El 11 de junio de 2010 seis de los siete miembros del pelotón Galeón N° 7 adscritos al Batallón José Hilario López del Ejercito Nacional de Colombia, contra quienes se adelantaba el juicio por el asesinato del Sr. Edwin Legarda, fueron declarados culpables. El Sargento Vice Primero Alexis Ramírez Vivas, el Cabo Tercero Javier Adolfo Osorio Díaz, el Soldado Campesino Numar Armido Buitrón Cabezas, el Soldado Campesino Lizandro Obando Caicedo, Soldado Campesino Javier Francisco Belalcazar Trochez y Soldado Campesino William Weimar Lemeche Hurtado. El Soldado Campesino Andrés Casso Chate, acusado del mismo delito, fue absuelto por no haber disparado su munición en el momento de los hechos.
El Observatorio recuerda que el asesinato del Sr. Edwin Legarda ocurrió el 16 de diciembre, al día siguiente del regreso de la Sra. Aída Quilcué de Ginebra, Suiza, donde participó como representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y delegada de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) para denunciar, con ocasión del Examen Periódico Universal de Colombia por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las violaciones de derechos humanos perpetradas en contra de los pueblos indígenas. Cabe igualmente recordar que el Sr. Edwin Legarda y su esposa participaban en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que defiende los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. La juez expresó que la sentencia no tendrá en cuenta el contexto en el que ocurrió el asesinato al no ser éste objeto de debate dentro del juicio ya que el delito imputado a los militares corresponde a “homicidio en persona protegida” y no a “genocidio”.
El Observatorio celebra la condena contra los responsables del asesinato del Sr. Legarda y espera que se finalice el trámite para tasar las condenas individuales y la adecuada reparación a los familiares del Sr. Edwin Legarda en la audiencia fijada para el próximo 2 de agosto de 2010. Asimismo, el Observatorio hace un llamado para que se ponga fin a todo tipo de ataques en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia y se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, así como por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.