Según informaciones, Monseñor Isaías Duarte Cancino fue asesinado el pasado 17 de marzo por dos hombres armados que le dispararon cuando salía de una ceremonia religiosa en la en Ciudad de Cali.
El asesinato de Monseñor Duarte no ha sido reivindicado.
Cabe destacar que se trata del primer asesinato de un obispo católico que se registra en los últimos 10 años en Colombia.
Monseñor Duarte se caracterizó por criticar severamente al narcotráfico, a la guerrilla izquierdista y a los paramilitares de ultraderecha, quienes combaten en medio de la guerra interna que desgarra el país.
En efecto, en sucesivas ocasiones había criticado a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por sus ataques y secuestros.
En 1999, Monseñor Duarte excomulgó a los rebeldes del ELN que habían irrumpido en una iglesia de Cali y secuestrado a 160 feligreses.
También había condenado las masacres perpetradas por los grupos paramilitares y denunciado la corrupción y el narcotráfico .
En un documento firmado conjuntamente por los obispos del departamento y l mismo como Arzobispo de Cali, Monseñor Duarte denunció recientemente las campañas de algunos dirigentes políticos que aspiraban a ser elegidos en los comicios legislativos del pasado domingo 10 de marzo, alegando que estaban infiltradas por el dinero del narcotráfico. El documento denuncio la presencia activa del narcotráfico en la política, y llamaba a los electores "a elegir candidatos limpios". Esas declaraciones hicieron que el presidente Andrés Pastrana retara públicamente a Monseñor Duarte a dar los nombres de las personas que estaban patrocinadas por el dinero de los narcotraficantes, pero el prelado señaló que las evidencias estaban a la vista y que él no acusaría a nadie.
La FIDH manifiesta su enérgica condena por el asesinato del arzobispo y destaca el ambiente implacable de violencia en Colombia donde se acallan despiadadamente las voces libres, una tras otra.
La FIDH urge al Gobierno Colombiano a ordenar una investigación inmediata, completa e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados con el objeto de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.
Igualmente, el Gobierno Colombiano debe asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los Convenios relativos a los Derechos Humanos ratificados por Colombia , en particular , el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.