Sr. Juan Manuel Santos,
Presidente de la República de Colombia
Señor Presidente,
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea expresar su muy seria preocupación frente a la continuación de los asesinatos, detenciones arbitrarias y falsas acusaciones contra defensores de derechos humanos en el departamento de Arauca, en particular en contra de defensores de los derechos de los pueblos indígenas.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 10 de junio de 2011, el Sr. Humberto Peroza Wampiare, miembro del Resguardo La Vorágine del pueblo indígena Hitnu, fue asesinado por miembros del Ejército de Colombia cerca de la comunidad La Ilusión. El Sr. Humberto Peroza Wampiare había participado en las actividades desarrolladas por su comunidad, las cuales promovían los planes de acción y salvaguarda étnica, así como la implementación del Auto 382 dictado por la Corte Constitucional en el año 2010 para la protección del pueblo Hitnu. Cabe resaltar que el Ejército presentó en un primer instante al Sr. Humberto Peroza Wampiare como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) caído en combate, pero luego reconoció el asesinato del líder indígena como un error militar. A la fecha, la investigación de este asesinato está a cargo de la Justicia Penal Militar, y la Procuraduría en Arauca está realizando una investigación disciplinaría a pesar de que se trata de un crimen de lesa humanidad por tratarse de un homicidio cometido en zona protegida.
Por otro lado, el dirigente indígena del pueblo U’wa, Sr. Ismael Unacasia Uncasia, Presidente de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASCATIDAR), se encuentra actualmente detenido en la cárcel de Arauca Capital, por órdenes de la Unidad Estructura de Apoyo de Arauca - Fiscalía que opera desde la Brigada 18 del Ejército. El Sr. Ismael Uncasia Uncasia fue detenido el 25 de enero de 2011, víctima de un montaje judicial bajo los cargos de “rebelión” y “concierto para delinquir”. Asimismo, se le acusa de pertenecer a la red de apoyo del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN)[1]. En el mismo expediente judicial se ordena la captura de 23 personas más, de las cuales cinco han sido detenidas hasta el día de hoy, entre ellas la Sra. Verónica Solís Fuentes, Coordinadora de asuntos étnicos del departamento de Arauca, y el Sr. Álvaro Leal Toloza, etno-educador en el departamento de Arauca. Estas detenciones se efectuaron en el marco de un operativo militar desarrollado en los municipios de Saravena y Fortul. El caso está pendiente en el Juzgado Especializado de Arauca, a cargo la fiscal especializada en anti-terrorismo. Hasta el día de hoy, la fecha para la audiencia no ha sido fijada.
Sr. Presidente, el Observatorio ha conocido también que el 17 de mayo de 2011, Interpol emitió circulares azules[2] para investigar a supuestos integrantes del ELN por los delitos “concierto para delinquir”, “rebelión” y “terrorismo". Sin embargo, dicha lista incluye también a personas activas en el movimiento social araucano: los Sres. Fredy Ramírez Bocota, miembro de ASCATIDAR y del Resguardo Indígena Valle del Sol del pueblo U’wa, Samuel Morales Flórez, ex Presidente y actual Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sub-directiva Arauca, Víctor Julio Laguado Bohada, dirigente campesino y miembro de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (COAGROSARARE), así como la Sra. Ariela Gelvis Quintero, dirigente comunal y ex Presidenta de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAS-ESP).
Estos actos contra los defensores de derechos humanos en Arauca se enmarcan en el contexto en el cual el movimiento indígena de la región se opone a la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales que operan en la zona y ha denunciado el desvío de recursos destinados a las comunidades indígenas por parte de las autoridades departamentales.
El Observatorio recuerda que el 22 de marzo de 2011, la jueza Gloria Constanza Gaona, quien estaba a cargo del caso de dos niños asesinados y una niña violada sexualmente y asesinada en octubre de 2010, en el municipio de Tame, fue asesinada en el centro urbano de Saravena[3]. Asimismo, los Sres. Israel Verona, miembro de la Asociación Campesina (ACA) en el municipio de Arauquita y Apolinar Herrera, dirigente de la misma asociación, fueron asesinados en marzo de 2010 y noviembre de 2009 respectivamente. Igualmente, el Observatorio recuerda que otros defensores de derechos humanos en el departamento de Arauca han sido víctimas de montajes judiciales, como los Sres. José Evelio Gutiérrez, miembro de la Junta de Acción Comunal del casco urbano del municipio de Arauquita, José Del Carmen Sánchez, anterior Presidente del Comité de la ACA, Edinson Palomino Banguero, afiliado y miembro fundador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) seccional Arauca y Presidente del Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios (SINTRAOVA), filial de la CUT, Omar Alarcón Castillo y la Sra. Damaris de Jesús Escorsia López, éstos dos últimos afiliados a la ACA[4].
En vista de lo anterior y de manera a que Usted cumpla con el compromiso expresado por su gobierno de dar respuesta inmediata a los requerimientos en materia de protección de los defensores de derechos humanos, le reiteramos, Sr. Presidente, nuestra solicitud de que se tomen las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de los defensores de derechos humanos, en particular de aquellos que defienden los derechos de los pueblos indígenas, en el departamento de Arauca; que se lleve a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial por parte de la justicia ordinaria, en vez de la justicia militar, en torno al asesinato del Sr. Humberto Peroza Wampiare con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales previstas por la ley, y que se ponga inmediatamente en libertad a los Sres. Ismael Unacasia Uncasia, Álvaro Leal Toloza y a la Sra. Verónica Solís Fuentes, y se desestimen los cargos en su contra, en vista de que su detención es arbitraria al estar basada en un montaje judicial.
Agradeciendo su atención a la presente y confiando en que Usted tomará las decisiones adecuadas, nos suscribimos de Usted muy respetuosamente.
Eric SOTTAS
Secretario General de la OMCT
Souhayr BELHASSEN
Presidenta de la FIDH
[1] El 29 de julio de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del Sr. Ismael Uncasia Uncasia debido a las amenazas recibidas por su cargo como Presidente de la ASCATIDAR. Además, en 2004, el Sr. Ismael Uncasia Uncasia denunció ante la Procuraduría los actos de intimidación y tortura sufridos cuando fue detenido por el Batallón Mecanizado Revéis Pizarro con sede en Saravena (Brigada 18).
[2] Las circulares azules emitidas por Interpol ordenan a los países miembros la búsqueda y localización de las personas en curso de investigación.
[3] Ver Llamado Urgente COL 004 / 0311 / OBS 051.
[4] Estos defensores fueron liberados sin cargos en 2010. Ver Llamados Urgentes COL 003 / 0210 / 026, COL 003 / 0210 / 026.1 y COL 003 / 0210 / 026.2