Carta Abierta a los diputados del Parlamento europeo

10/02/2004
Comunicado

Paris 10 de Febrero de 2004

Estimada Sra. diputada, Sr. Diputado,

En ocasión de la visita del Presidente de la República de Colombia, Alvaro Uribe Velez al Parlamento europeo, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en este país desean atraer su atención ante la grave situación de derechos humanos en Colombia.

En primer lugar, la FIDH y sus organizaciones miembro en Colombia, se encuentran particularmente preocupadas por la utilización de la violencia contra los defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales, campesinos e indígenas y periodistas. Como consecuencia de su trabajo de denuncia de violaciones de derechos humanos y en favor de la verdad, la reparación y la justicia, los defensores de derechos humanos son particularmente víctimas de la violencia, orientada a disuadirles de continuar con sus actividades.

Esta situación permanente de inseguridad se ha visto agravada en 2003 por la actitud del gobierno de Colombia, y en particular por los discursos pronunciados por el presidente de la República, Alvaro Uribe Velez, el 8 y 11 de septiembre de 2003. En estos discursos, Uribe Velez acusa directamente a los defensores de derechos humanos de ’politiqueros’, de ’traficantes de derechos humanos’ y de ’defensores del terrorismo’ y establece una distinción simplista y arbitraria entre ’buenos y malos’ defensores de derechos humanos. La FIDH acoge con extrema preocupación que el Presidente de la Republica Colombiana utilice el pretexto para la lucha contra el terrorismo para desacreditar a los defensores de derechos humanos creando este tipo de distinciones perniciosas.

La FIDH y sus asociaciones miembro en Colombia se encuentran también particularmente preocupadas por la persistencia del gobierno de Colombia en restringir las libertades y derechos fundamentales, como recientemente con la expedición del Acto legislativo 223 de 2003 sobre el Estatuto Antiterrorista donde se propone de nuevo la atribución de funciones de policía judicial a las fuerzas armadas, así como restricciones a la libre circulación de personas. Dicho Acto legislativo, aprobado por la plenaria del senado el 10 de diciembre de 2003, atribuye funciones de policia judicial a la fuerza pública. Dicho Acto legislativo viola expresamente una de las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En lo que se refiere a la persistencia de la impunidad en Colombia, la FIDH y sus organizaciones miembro en este país rechazan firmemente el proyecto de ley de ’alternatividad penal’, presentado el 21 de agosto de 2003, que favorece con la excarcelación a responsables de crímenes de lesa humanidad integrantes de grupos al margen de la ley, ya se trate de grupos guerrilleros o de grupos paramilitares. Dicha ley debe ser entendida en el marco del proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia y el marco de la firma del Acuerdo de Santa Fé de Ralito, el 15 de julio de 2003, en el que no se incluye una perspectiva de justicia ni ningún tipo de garantía de que los responsables de violaciones graves de derechos humanos serán juzgados y condenados.

En este sentido, la FIDH y sus organizaciones miembro en Colombia insisten sobre la necesidad de iniciar una verdadera política de Paz, que considere las causas estructurales de la violencia en Colombia. De manera inmediata, llamamos a la firma de un Acuerdo Humanitario y de Derechos Humanos entre las partes, que permita la liberación de las personas privadas de libertad por los grupos armados. Dicho Acuerdo debería hacerse sobre la base de los tratados humanitarios suscritos por Colombia.

Considerando la grave situación de derechos humanos en Colombia, la FIDH considera indispensable que se pronuncie en favor de un proyecto de resolución que :

- insista en la necesidad de que el presidente de Colombia rectifique su discurso en lo que se refiere a los defensores de derechos humanos, en conformidad con la Declaración sobre Defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1998. Asimismo, tal y como establece esta declaración, se debe exigir al Estado colombiano que garantice la seguridad y facilite el trabajo de los defensores.

- rechace enérgicamente la posibilidad de impunidad que incluye el proyecto de ley de ’alternatividad penal’.

- condene la Reforma Legislativa de la Constitución mediante el Acto legislativo 223 de 2003, que le abre de nuevo las puertas a una legislación antiterrorista que atenta contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

- solicite a la Comisión europea y al Consejo de la Unión europea que se abstenga de apoyar cualquier mesa de donantes en Colombia, mientras se cumplan con los compromisos básicos en materia de derechos humanos.

- respalde el trabajo de Naciones Unidas en Colombia fortaleciendo la oficina y apoyando sus pronunciamientos, que los informes de la Oficina se presenten a la Asamblea General de la ONU

- solicite a la Comisión de DDHH en Ginebra nombrar un relator especial para Colombia

- solicite la aplicación de la cláusula democrática en los acuerdos de la UE con la Comunidad Andina en Colombia

- apoye los esfuerzos de la ONU para favorecer una salida política negociada al Conflicto armado en Colombia, .

Confiando en su apego por los derechos humanos, muy atentamente,

Sidiki KABA

Presidente de la FIDH

Leer más
communique