Carta Abierta al Sr.

Carta Abierta al Sr.

Ginebra, París, 7 de junio de 2004

Su excelencia,

El Observatorio para la protección de defensores de derechos humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su extrema preocupación por las declaraciones hechas por usted, señor Presidente, el 27 de mayo de 2004, en el marco de un Consejo de Seguridad realizado en Apartadó, Departamento de Antioquia, respecto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en particular sobre los líderes de la mencionada comunidad y sobre los acompañantes extranjeros de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y demás ONG que los acompañan y apoyan.

Según las informaciones difundidas por la prensa colombiana, usted, señor Presidente, manifestó que ?los directivos de esa comunidad obstruyen la justicia y las labores de la Fiscalía?, y que, según denuncia de la propia Fiscalía, ?cuando este organismo llega a esa comunidad para cualquier diligencia, algunos de sus directivos no permiten declaraciones de los habitantes? y advirtió que si esta situación sigue presentándose, ?las autoridades llevarán a la cárcel a quienes lo hagan?.

Dentro de sus declaraciones, usted, señor Presidente, continuó acusando a los líderes de la mencionada comunidad, diciendo que ?Nosotros estamos dispuestos a apoyar a la Fiscalía con nuestro Ejército y con nuestra Policía, para que la Fiscalía pueda administrar justicia en San José de Apartadó, donde se sigue presentando un corredor de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)?, e insistió en que ?si la autoridad tiene que llevar a la cárcel a alguno de estos directivos por obstrucción de justicia, que los lleve a la cárcel?.

A continuación usted, señor Presidente, recordó a los directivos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que «no pueden pretender que esa, sea una zona excluida de la administración de justicia?, recalcó que ?los extranjeros que estén obstruyendo la administración de justicia en Colombia, no cuentan con inmunidad alguna?, aclaró que ?aquí los colombianos y los extranjeros tenemos que cumplir con la Constitución y las leyes?, advirtiendo que ?si es necesario deportar a quienes no cumplan, así lo hará?.

El Observatorio ve con mucha preocupación estas nuevas declaraciones hechas por usted Sr. Presidente Álvaro Uribe Vélez, contra defensores de derechos humanos y también contra los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a la cual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso, desde el 17 de octubre de 1997, la adopción de medidas cautelares mediante las cuales se conminaba al Estado colombiano a ofrecer las garantías necesarias para evitar la violación de los derechos fundamentales que amparan a los integrantes de la Comunidad de Paz y que fueran afectados gravemente, como venía sucediendo hasta ese momento.

El Observatorio lamenta que, durante el transcurso de estos siete años, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó haya sido víctima de 330 violaciones de los derechos humanos mediante los cuales se ha pretendido atacar este proceso pacífico, disminuyendo su capacidad de acción. Entre los crímenes cometidos contra la Comunidad se cuentan varias masacres, más de 130 homicidios, torturas, desapariciones, violaciones sexuales, amenazas, desplazamientos forzados, saqueos y destrucción de bienes pertenecientes a los campesinos que habitan la zona. Teniendo en cuenta esta situación de vulnerabilidad frente a la violencia, a petición de la comunidad y en una concertación con el Estado se creó una Comisión Especial de Investigación conformada por la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Vicepresidencia y como observadora, la oficina de derechos humanos de la ONU; esta comisión recibió toda la colaboración de la comunidad y para sus investigaciones se aportaron más de 100 testimonios.

Sin embargo, a raíz del bloqueo impuesto en contra de la comunidad y del asesinato de más de 20 personas, en el año 2002, por parte de los paramilitares con el apoyo de miembros del ejército, la comunidad tomó la decisión de no dar más declaraciones, ya que fue testigo de cómo varias de las personas que habían dado testimonio habían sido asesinadas y a pesar del esfuerzo de la comunidad las investigaciones no avanzaban en nada. Al final del año 2002, en reunión con el Sr. Vicepresidente de la República, Francisco Santos, la Comunidad solicitó una evaluación del trabajo hecho por la Comisión Especial de Investigación para analizar el por qué no se había hecho justicia en estas atrocidades cometidas contra la población civil, pero como no se obtuvo ninguna respuesta frente a su solicitud, el 28 de febrero de 2004, habían vuelto a proponer la evaluación en reunión con el Estado.

El Observatorio denuncia con preocupación, ante usted, señor Presidente, que la Comunidad de Paz de San José acaba de sufrir nuevos atropellos. Posteriormente a su discurso, el 2 de junio de 2004, hacia las 6 de la mañana entraron al casco urbano de San José de Apartadó, lugar de vivienda de la Comunidad de Paz, tropas del ejército y de la policía junto con miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Seccional de la Policía Judicial (SIJIN), que son organismos de inteligencia del Estado.

Algunas personas de estos dos organismos hablaron con los representantes de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), que se encontraban haciendo presencia en San José y les pidieron sus documentos. Los representantes de PBI entregaron todos sus documentos en regla pero, a pesar de ello, los citaron para el día siguiente con el fin de llevar a cabo una verificación de sus datos en el DAS de Apartadó.

A continuación, los miembros del DAS y de la SIJIN así como los miembros de la fuerza pública se repartieron por el casco urbano de San José con cámaras filmadoras grabando a los miembros de la comunidad, sus sitios de vivienda y los lugares comunitarios. Preguntaron directamente a las personas de la comunidad, que a esa hora empezaban con sus trabajos diarios, por nombres específicos de líderes, como los Sres. Wilson David Tuberquia y Gildardo Tuberquia, y por sus lugares exactos de vivienda. Preguntaron también cuando se reúne la comunidad y lo que se hace en dichas reuniones, anunciando que ?ahora sí la fuerza pública iba a tomar total control del casco urbano de San José y que iban a poner un puesto de policía en el caserío?.

Mientras tanto, varios de ellos se dirigieron a las pequeñas tiendas que hay en San José y, a pesar de que sus dueños manifestaron que no les venderían por formar parte de un actor armado, irrespetaron esta decisión, les trataron groseramente y con presiones les obligaron a venderles sus productos porque según ellos "así como les venden a la guerrilla, también tienen que vendernos a nosotros".

El Observatorio señala que aunque el operativo se extendió hasta las 8:30 de la mañana, las tropas del ejército permanecen rodeando el casco urbano de San José, creándose una situación de incertidumbre para la comunidad que se encuentra muy preocupada por esta acción del Estado colombiano la cual podría ser una consecuencia directa de las declaraciones que hizo el Sr. Presidente de la República.

El Observatorio teme que la presencia de ejército y policía en medio de las casas y las escuelas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ponga en riesgo a la población civil y en caso de que esa presencia armada se mantenga, los pobladores se vean obligados a retirarse en un nuevo desplazamiento masivo y forzado, perdiendo todo lo que han construido en varios años. Al Observatorio también le preocupa de manera especial que la fuerza pública y los organismos de inteligencia anden indagando por los nombres, viviendas y actividades de los líderes y defensores de la mencionada Comunidad de Paz, comunidad que siempre ha reiterado que mantiene su decisión de no colaborar con ningún actor armado: sean ejército, guerrilla o paramilitares.

El Observatorio, particularmente preocupado, desde hace varios años, por la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, manifiesta su profunda preocupación por la tendencia del Sr. Presidente Uribe Vélez a desacreditar el trabajo de los defensores de los derechos humanos y particularmente a señalarlos como auxiliadores o simpatizantes de la guerrilla, convirtiéndolos así de manera inmediata en blanco directo de las retaliaciones y venganzas de los grupos paramilitares (ver Comunicados de Prensa del 12 de septiembre, del 2 de octubre de 2003 y del 12 de febrero de 2004). 

Su Excelencia,

El Observatorio, seriamente preocupado por su discurso y por la grave situación de los defensores de derechos humanos en Colombia y con el fin de contribuir a mejorar la situación de los mismos, le urge a:

i.tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de los derechos humanos, los líderes y los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como de los miembros de las organizaciones nacionales e internacionales acompañantes como son las Brigadas Internacionales de Paz (PBI);

ii.dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona «individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos» (Art.1) y a la obligación del Estado garantizar «la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración? (Art. 12.2);

iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales y regionales ratificados por Colombia.

Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopte de inmediato las medidas oportunas, muy respetuosamente, nos suscribimos ante usted,

Sidiki KABA Eric SOTAS
Presidente de la FIDH Director de la OMCT

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