La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifiesta su indignación ante el hecho de que, según la información que le llegó hace dos días, el Fiscal 12 de la Unidad Nacional Antiterrorista, el Sr. Luis Isnardo Barrera, haya ordenado, el día 27 de septiembre del 2007, tras solicitud de la Policía Nacional, la interceptación de los correos electrónicos de unas 100 personas y/o organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, profesores, periodistas, incluyendo en la lista los emails de la FIDH, de la Corporación Colectivo de Abogados ’José Alvear Restrepo’ (CCAJAR) que es una de las organizaciones miembro de la FIDH en Colombia, y de una persona de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Por lo tanto, la FIDH le pregunta al Gobierno Álvaro Uribe Vélez y a la Fiscalía bajo qué motivos se realizaron estas interceptaciones?
Resulta muy paradójico y contradictorio que, unos días después de haber sido ordenada la interceptación de correspondencia electrónica, a principios de octubre del 2007, las mismas autoridades colombianas, incluyendo la Fiscalía General, recibieron a una delegación de la FIDH encabezada por su Presidenta, Souhayr Belhassen. Estos encuentros fueron calificados de avances hacia un diálogo constructivo frente a la permanencia de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.
La FIDH se pregunta si, acaso, tal orden de interceptación no habría sido motivada por la labor que lleva a cabo ante la Corte Penal Internacional y a la cual la FIDH ya ha presentado varias comunicaciones para denunciar los crímenes cometidos por las partes al conflicto en Colombia.
Tal interceptación, además de ser inaceptable, constituye una violación de las obligaciones del Estado colombiano en virtud de instrumentos internacionales y regionales de Derechos Humanos, según las cuales debe respetar la vida privada así como la labor de los defensores de derechos humanos.
Es significativa también de la actitud del Estado que tiene como sospechoso al trabajo llevado a cabo a favor de los derechos humanos no solo por parte de los defensores y de las ONGs colombianas sino también internacionales, e incluso por funcionarios de Naciones Unidas. Además de afectar el trabajo de las ONGs y defensores, tal interceptación pone en mayor peligro a las víctimas y pone de relieve que en Colombia los defensores no tienen garantías para ejercer sus labores.
La FIDH les urge, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Fiscal General de la Nación, a que clarifiquen de inmediato esta situación y a que manifiesten su reconocimiento a la legitimidad de las organizaciones nacionales e internacionales así como a las víctimas que trabajan para la defensa de los derechos humanos.
La Fiscalía debe investigar y sancionar a quienes persiguen, amenazan y atentan contra la vida y la integridad de los defensores. La FIDH toma nota de la destitución del Fiscal de la unidad Antiterrorista pero señala que fue una decisión de la Unidad Nacional Antiterrorista tomada tras solicitud de la Policía Nacional que está sometida al Gobierno nacional.
La FIDH y su organización miembro en Colombia, el CCAJAR, se reservan el derecho de tomar medidas judiciales ante organismos nacionales, regionales e internacionales para esclarecer esta situación.
Muy atentamente,
Souhayr Belhassen