acusaciones falsas contra los generales de la República” (El Tiempo, 4 de junio de 2010).
Frente a estos nuevos ataques contra la independencia de la justicia, la Corte Suprema de Colombia emitió un comunicado ’’rechaz(ando) públicamente las expresiones inapropiadas, las intromisiones y las interferencias indebidas a la autonomía judicial’’ (ver declaración completa en anexo). También hizo un llamado a la Comunidad Internacional para que le brinde su apoyo y solidaridad.
Para la Presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassen, « estas declaraciones de las altas autoridades colombianas atentan gravemente contra la independencia de la justicia, imprescindible en un Estado de Derecho, y ponen en alto riesgo la vida y la seguridad personal de los magistrados ». Al tiempo que estas declaraciones en sí mismas vulneran el preciado bloque de constitucionalidad colombiano, dentro del cual, la jurisprudencia interamericana, la universal y la de las altas Cortes colombianas, en coincidencia con los principales sistemas jurídicos del mundo ; son absolutamente claras en el sentido de delimitar que las violaciones a los derechos humanos, no pueden ser procesadas por la justicia penal militar, que el Estado en su conjunto debe coincidir en el respeto por las decisiones judiciales, y que los Estados tienen la obligación de no incurrir en normas internas que vulneren los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, que hayan sido suscritos y ratificados, en este caso, por Colombia. La FIDH recuerda también que el crimen de desaparición forzada es uno de los crímenes más graves y como tal no puede quedar impune. Tampoco puede ser objeto de fuero militar, como lo recordó recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos [4].
La FIDH urge al Presidente Uribe y al Ministro de Defensa a rectificar sus declaraciones, y que procedan a reconocer expresamente la independencia de la justicia, así como su voluntad de acatar el ordenamiento jurídico nacional e internacional de los derechos humanos, no ampliando el fuero militar. La FIDH insta las autoridades a brindar todas las medidas de seguridad necesarias para la protección de los magistrados y demás operadores judiciales amenazados.
La FIDH deplora que el gobierno colombiano exprese repudio y pena porque se sancione un crimen de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas. Este tipo de reacciones sólo puede contribuir a que en el marco del conflicto armado interno se promuevan graves violaciones de derechos humanos so pretexto de « derrotar al terrorismo ».
La FIDH llama a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que, en su análisis preliminar de la situación colombiana, considere que estos reiterados ataques a la independencia judicial constituyen una expresión de la falta de voluntad real del gobierno a que los crímenes internacionales sean perseguidos, y hacen por lo tanto necesaria una pronta investigación sobre Colombia.
La FIDH llama Colombia a respetar la Declaración y la Convención (firmada por Colombia el 27 de septiembre del 2007) de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
ANEXO
Comunicado de la Corte Suprema de Justicia [5]
La Corte Suprema de Justicia, ante los acontecimientos de los últimos días, manifiesta:
Que la independencia judicial es un principio fundamental de todo estado democrático, que implica, un derecho y una garantía de la sociedad para acceder a una justicia imparcial.
Que las decisiones judiciales deben ser respetadas por todas las autoridades y por todos los ciudadanos, sin perjuicio de los recursos previstos en la ley; por tanto, es impropio descalificarlas o controvertirlas por medios diferentes a los previstos en el orden jurídico.
Con preocupación observa la Corte que las decisiones de jueces y fiscales vienen siendo descalificadas por otras autoridades públicas en lenguaje deplorable con grave peligro para la institucionalidad, para la supervivencia del estado social de derecho y para la vida e integridad de los funcionarios.
Por lo anterior, decide:
– Rechazar públicamente las expresiones inapropiadas, las intromisiones y las interferencias indebidas a la autonomía judicial.
– Reclamar enérgicamente de las demás ramas del poder público la sensatez y la defensa del estado de derecho, de la independencia judicial y del sistema jurídico colombiano.
– Solicitar a la sociedad colombiana defender sus instituciones y manifestarse en apoyo a sus jueces que son el cimiento de la democracia.
– Hacer un llamado a la Comunidad Internacional para que rodee con su apoyo y solidaridad a la judicatura colombiana, que una vez más viene siendo agredida por el ejercicio de sus funciones, e instar al gobierno nacional al cumplimiento de las recomendaciones que ya han sido impuestas por los relatores internacionales.